Orden en el litoral

LA LEY de Costas, tan esperada por muchos, tan temida por otros tantos, pero tan necesitada por el país, está a punto de entrar en vigor tras su aprobación por el Parlamento. Su llegada, aunque escandalosamente tardía, todavía puede poner un poco de orden en la densa actividad humana que se desarrolla en la zona costera y frenar los desafueros que han provocado el deterioro galopante de la mayor parte de los 7.900 kilómetros de litoral español.Sin duda, su propio contenido hace de la ley de Costas una norma polémica: afecta al propio derecho de propiedad, a derechos adquiridos por parte de particulares a lo largo de decenios al amparo de una legislación de protección de la zona marítimo-terrestre fragmentaria y confusa, y ante la incuria de la autoridad pública, y al futuro de la ingente actividad urbanística que en torno al turismo se desarrolla en los bordes del litoral. A ello se debe que su discusión parlamentaria haya sido movida, que los grupos de la oposición conservadora hayan pedido una y otra vez su devolución al Gobierno y que hayan anunciado su intención, en caso de aprobación, de recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

La nueva norma reconoce el dominio público estatal de la zona marítimo-terrestre, de acuerdo con el mandato expreso de la Constitución. Y establece tres tipos de servidumbre: la de protección, que abarca una zona de 100 metros a partir de la línea del mar; la de influencia, que se extiende en una anchura de un kilómetro, y la de acceso al mar, que obliga a abrir vías cada 500 metros para el tráfico de vehículos en zonas urbanas y urbanizables y cada 200 para el paso de peatones. Es evidente que la entrada en vigor de la nueva norma va a plantear serios conflictos en dos terrenos: el de las competencias de las comunidades autónomas en los planes urbanísticos, deportivos, comerciales y portuarios en la zona de un kilómetro de influencia del dominio público marítimo-terrestre y el de los derechos adquiridos por particulares que pongan en cuestión la titularidad estatal. La ley hace mención expresa de las competencias autonómicas y municipales en materia de ordenación del litoral, pero será dificil que no surja la disputa cuando se trate de poner en marcha planes de ordenación urbanística en terrenos económicamente tan codiciados. En todo caso, y si se cumple el propósito de algunos grupos parlamentarios de plantear recurso de inconstitucionalidad contra la ley, el Tribunal Constitucional será quien diga la última palabra.

Mientras tanto, la nueva norma ha recibido un valioso apoyo del Tribunal Supremo en una reciente sentencia que declara de dominio público el terreno costero perteneciente a una finca privada situada en la Manga del Mar Menor y ordena la correspondiente modificación en el Registro de la Propiedad. La doctrina sentada por el Supremo será un precedente a tener en cuenta en la avalancha de procesos que la aplicación de la nueva ley desencadenará ante los tribunales sobre la espinosa cuestión de los derechos adquiridos. Aunque en su inmensa mayoría las edificaciones levantadas en la proximidad del litoral sean legales, otras son un claro exponente de un urbanismo nocivo que, en el marco de un creciente proceso de privatización y depredación, han hecho irreconocible en numerosas zonas el paisaje litoral español de no hace más de 30 años.

Sin duda, para las playas desaparecidas la ley de Costas llega tarde, pero todavía su llegada es oportuna si se tiene en cuenta que aún no ha terminado el acelerado proceso iniciado en los últimos lustros de traslado de población desde la zonas interiores hacia el litoral. Actualmente, en la orla litoral de una anchura de cinco kilómetros se encuentra el 35% de la población española, cuando a principios de este siglo apenas llegaba al 12%. La zona costera soporta en estos momentos no sólo un fuerte incremento de población, sino la intensificación de usos turísticos, agrícola, industrial, de transporte y pesquero. Para garantizar en lo posible la conservación de espacios tan sensibles al deterioro y proteger el valor social del medio era más que necesaria una ley de Costas como la que acaba de ser aprobada por el Parlamento.