El Gobierno en el país de las maravillas

En junio de 1987 el PSOE recibió un varapalo electoral y empezó a hablar de un "ajuste fino" de su política económica. El autor afirma que, fracasada la concertación por la concepción instrumentalizadora del Gobierno, se ha desembocado en un triunfalismo oficial sobre la situación socioeconómica. Sólo aplicando el dicho de que "una estadística torturada convenientemente acaba por confesarlo todo", se puede descubrir el país de las maravillas descrito por el Gobierno y el PSOE.

Es evidente que ha habido avances en algunas magnitudes macroeconómicas: crecimiento del PIB, contención de la inflación, del déficit público y mejora de la balanza de pagos. No obstante, el actual modelo de crecimiento económico es profundamente dependiente, especulativo y desequilibrado, y reproduce algunos de los rasgos históricos del modelo desarrollista: excesiva dependencia energética, tecnológica, financiera e industrial; escasa capacidad para generar empleo; aumento del crónico déficit de la balanza comercial; fuerte proceso especulativo que lleva a la afirmación tan clamorosa de que "España es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo de toda Europa y casi de todo el mundo" (Solchaga dixit); redistribución socialmente injusta de la riqueza y versión autóctona del Estado liberal intervencionista, devolviendo a la elite económica más de lo que ésta aporta a los ingresos públicos; existencia de una deuda pública disparada y no resolución de los problemas estructurales de la economía española.En resumen: el cacareado nuevo milagro español tiene una estructura económica más frágil de lo que dice el optimismo oficial, y los pies de barro.

Pero para saber si en España, a nivel general, se vive mejor, es necesario analizar el cuadro macrosocial que tenemos y su evolución en los últimos cinco años.

El dato más relevante es que durante 1987 se superan los tres millones de parados por los dos sistemas estadísticos: la encuesta de población activa y el paro registrado. En diciembre hay 3.023.000 parados registrados; como en 1982 había 1.872.500 parados, durante el Gobierno del PSOE se incrementa el paro en 1.151.600 personas. Esto es: 630 parados más cada día de los últimos cinco años. Por tanto, al margen de polémicas sobre cuánto está creciendo el empleo en los dos últimos años, hay un hecho incontestable: tres millones de parados es el gran fracaso del Gobierno del PSOE.

Conviene recordar que con ayuda de la reforma estadística del paro registrado de 1985 se excluye hoy a 868.200 personas. Con la encuesta de población activa también se ha recurrido a criterios tan discutibles como considerar no parada a aquella persona que haya trabajado una hora en la última semana. A pesar de todo el maquillaje estadístico, España, con una tasa de actividad nueve puntos inferior a la europea, tiene doble tasa de paro (21%) que la media de la CE ( l0 %).

Durante el período 1982-1987 se han producido 1.669.600 despidos, a un ritmo superior a los 300.000 anuales. Es significativo el aumento del número de trabajadores afectados en expedientes de regulación de empleo, no pactados, que han sido aprobados por la autoridad laboral. Pasa de ser un 19,2%. en 1984 a un 36,6% en 1987. Indica una política de mayor manga ancha tras la campaña patronal en favor del despido más fácil, con motivo del artículo 17 del AES.

En cuanto a la reconversión industrial, la existencia de 72.000 despidos habla por sí sola del brutal ajuste de plantillas y de la capacidad productiva instalada sin que se haya definido una política industrial y tecnológica, y con un fracaso rotundo de la reindustrialización y un coste de más de dos billones de pesetas.

Paraíso del empleo temporal

La reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 es un salto cualitativo en la flexibilidad de la legislación y supone la generalización de la precariedad del empleo. España se convierte en un paraíso de la contratación temporal, que más que crear empleo ha producido un fuerte efecto de sustitución de las plantillas estables. Así, de los nuevos contratos de trabajo registrados por el Inem en 1987 sólo fueron de carácter indefinido el 5,3%, creciendo vertiginosamente el porcentaje de los trabajadores con contrato precarío, estimándose actualmente en el 21,3% sobre el total de las plantillas.Esta precarización y fragmentación del mercado de trabajo está dinamitando el modelo de relaciones laborales surgido en la transición democrática. Sus efectos son negativos: aumento del poder empresarial, creación de una psicología del eventual que genera mecanismos de sumisión y la agresión directa a la base potencial de los sindicatos.

Durante el período 1983-1986 se produce un ajuste salarial muy duro, reduciéndose los salarios en seis puntos. En cuatro años hay más pérdida de poder adquisitivo que con todos los Gobiernos de UCD anteriores. Sólo en 1987 y 1988 se produce una mejora real del poder adquisitivo de los salarios pactados en convenio gracias a la acción de los sindicatos y muy a pesar del Gobierno y de los empresarios.

