AP recurre esta semana ante el Tribunal Constitucional la ley de televisión privada

Cincuenta parlamentarios del Grupo Popular presentarán esta semana recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de la televisión privada, aprobada por las Cortes el pasado mes de abril, al considerar que el Estado no puede apropiarse en monopolio de una libertad cual es la de información, según indicaron a este periódico los redactores del recurso. La ley señala que la televisión privada es un servicio público de titularidad del Estado.

El Parlamento de Cataluña ha presentado ya un recurso de inconstitucionalidad, aunque sus motivos se basan en la creencia de que la ley invade competencias autonómicas.El plazo para recurrir la ley de la televisión privada ante el Tribunal Constitucional termina el viernes 5 de agosto, fecha en la que se cumplen tres meses desde que fuera publicada en el Boletín Oficial del Estado, aunque la ley se aprobó definitivamente por el Congreso el 14 de abril. Antes de ese día estará preparado el recurso que ha elaborado fundamentalmente el responsable del gabinete jurídico del grupo parlamentario, Federico Trillo Figueroa, y cuyos argumentos giran en torno a las críticas formuladas por el ponente del Grupo Popular, Luis Ramallo, durante el año que ha durado la tramitación de la ley.

Alianza Popular formulará diversas preguntas al Tribunal Constitucional de forma que su respuesta tenga que ser necesariamente concreta y se establezca una doctrina definitiva sobre la concepción de la televisión privada. Ésta es la cuestión esencial que figurará en el recurso, según informaron fuentes aliancistas: "¿Es posible atribuir al Estado la titularidad de un monopolio -televisión privada- que en la Constitución figura como una libertad esencial de todos los españoles, como es el del derecho a la información, establecido en el artículo 20?".

Las mismas fuentes señalaron que en la ley se utilizan de manera confusa técnicas jurídicas "cuya depuración se hace necesaria". "No es aceptable que un principio de libertad se incluya, como hace la ley, en una actividad económica del Estado, ya que la libertad y el servicio público no pueden mezclarse".

Los portavoces informantes aseguraron que a pesar de la insistencia socialista en señalar que el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado al respecto en anteriores sentencias, ello no es así, ya que, a su juicio, la jurisprudencia existente no resuelve los problemas e interrogantes que ellos plantean.

Las discrepancias con la ley comienzan desde el artículo primero, al señalar que su objeto es regular "la gestión indirecta del servicio público esencial de la televisión, cuya titularidad corresponde al Estado".

Siguen las discrepancias del Grupo Popular en el artículo 2, según el cual la gestión indirecta de este servicio público se realizará por sociedades anónimas en régimen de concesión administrativa".

Limitación

AP defiende en su recurso el principio de la libertad como derecho fundamental y, por tanto, impugna el sistema de concesiones, la limitación de su número a tres canales y el régimen "intervencionista".En este punto, el PSOE contó con el apoyo del CDS, PNV e Izquierda Unida, que también comparten el criterio de que la televisión privada sea un servicio público, aunque en la votación final los socialistas se quedaron solos.

La presentación de este recurso no paraliza la entrada en vigor de la ley, si bien ésta no tendrá una efectividad real hasta tanto no se presente el Plan Técnico Nacional.

Las sociedades interesadas en una de las concesiones están a la espera de la aprobación del citado plan técnico, cuya presentación oficial está sufriendo un inexplicado retraso si se tiene en cuenta, según constancia de este periódico, que el ex ministro de Transportes Abel Caballero tenía un plan elaborado el pasado abril.

El ex portavoz del Gobierno Javier Solana -actual ministro de Educación y Ciencia- afirmó que habrá televisión privada antes de las elecciones de 1990 "si no hay problemas externos".