Respuesta equívoca

EL GOBIERNO de Navarra ha invitado a los partidos de esa comunidad a concertar un programa orientado a "aislar política y socialmente a quienes, defendiendo o justificando los crímenes terroristas, pretenden legitimar la violencia. como instrumento de acción política". El presidente de ese Gobierno, Gabriel Urralburu, había lanzado días antes la consigna de acosar a los miembros de Herri Batasuna (HB), sin renunciar a "insultarlos e increparlos si fuera necesario". Los partidos nacionalistas vascos con presencia institucional en Navarra se han mostrado entre reticentes y abiertamente contrarios a la iniciativa, mientras que los partidos no nacionalistas se han pronunciado a favor. La portavoz del Gobierno, Rosa Conde, ha manifestado que el Ejecutivo no estaba por propiciar el aislamiento social de HB, mientras que el vicelehendakari, Ramón Jáuregui, ha considerado que el acoso social puede ser, aplicado con inteligencia, una medida útil contra el terrorismo. Por su parte, el presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha insinuado que tal vez a quien habría que aislar en primer lugar sería a Urralburu.A juzgar por los resultados, la iniciativa del presidente navarro no ha resultado muy brillante. Por una parte, ha dividido a las fuerzas democráticas, desorientando grandemente a la población. Por otra, los destinatarios teóricos de esos "insultos e increpaciones", maestros consumados en el arte de la simulación, han podido presentarse como víctimas de una conspiración exterior, neutralizando parcialmente el efecto producido por su negativa a condenar los últimos atentados criminales producidos en Navarra. Pero si la iniciativa ha sido torpe -o al menos torpemente planteada-, ello no significa que no exista un problema específico en relación a la necesidad de hacer frente a ese ventajismo de los que tratan de imponerse por la fuerza. Porque una cosa son las divergencias políticas que puedan existir entre dos fuerzas políticas cualesquiera y otra es la consideración moral que merecen quienes, por ejemplo, trataron de impedir la instalación, primero, y de incendiar, después, la barraca de las Juventudes Socialistas en las fiestas de Pamplona. Pretender que, en aras de la convivencia, los agredidos hayan de conformarse con la voluntad de los incendiarios, aceptándola con una sonrisa en los labios, es más de lo que se puede pedir. Y resulta además suicida para el régimen de libertades.

Y ello porque, para los violentos, la creación de un clima de escisión social, de incomunicación entre comunidades o grupos sociales, incluso de abierto enfrentamiento civil, es, antes que un riesgo, una hipótesis de trabajo, integrable sin dificultad en su estrategia. Para los demócratas, por el contrario, la primera prioridad consiste en evitar que tal hipótesis llegue a plasmarse en la práctica. En el caso de ETA, la creación de un clima de amedrentamiento social, de temor difuso, ocupa un lugar central en su estrategia. Crear un remedo de zonas liberadas -es decir, de poblaciones en las que "el movimiento de liberación controla de hecho la calle"- es un objetivo permanente de los violentos. La existencia del terrorismo directo, como horizonte siempre amenazante, es imprescindible para la plasmación de esa estrategia; pero ella se realiza a través no de los activistas armados, sino de los grupos civiles de acoso que imponen su ley, la ley del silencio y de la fuerza, en las fiestas o en la calle.

Quienes de esa forma tratan de imponerse no pueden ser simplemente considerados como unos adversarios políticos más, unos nobles rivales ideológicos, entre otros. Y hay que hacérselo saber. Desde la unidad de las fuerzas opuestas a esos métodos y con la contundencia que sea precisa, pero sin pretender institucionalizar un aislamiento que no es conveniente y que además resulta imposible. Porque de lo que se trata es, justamente, de aislar a los terroristas de la base civil que les da cobertura, y no a ésta del conjunto de la sociedad.