Desigual adhesión a la huelga de la CGT argentina
La nueva huelga general declarada por la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina, central única de orientación peronista, se cumplió ayer en todo el país, con mayor adhesión en los grandes centros industriales y sin afectar al comercio en las principales ciudades. Los índices de participación en la huelga -decretada como protesta por la acción policial tras la huelga del pasado viernes- difieren en un 50% según sean difundidos por la CGT o por el Gobierno. El personal jerárquico de las empresas públicas y privadas ocupó sus puestos, pero sólo prestaron servicios de emergencia.
Una bomba explotó en la capital de la provincia de Tucumán, al norte del país, pero no produjo víctimas. La policía recogió algunas denuncias de atentados con piedras, contra autobuses que circularon por la mañana. Los ferrocarriles no funcionaron y tampoco los transportes de media y larga distancia.El conflicto se ha trasladado ahora a las duras acusaciones mutuas entre el radicalismo y los partidos de la oposición. Los funcionarios del Gobierno mantienen su doble discurso desde el viernes, cuando la policía reprimió duramente a lo manifestantes que participaron en el acto convocado por la CGT en la plaza de Mayo. Por un lado, se evita deliberadamente incriminar a los dirigentes sindicales y, por otro -sobre el fondo de imágenes compaginadas por televisión, donde se observa el saqueo de negocios en la zona céntrica de Buenos Aires-, se advierte sobre las consecuencias que tendría para el país un eventual triunfo del peronismo en las próximas elecciones generales.
Medida exagerada
Carlos Menem, el candidato peronista que según las primeras encuestas lleva un 20% de ventaja sobre el radical Eduardo Angeloz, dijo que no le sorprenden esas declaraciones porque "responden a una campaña anunciada en mi contra, ésto ya lo sabíamos. Lo que me preocupa son las consecuencias que puede tener para el país el recurso extremo de provocar nuevamente el enfrentamiento entre las mayorías populares". Los líderes peronistas, a pesar de su apoyo público al paro declarado por la CGT como repudio contra la represión policial el viernes pasado, consideran que la medida ha sido exagerada. Menem se desligó de ella cuando aclaró que era "una decisión de los dirigentes gremiales".El ministro de Trabajo, Ideler Tonelli, en un mensaje al país difundido el domingo por la noche por la cadena nacional de radio y televisión, aseguró que el paro "no reúne los requisitos de legitimidad que exige la Constitución nacional". El Gobierno, según el ministro Tonelli, no declaró ilegal la huelga porque no desea dejarse llevar "a una dinámica de confrontación". A pesar de la seguridad con que el ministro del Interior, Enrique Nosiglia, y el jefe de la Policía Federal, comisario Juan Pirker, anunciaron "ya los tenemos identificados", aún no se sabe con certeza quién y de qué modo provocó los incidentes del viernes entre las fuerzas policiales y los manifestantes en el acto con que se clausuró la huelga general.
Los testimonios periodísticos no oficiales señalan que existía previamente un clima de violencia. La policía cumplió órdenes precisas y reprimió con gran dureza. Se produjeron un centenar de heridos. Los manifestantes detenidos eran ocultados en carros blindados, donde se les apaleaba. En algunos casos, les obligaron a gritar: "Muera Perón" y "Muera la democracia".
La intensa propaganda oficial, apoyada por los periódicos más importantes, aisló a los dirigentes sindicales. Saúl Ubaldini, secretario general de la CGT, no tiene margen ya para negociar, luego de cumpida la huelga, y es posible que sea obligado a renunciar, junto con el actual consejo directivo, antes de noviembre, cuando el peronismo inicie su campaña electoral.
Crisis económica
La crisis económica que padece el país no deja espacio para la lucha política. El Gobierno, que ha jugado su última carta con el llamado plan primavera, necesita de una relativa paz social en la que pueda recomponer su deteriorada imagen. Por su parte los dirigentes políticos del peronismo saben que, mas allá de la injusticia y la miseria que invocan los líderes sindicales, su partido debe empeñarse en ahuyentar los fantasmas de un pasado violento. Ambos, radicales y peronistas, conocen además los riesgos que todavía acechan a la transición democrática. Es por eso que durante todo el fin de semana los principales dirigentes se han mantenido en permanente contacto telefónico.Los heridos del viernes se recuperan, los agravios se reparan y la sociedad retorna su tarea a partir de hoy. Pero la situación social sigue mostrando estos datos: 1.000.000 de desocupados, 6.200.000 analfabetos funcionales, inflación superior al 25% mensual y corrupción en la Administración pública. Más una deuda externa que supera ya los 56.000 millones de dólares y a la que deben agregarse otros 100 millones, los que el país ha perdido a consecuencia de las huelgas del viernes y de ayer.
