¿Giro social o vista a la derecha?

Tras analizar en la primera parte de esta serie los escasos logros en materia sociolaboral del Gobierno, el autor expone su punto de vista respecto a la concertación social, polarizada entre la apología triunfal de la política económica desde el Gobierno y el PSOE, y las acusaciones sindicales de regresión social.

A priori, parecía que este año había más posibilidades de alcanzar acuerdos en las mesas sectoriales. Las encuestas y sondeos electorales indicaban un desgaste considerable del PSOE por una constelación de causas, entre las que destacaban algunos clamorosos pecados de soberbia oficial (Mystère) y la política socioeconómica, y la conflictividad social que genera impulsada fuertemente en los dos últimos años por la unidad de acción entre los sindicatos. Mientras, se acercaban las citas electorales del año próximo y la presidencia de la Comunidad Europea.Por otro lado estamos en una coyuntura económica más favorable y han aumentado considerablemente los recursos económicos: en 1987 los ingresos extraordinarios del Estado alcanzaron casi un billón de pesetas, sumando los ingresos fiscales no previstos (660.000 millones), el superávit del Inem (168.000 millones) y el aumento de cuotas de la Seguridad Social. Estos recursos se utilizaron en reducir el déficit público en más de dos puntos hasta alcanzar el 3,6%. Para finales de 1988 el déficit se situará en torno al 3%. Socialmente no es muy presentable que con la situación de paro y de desprotección social existente, el Gobierno pueda presumir de tener uno de los déficit más bajos de Europa.

Así las cosas (movilización social, desgaste electoral del PSOE, recursos suficientes ... ) era racionalmente deducible la necesidad del Gobierno de dar un cierto giro a su política para eliminar tensiones sociales, restablecer puentes con los sindicatos y, en definitiva, intentar recuperar legitimidad, crédito social e intención de voto perdido.

Pero no parece que las cosas vayan por ahí. A tenor de los resultados de las mesas de negociación (?) abiertas en el mes de julio, la situación es de bloqueo, empantanamiento y de diferencias abismales entre los sindicatos y el Gobierno.

Lo cierto es que las posiciones del Gobierno en las distintas mesas tienen una gran coherenciainterna, presidida por la filosofía de la flexibilidad y la desregulación del mercado de trabajo y por dos objetivos fundamentales: evitar que aflore e lparo embalsado y reducir estadísticamente el paro registrado en la actualidad.

El paro potencial

El paro embalsado, potencialmente existente, es de 5,6 millones de personas, según distintos expertos (Michel Boyer, EL PAÍS, 21 de junio de 1988 y otros), y como ha llegado a reconocer el propio Ministerio de Trabajo en el transcurso de las conversaciones. Se explica como consecuencia de la baja tasa de actividad de España en relación a otros países industrializados de nuestro entorno, y de ello es muestra evidente la pequeña incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Tal es el pánico del Gobierno ante este hecho -que mide, querámoslo o no, el grado de modernización económica y social de un país-, que está dispuesto a dejar sin ningún tipo de protección al desempleo a numerosos colectivos de parados, que se hallan ya en estado de gran necesidad (parados de larga duración -61 %, según criterios CE-, con responsabilidades familiares y mayores de edad, que no han tenido la suerte de haber tenido prestación anteriormente y una cotización superior a cuatro años).

De ahí que en materia de cobertura destaca el carácter miserable y cicatero de la propuesta del Gobierno: estimación que no compromiso- de ampliar a 200.250 nuevos perceptores de la prestación asistencial, la mayoría a través de una repesca transitoria de seis meses a razón de 33.000 pesetas / mes. Viene a suponer, anualiz ad am ente, unos 100.000 protegidos más, lo que equivale a muy pocos puntos de aumento de la tasa de cobertura y al incumplimiento del compromiso del 48% adquirido por el Gobierno. El coste de la propuesta del Gobierno es del orden de la cuarta parte del superávit del Inem. por cuotas de 1987.

