La invalidez y el 'afeitado' de los toros es habitual en la mayoría de las plazas españolas

J. V. El toro que llaman descastado -que no embiste, que está inválido- llegó este año a la recién concluida feria de Pamplona, una de las pocas plazas donde el ganado no se caía casi nunca. Solían atribuirlo al encierro, por la puesta a punto que con su carrera matinal hace allí el toro antes de la corrida, según determinadas apreciaciones, en cierto modo ingeniosas, pero sin ninguna base científica. En los pasados sanfermines, sin embargo, pese a la puesta a punto matinal, los toros aparecían en el ruedo atacados de invalidez, y apenas embestían. En cuanto a la conformación de sus cabezas, todos fueron astifinos, con excepciones. A diferencia de lo habitual en la mayoría de los cosos, donde todos son romos, con excepciones.

Para la conformación cornicorta y roma de las astas, también tienen los taurinos explicaciones, formuladas desde su lógica particular e interesada: muchos toros padecen hormiguillo, y al aliviar la comezón rascándose en árboles y piedras, se autoafeitan. En ningún caso admiten los taurinos que se produzca la mutilación fraudulenta, y si fueran ciertos sus argumentos, habría que deducir que el mayor mal que padece la ganadería de bravo española es, precisamente, el hormiguillo."Más que en los tiempos de El Cordobés se está afeitando", afirman algunos ganaderos cuyos toros no padecen hormiguillo -o, si lo padecen, no los envían a las plazas- y saltan síempre a la arena con sus cornamentas desarolladas y astifinas. Estos ganaderos están muy molestos con la situación, pues tienen serias dificultades para vender sus toros, que no están incluidos entre los que llaman "de garantía" y exigen las figuras.

La mayor parte de los ganaderos que seleccionan en pureza sus reses; que, fruto de esa selección esmerada, poseen la casta característica de la raza; las crían a conciencia, de forman que puedan pelear en la lidía sin derrumbarse, e impiden que las afeiten, han de malvenderlas, destinarlas a festejos con carteles modestos, a espectáculos de rejoneo, o enviarlas al matadero.

Los ganaderos íntegros se sienten víctimas de una competencia desleal, ya que su honestidad les resta el mejor mercado, y en privado manifiestan que si hubiera auténtica voluntad de erradicar el fraude por parte de las autoridades y de la Unión de Criadores de Lidia, el número de toros inválidos y afeitados que salen a las plazas sería mínimo.

El desarrollo de la temporada cuando ya ha transcurrido su primera mitad es, en este sentido, más alarmante que nunca: invalidez y sospecha de afeitado fueron habituales en las ferias de Castellón; fallas, de Valencia; buena parte de la de Sevilla; remitió en las corridas de Las Ventas -incluidas las de la feria de san Isidro-, donde el ganado salió íntegro en la mayor parte de las ocasiones, y apareció de nuevo la invalidez generalizada en los festejos pamploneses de san Fermín.

Administración lenta

La Administración lleva años incurriendo en aparente falta de diligencia y desinterés para erradicar el fraude, sin que los ganaderos serios y los aficionados alcancen a entender el motivo. Su lentitud en la tramitación de los expedientes e incumplimiento de las sencillas normas de procedimiento, se reflejan en sentencias de la Audiencia Nacional referidas a recursos de ganaderos contra sanciones por afeitado.

La denuncia hecha por Antonio Martínez Carrilo, veterinario de Colmenar, sobre el drogado de los toros de varias corridas que se lidiaron en aquella plaza, a la que unió pruebas y análisis de laboratorio, tampoco ha tenido el adecuado reflejo de la Administración, que ni siquiera ha abierto una línea de investigación sobre esta posible corruptela.

La Dirección General de Policía ha elaborado un informe sobre el afeitado, en el que incluye el dato de que entre 168 expedientes gubernativos abiertos a ganaderos en la temporada de 1987, 39 dieron positivo, 88 negativo, y los 41 restantes aún se encuentran pendientes del correspondiente dictamen.

La Audiencia Nacional ha señalado en dos sentencias, dice el informe, que este tipo de infracciones prescribe a los dos meses de cometerse el hecho, lo que obliga a la Policía a iniciar el expediente sancionador cuando en el reconocimiento post mortem de la corrida se hace constar que se envían astas sospechosas a la Escuela Nacional de Sanidad, y, por tanto, sin esperar al informe pericial de este organismo.

Cuando el informe es positivo -añade el informe-, se continúa el expediente sancionador y se remite al asesor ejecutivo del Ministerio del Interior para Asuntos Taurinos, quien decreta la sanción correspondiente, a propuesta de la sección de Espectáculos.

Señala también el informe que al haber sido traspasadas a las comunidades autónomas las funciones relativas a espectáculos taurinos, aquellas instruyen los expedientes y deciden las sanciones, sin que la Dirección General de Policía tenga conocimiento de ello (ni, por supuesto, las restantes comunidades), lo que da lugar a que no se apliquen las sanciones específicas a los infractores reincidentes.

El informe incluye datos curiosos sobre otros aspectos de la fiesta. Por ejemplo, en una época en que el tercio de varas está convertido en brutal carnicería sin otro objetivo que destrozar al toro y, a tal efecto, los varilargueros efectúan la suerte con toda clase de trucos, el número de picadores sancionados en 1987 fue de cinco.