Por la ausencia de cláusula de revisión, la pérdida del salario mínimo interprofesional es aún mayor. Confirmado lo anterior, se produce una fuerte caída de la participación de las remuneraciones de los asalariados en el PIB y su superación por el excedente bruto de explotación desde 1985. Esta situación, que no se vivía desde hace 18 años, es el resultado de la política económica aplicada, que ha tenido su primer objetivo en la recomposición de la tasa de ganancia del capital. Así, las rentas empresariales fiscalmente declaradas han aumentado un 42% en 1986, y la rentabilidad, un 13,5%; según la central de balances del Banco de España, la banca ha obtenido 730.000 millones de beneficios en los últimos tres años, habiendo cerrado el ejercicio de 1987 con más de un 30% de aumento, y lleva camino de mejorar resultados en 1985, superando los 100.000 millones de pesetas los beneficios del primer trimestre.

La situación de las rentas salariales se ha visto gravada además por el aumento de la presión fiscal y la renuncia a una política fiscal más progresista. La protección por desempleo se sitúa en una cifra exigua, como el 29%, casi 20 puntos por debajo de lo comprometido en su día por el Gobierno, dándose la sangrante paradoja de que mientras 2.200.000 parados no reciben ninguna prestación económica, el Inem cerró el ejercicio de 1987 con 168.000 millones de superávit en el sistema de prestaciones contributivas.

Las pensiones son en un 80% inferiores al salario mínimo y han perdido nueve puntos de poder adquisitivo en los últimos cinco años. La Ley 26/1985, de recorte de pensiones, según datos del director de la Seguridad Social, ha supuesto una reducción del 21% de la cuantía media de las pensiones de jubilación y ha disminuido el ritmo de incorporación de nuevos pensionistas del sistema contributivo, consecuencia del endurecimiento de los requisitos. Con la ley de Sanidad, promulgada sin ningún consenso social, se ha renunciado a la mejora del sistema sanitario y a la creación de un servicio nacional de salud y, en definitiva, a la equiparación en nivel asistencial a la CE.

Desmantelar el marco laboral

El propio conflicto de la enseñanza pública es un exponente de la degradación del sistema educativo. Se gasta poco, un 3,4% del PIB, frente a un 6% en la CE, y se reparte mal el gasto. La reforma está paralizada, el fracaso escolar es alto.La siniestralidad laboral, que es uno de los indicadores más claros de regresión social, ha aumentado en un 23% los accidentes mortales el quinquenio 1982-1987 sobre el quinquenio anterior. Se ha producido también un importante aumento y generalización de la economía sumergida como prolongación de la economía oficial. Se estima en tres millones los trabajadores irregulares.

Se puede concluir que las políticas neoliberales buscan un primer efecto fundamental: el desmantelamiento progresivo del marco laboral existente. De este modo se frenan, e incluso se recortan, las conquistas de los trabajadores. Además, la nueva ofensiva del capital se sitúa en dos ejes: por un lado, unas relaciones laborales que permiten una utilización diversificada y flexible de la mano de obra; por otro, la tendencia a la individualización de la relación laboral, la agudizacion de la inseguridad y la fragmentación de los trabajadores como clase y un dualismo social cada vez mayor.

Hoy, en el umbral del siglo XXI, con este revival del liberalismo, muchos millones de personas vuelven a no saber cuándo encontrarán empleo ni cuánto va a durar su trabajo, si tendrán derecho a las prestaciones por desempleo o a la pensión, al estar trabajando en la economía irregular. Otra forma terrible de inseguridad es el abaratamiento del despido, ya libre en España.

Además de la inseguridad, la otra cara de la política económica neoliberal ha sido el aumento de las desigualdades sociales. A la cifra ya conocida de Caritas de que existen ocho millones de pobres, cuatro de ellos en absoluta penuria, hay que añadir la investigación del Gabinete de Estudios del Banco de Bilbao, según la cual hay más de 10 millones de pobres.

La distancia entre unos y otros es la que hay entre la opulencia y la marginación y que la sociedad burguesa siempre ha justificado teóricamente con su divisa "Cada hombre para sí y el último que se lo lleve el diablo".

La desigualdad hoy en España es tan lacerante, que la ausencia de voluntad para abordarla por los poderes públicos resta legitimidad al sistema democrático y le deja en peligro de convertirse en algo absolutamente formal y vacío de contenido.

Este panorama social, que no resiste la menor comparación con Europa, significa que la etapa de Gobierno del PSOE ha supuesto la continuidad endurecida de la política económica anterior con un objetivo evidente: apuntalar el capitalismo español en línea con sus intereses de clase, renunciando incluso a una reforma social del modelo.