El cabo de la madeja

El juicio por la desaparición de Santiago Corella, el Nani, que el tribunal sentenció ayer, es el primero concluido de una serie de causas en las que aparecen presuntamente implicados un grupo de policías cuyos nombres han sido, en los últimos tiempos, reiteradamente reflejados en la Prensa y en diversos sumarios judiciales por una serie de actuaciones cuando menos dudosas. La mayoría de estos agentes estuvieron adscritos, en los primeros años de esta década, a la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid. El fallo del caso el Nani marcará sin duda, según las impresiones de numerosas fuentes jurídicas, el desarrollo de las demás causas.

El próximo 7 de noviembre, la Audiencia Provincial de Santander comenzará a juzgar el caso de la denominada mafia policial, una expresión que hizo fortuna a raíz de las declaraciones judiciales y periodísticas del joyero y confidente santanderino Federico Venero. El joyero -llamado indistintamente "el relojero" y ese traidor", entre otros epítetos menos publicables, por los procesados del Nani y sus allegados- denunció la implicación de una serie de agentes en un cúmulo de delitos que iban desde el robo hasta el asesinato.Venero será una de las siete personas que desde ese día de noviembre se sentarán en el banquillo santanderino. Junto a él estarán el comisario Francisco Javier Fernández Álvarez y los inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo, Adelardo Rafael Martínez García, Miguel Ángel Bercianos Torres y Antonio Caro Fontanillo. El séptimo procesado es el herrero Salvador Fernández.

Fernández Álvarez y Gutiérrez Lobo fueron condenados ayer por el tribunal del caso. Los otros tres agentes, viejos conocidos de los anteriores, aparecen varias veces nombrados en el sumario del Nani, en cuya vista oral Bercianos y Caro declararon como testigos. Martínez García debía prestar testimonio, pero las defensas renunciaron a su declaración. Los tres se han desplazado numerosas veces a la Audiencia para visitar a sus compañeros.

En Santander, Bercianos se enfrenta a una acusación del fiscal por tráfico de drogas, y los demás a las de tenencia ilícita de armas y prevaricación. (Venero está acusado por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas y el herrero Fernández sólo de este último delito). Todos los defensores piden la absolución.

El comisario Fernández Álvarez y el inspector Martínez García se cruzan también en el sumario, actualmente en instrucción por la Audiencia Provincial, por la muerte de tres delincuentes que atracaron un taller de joyería en la madrileña calle de Atocha el 18 de junio de 1984.

La Fiscalía del Estado acusa de asesinato a siete agentes por estas muertes. Además de los dos ya citados, las acusaciones recaen sobre los inspectores José María Pérez Gutiérrez, Jaime Ignacio Cabezas de Herrera, Francisco Aguilar González, Isabel Vicente Jiménez y José María Montero Ortega. El tribunal del caso el Nani absolvió ayer a Pérez Gutiérrez, mientras que Aguilar ha sido condenado. Según el juez que instruyó el caso y elevó sus actuaciones a la Audiencia, los policías que dispararon contra los tres atracadores fueron Fernández Álvarez, Pérez Gutiérrez y Cabezas de Herrera. Las acusaciones del caso el Nani pidieron el procesamiento de este último, petición que finalmente desechó el tribunal.

Todos estos policías son también para el fiscal responsables de un delito de malversación de caudales públicos, por existir sospechas de que se quedaron con parte del botín del robo.

Vilariño

La Sección séptima de la misma Audiencia Provincial entendió recientemente de la muerte del

delincuente Antonio Vilariño Sanz, tiroteado en Madrid el 6 de octubre de 1983. El tribunal dictó auto de procesamiento por este caso contra el inspector Pérez Gutiérrez, actualmente en libertad bajo fianza en esta causa. La Asociación contra la Tortura, personada como acusación popular, presentó querella criminal por asesinato contra el citado agente y otros siete miembros de la brigada, entre ellos Aguilar, Martínez García y Cabezas de Herrera. Los cuatro restantes comparecieron como testigos en el juicio por la desaparición de Corella.

Adelardo Rafael Martínez García pasó 43 días en la cárcel de Logroño tras un auto del juez Luis Lerga por su supuesta implicación en el superatraco a una sucursal del Banesto en Madrid en enero de 1985 y en el que se obtuvo un botín próximo a los 1.200 millones de pesetas. Lerga pidió el procesamiento del indicado agente y del inspector Gutiérrez Lobo, pero la Audiencia rechazó en su día ambos procesamientos

Recientemente, la familia del delincuente Juan José González Luengo, fallecido por disparos de agentes de la brigada en Madrid en diciembre de 1984, anunciaron una querella contra los policías por esa muerte, en la que aparece implicado el hasta ayer comisario Fernández Álvarez.