La obsesión por la reducción estadística del paro registrado lleva a intentar suprimir la obligatoriedad del registro de los demandantes de empleo en el Inem, bajo el eufemismo de la "simplificación de trámites"; a no reconocer el derecho a la protección a los parados de larga duración, para disuadir su inscripción, y a sacar fuera del Inem los llamados "contratos de inserción" para los jóvenes del Plan de Empleo Juvenil del PSOE.

Lo anterior, unido al talante no negociador del Gobierno, a la tendencia a la privatización de los servicios públicos de empleo, dando carta de naturaleza a las empresas de selección, y al no reconocimiento del derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, con lo que significa de actitud antisindical del Gobierno y de apuesta por el corporativismo, ofrece un balance pesimista de las mesas.

Las perspectivas para septiembre no parecen mejores, ya que, de hacer caso a ministros y dirigentes del PSOE, en la llamada mesa del empleo acabará aterrizando el Plan de Empleo Juvenil del PSOE, auténtica bestia parda para los jóvenes, los parados, los trabajadores en activo y para los propios sindicatos. No es para menos. Los llamados "contratos de inserción" para jóvenes diseñados por el PSOE, insisten en la precarización y en la sobreexplotación de los jóvenes, son una auténtica invitación al despido de los trabajadores fijos (Solchaga insiste en el abaratamiento del despido, desgraciadamente libre en España, para que se produzca lo que los técnicos llaman el "efecto sustitución"), sería un atentado al derecho a la negociación colectiva y convertiría a la juventud en una generación cuasi esclavizada.

Acuerdos imposibles

El coste de dichos contratos sería para el Estado de 768.000 pe,setas anuales, y para los empresarios de 3.140 pesetas al mes, una vez deducidas las subvenciones a tanto alzado, las cuotas a la Seguridad Social y las exenciones fiscales. No es extraño que la CEOE muestre una adhesión inquebrantable ante tal regalo.

Pero ¿por qué el Gobierno va con unas posiciones a la negociación que hacen prácticamente imposible el concluir acuerdos con los sindicatos? En primer lugar, más allá de las guirnaldas, floreros y guindas, es evidente que quien ha salido fortalecido del cambio del Gobierno ha sido Solchaga y las tesis neoliberales que representa. En segundo lugar, hay otro elemento, a veces no valorado suficientemente por los sindicatos, y que en estos momentos se convierte en determinante: las últimas encuestas de opinión vuelven a reflejar una recuperación del voto PSOE.

Por ello, mientras que parados, pensionistas, jóvenes y trabajadores en general sigan votando o manifestarido su intención de hacerlo, el Gobierno no cambiará su política socioeconó-. mica y seguirá dejando a la derecha sin programa.

La concertación social puede fracasar otra vez este año y con ello el modelo de negociaciones parciales defendido por los sindicatos. Aparte de la pérdida de credibilidad social de la concertación a la que se le podría aplicar el refrán de "tanto va el cántaro a la fuente...", el problema está en que un fra ' caso de las mesas de negociación no impide per se el carácter negativo de la política económica, ya que el Gobierno optaría por la utilización del BOE y por la imposición unilateral de sus propuestas.

Por ello, los sindicatos estamos obligados a una reflexión en profundidad sobre lo que está sucediendo y a extraer las únicas conclusiones lógicas posibles: si no hay negociación, ni giro social o cambio de política económica, hay que reforzar la unidad sindical y organizar la movilización (el Plan de Empleo Juvenil del PSOE, de llevarse a término, se merece una respuesta tan contundente como la ley de Recorte de Pensiones de 1985).

Esperemos que el Gobierno medite, reflexione y cambie. En caso contrario, se tendrá que volver a demostrar, históricamente, que la movilización de los trabajadores es un motor de cambio fundamental. Si no hubiera sido por ella, estaríamos los trabajadores como al principio de la revolución industrial. Sin ella podemos retroceder hacia el pasado, en vez de avanzar hacia un futuro de pleno empleo y de plena protección social.