El debate de la droga

A LAS RAZONES que suelen esgrimirse para acallar todo intento de debate abierto sobre la legalización del consumo de drogas, el ministro de Sanidad y Consumo, Julián García Vargas, acaba de añadir una hasta ahora desconocida: la pretendida inmoralidad de esa eventual legalización. A tan atrevido argumento -expuesto en un simposio científico sobre drogas y sociedad celebrado en Santander- ha añadido el ministro otra perla de parecido calibre: si se quiere impedir la entrada de drogas en las prisiones, ha venido a decir García Vargas, hay que asumir como inevitable una limitación de los derechos legales de presos y funcionarios. Tal alternativa tiene todos los visos de un chantaje, por el que se pretende colocar a la sociedad española ante la necesidad de optar entre dos males. La eventual legalización de la droga es, sin duda, una cuestión compleja y llena de riesgos. Tanto los partidarios como los enemigos de esta medida cuentan con poderosos argumentos. Pero es una cuestión claramente política, de opciones legales, penales, sanitarias y educativas. Mezclarla con la moral es cuando menos añadir un elemento de confusión a un debate ya de por sí conceptualmente complicado. Lo que no plantea dudas es la inmoralidad de la situación actual: el duro rechazo, legal y político, de los Gobiernos al consumo de drogas, que se compagina en la realidad con el desarrollo, por impotencia, corrupción o connivencia, de un gigantesco comercio a nivel mundial que soprepasa anualmente los 300.000 millones de dólares -unos 38 billones de pesetas-, y que expande a su alrededor la degradación y la muerte entre millones de personas.No hay motivos, a juicio del ministro de Sanidad y Consumo, para estar satisfechos de esta situación. Pero ello es un motivo más para cuestionar el empecinamiento de los Gobiernos en mantener una política enfáticamente prohibicionista, pero absolutamente incapaz en la práctica de impedir el comercio de estas sustancias peligrosas en condiciones que producen su carestía y manipulación. Lo cual genera en su torno una ola de criminalidad y un reguero de muerte, como sucede ahora mismo a causa del elevado grado de pureza de ciertas partidas de heroína que llegan hasta los adictos a esta droga.

Esta flagrante e inmoral contradicción entre lo que se predica y lo que se hace o se puede hacer en el terreno de las drogas es especialmente patente en el mundo carcelario. Y para resolverla, el ministro de Sanidad y Consumo no duda en proponer el sacrificio de los derechos legales de los presos y funcionarios. Como si el trasiego de la droga en el interior de las cárceles fuera propiciado por el respeto de estos derechos y no por la impotencia del Gobierno en ejecutar su propia política de represión a ultranza del fenómeno de la droga. En todo caso, en vez de intentar resolver la cuestión llevándose por delante los derechos de la parte más débil e indefensa, lo cual sería ilegal, existen medidas perfectamente legales y cuyo estricto cumplimiento no tiene por qué suponer vejación para las personas. Por ejemplo, una mayor vigilancia funcionarial -actualmente deficiente- y electrónica -inexistente- sobre las personas y objetos que entran en las cárceles y la sustitución del dinero de curso legal por otro convencional, válido para adquirir los productos autorizados en el interior de las cárceles, pero inservible para el comercio de la droga.

Las lamentables manifestaciones de García Vargas muestran las contradicciones de una política sobre la droga al mismo tiempo pretenciosa y en gran medida inoperante. Por más agravantes jurídico-penales que caigan sobre el negocio de la droga, éste no decaerá mientras sea tan rentable como ahora y la demanda siga disparada. En todo caso, el Gobierno español no debería dar por cerrado el debate sobre la forma de control y de la legalización o no del consumo de drogas. Por el contrario, debería tener el coraje, con toda la prudencia que hiciera falta, de ser el impulsor de este debate en los organismos internacionales obligados a plantearse la cuestión como uno de los pilares del futuro de la salud pública.