El derecho de las mujeres al trabajo

Las secretarías de la mujer de Comisiones Obreras hemos desarrollado durante el último año una amplia campaña por el derecho individual al empleo, dentro de la cual llamábamos a las mujeres a inscribirse como demandantes en las oficinas de empleo como primer paso para reivindicar ser tenidas en cuenta en la elaboración de una política de empleo que garantice ese derecho individual. Y podemos decir que este llamamiento ha tenido su reflejo en el incremento de mujeres registradas como paradas, que ya recientemente ha superado en cifras netas el número de hombres parados.Sin embargo, nuestra campaña perseguía también otros dos objetivos básicos, sin los cuales el derecho de las mujeres al empleo se encuentra sensiblemente limitado. Estos dos objetivos son: derogar las normas proteccionistas en vigor que, hoy por hoy, sirven para impedir el acceso de las mujeres a ciertos trabajos, y la defensa de una ley que proteja el único período en el que las mujeres sí necesitan un, tratamiento laboral especial, esto es, durante la gestación y el parto.

En cuanto al primer objetivo, en diciembre pasado la comisión de justicia del Parlamento, a instancia del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que se hizo portavoz de una propuesta de la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras, reconoció unánimemente que las normas proteccionistas nacionales debían ser revisadas, e instó al Gobierno a su derogación. Sin embargo, y a pesar de sus promesas públicas, la intencionalidad del Gobierno, que nos fue expuesta recientemente por el director general de Trabajo, señor Navarro, es la de proceder a la derogación en el marco de la futura ley de protección de la salud y condiciones de trabajo, ley que está aún en fase de borrador interno del Ejecutivo y que, por tanto, tardará bastante en ver la luz.

Y tampoco entra, al parecer, en los planes del Ejecutivo llevar a efecto la denuncia del artículo 8.b de la Carta Social Europea sobre prohibición de trabajo subterráneo de las mujeres, denuncia que, de no plantearse antes de enero de 1989, ya no podría hacerse hasta dos años después, y esta falta de interés es debida a que el señor González y su Gobierno, que con frecuencia alardean de modernidad y de estar a la cabeza de Europa en ciertas medidas, no desean ver empañado su período de presidencia de la Comunidad Europea con el abanderamiento de una reivindicación feminista, por más que ésta se encuentre recogida en su propio plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres (1988-1990).

En cuanto a la protección de la salud de las mujeres gestantes en el ámbito laboral, el Gobierno también remite su regulación al marco de la ley de protección de la salud y condiciones de trabajo, que, como ya hemos indicado, se encuentra en fase muy primaria de elaboración.

Tareas pendientes

Como se ve, aún nos queda mucho por hacer hasta conseguir estos dos objetivos de nuestra campaña, pero además de ellos y de la evidente necesidad de promulgar una ley general de protección a la salud de los trabajadores y trabajadoras existen otros aspectos que se deberían igualmente regular. Nos referimos al reparto de las responsabilidades familiares.

Los hijos son un bien social sin el cual la humanidad se extinguiría, por lo que creemos firmemente que esta responsabilidad no debe adjudicársele en exclusiva a la mujer, convirtiéndose en una penalización laboral y social para ella. De ello se deriva la propuesta hecha por la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras de la necesidad de una ley de maternidad que contemple:

- Control riguroso, por parte de los comités de seguridad e higiene, de las condiciones de trabajo y el establecimiento del derecho de las mujeres a cambiar de puesto de trabajo durante el embarazo, si hay riesgo para la madre y/o el feto. Inclusión en los reconocimientos médicos periódicos realizados por las empresas del reconocimiento ginecológico a la mujer como forma de controlar y evitar futuras enfermedades y problemas.

- La asistencia pre y posparto debe tener un sentido más amplio (incluida gimnasia de preparación), concediéndose como permiso pagado. Asimismo tendría que darse permiso por el tiempo necesario para la consecución del embarazo utilizando las nuevas técnicas de fecundación. Estos períodos no podrían computarse como período de absentismo.

- La necesidad de reconocer el período de lactancia como tiempo para el cuidado del recién nacido, al que puedan tener derecho tanto el padre como la madre, naturales o adoptivos. Establecimiento de un cupo anual de horas pagadas, indistintamente por el padre o la madre, para atender enfermedades de hijos menores. Estos permisos tampoco podrían ser contabilizados como absentismo.

- Derecho al reingreso automático tras las excedencias por maternidad/paternidad.

- Necesidad de creación de una red de ayuda a domicilio que atienda a los niños enfermos y ampliación de escuelas infantiles subvencionadas por la Administración.

- Igualdad de trato a las madres/padres adoptivos que a los naturales en cuanto a permisos, excedencias, etcétera.

- Percepción del ciento por ciento del salario en el período de baja maternal.

Como se puede apreciar, algunos de estos aspectos han sido recogidos en el proyecto de ley que el Gobierno hizo el pasado 30 de junio: éste lleva a partir de ahora el trámite parlamentario de enmiendas y debates y, previsiblemente, si todo sigue un ritmo normal, para últimos del presente año o principios del próximo será ley.

Condiciones de trabajo

Las mujeres de Comisiones Obreras creemos que el proyecto del Gobierno no es suficiente, pues, sin una idea global de todos los aspectos antes mencionados, la maternidad seguirá siendo un claro factor de desigualdad para las mujeres.

De las dos medidas contempladas por el Gobierno, la ampliación a 16 semanas del período de baja maternal y la reserva del puesto de trabajo tras la excedencia de un año por maternidad/paternidad, con ser importantes, sobre todo la segunda, dejan en el tintero aspectos por los que muchas mujeres han tenido que optar entre ser madres o seguir conservando su puesto de trabajo.

A modo de conclusión, creemos importante insistir en lo siguiente: las condiciones de trabajo deben ser mejoradas para hombres y mujeres, por lo que no es comprensible que sigan manteniéndose leyes y normas proteccionistas de marcado carácter discriminatorio. Urge, por consiguiente, la derogación de tales normas.

Es necesario introducir el concepto de opcionalidad para la madre y el padre en los permisos, licencias, etcétera, como forma de ir cambiando la mentalidad tradicional que adjudica las responsabilidades familiares a las mujeres.

Por último, manifestar que, sin ser prioritaria para nosotras la ampliación de dos semanas más en el período de baja maternal, y sí otros aspectos que el proyecto de ley del Gobierno no recoge y que antes señalábamos, querría decir al respecto que esta ampliación no debería suponer la no contratación de mujeres por los efectos más costosos que producirían tales medidas, ya que los costes de la baja maternal son asumidos en su totalidad por la Seguridad Social, y el coste para los empresarios es nulo.

Me gustaría insistir en que la mayoría de los países europeos de nuestro entorno poseen derechos más amplios en esta materia, muchos de ellos conseguidos tras arduas luchas de las mujeres, pero otros han sido adoptados por los Gobiernos para animar a las mujeres a la maternidad ante la caída de los índices de natalidad.

En España no hemos llegado aún a esa situación. Nos gustaría no tener que esperar a que esto ocurra para conseguir mejoras que son inaplazables.