Auger: "Carecemos de justicia eficaz y de policía inteligente"

Amigo personal del nuevo ministro de Justicia, Enrique Múgica, desde que ambos fueron compañeros de curso en la universidad, Clemente Auger, de 54 años, magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Audiencia Territorial de Madrid se muestra convencido de que el nuevo Gobierno hará un esfuerzo por reducir la inseguridad ciudadana, a. la vez que presagia que no podrá obtener éxitos a corto plazo. A su juicio, en España se carece todavía de una Administración de justicia eficaz y de una policía inteligente. Auger ha dirigido durante esta semana el curso Seguridad ciudadana: ideología, derecho, realidad, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander.Pregunta. De un Gobierno que, como éste, parece diseñado para actuar como gancho electoral cabe presumir que en el ámbito de la seguridad ciudadana, y en otros, se esfuerce más en atajar y apaciguar los conflictos puntuales que en abordar los problemas por la raíz. ¿Siente usted esta impresión?

Respuesta. No sé cuáles son los propósitos de este Gobierno. Creo que por la fuerza de las cosas puede estar interesado en tener éxitos en esta materia a corto plazo porque le sería muy beneficioso en una confrontación electoral. Creo además que su propósito va a ser sincero y que van a hacer un esfuerzo. Pero su éxito es muy dificil de obtener en dos años. Porque el análisis sitemático que considero necesario y que yo propugno para afrontar el problema de la seguridad ciudadana conlleva que los éxitos no aparezcan a corto plazo.

P. ¿En qué ámbito considera usted que hasta ahora se ha producido mayor adecuación a las necesidades de la seguridad ciudadana, en la Administración de justicia o en el aparato policial?

R. Yo creo que en ninguno de los dos. En el aparato policial, porque el tratamiento que ha recibido tenía como primordial propósito terminar con el terrorismo. En el problema de la delincuencia no he visto que se haya hecho un tratamiento adecuado, que tenga un carácter mínimamente racional, mínimamente eficaz. Y el resultado está ahí: a pesar de la proliferación de policías ha aumentado la delincuencia en España. La Administración de justicia es un factor importante pero indirecto para la seguridad ciudadana. Y es importante no tanto como se dice por su lenidad, porque no se castigue como es debido, sino porque su caótico funcionamiento hace que los juicios se celebren con una dilación excesiva. Y por tanto, el valor reparador de la pena, y el valor de reparación moral a la víctima, no se produce porque no llega en el momento debido. Si hubiera más rapidez se produciría una mayor confianza de los ciudadanos en el orden jurídico democrático, y por tanto, mucho menor sentimiento de inseguridad.

P. ¿Considera usted inevitable o lamentable la proliferación de servicios de seguridad privados?

R. No sé si es inevitable, quizá lo sea, pero en todo caso lo que sí sé es que resulta lamentable. La dejación del orden público, la dejación de la felicidad de los ciudadanos no en manos del libre juego de mercado sino de los grupos que se lo pueden pagar me parece gravísima en cuanto que quiebra moral del Estado de derecho.

Derecho a la seguridad

La proliferación de las compañías de seguridad acarrea a mi juicio dos graves problemas: uno, el desequilibrio entre los ciudadanos, ya que unos quedan más protegidos que otros en virtud de su superior situación económica, cuando a la seguridad tienen exactamente el mismo derecho, constitucional y moralmente, todos los ciudadanos; y el otro problema, es que el acceso a la información que acumulan se hace casi imposible en las empresas privadas.

P. ¿Considera usted que la traslación de muchos aspectos de la ley Antiterrorista a la legislación ordinaria multiplica los riesgos de extralimitaciones policiales con los ciudadanos, o cree que la matización introducida en algunos de ellos merece una con fianza plena?

R. Creo que la incorporación a la legislación ordinaria de preceptos que sólo pueden tener una justificación excepcional es un error de eficacia. Lo único que va a acrecentar son las posibilidades de comportamientos desviados en los aparatos del Estado Va a hacer quizá que el problema se amplíe de la inseguridad ciudadana en las calles a la inseguridad jurídica en los poderes. Con los instrumentos normativos del Estado de derecho, que son las leyes garantistas, aparte de que es por lo que hay que apostar, creo que se obtiene toda la eficacia debida, siempre que a esas leyes acompañe una Administración de justicia racional, equitativa, eficaz, y una policía inteligente. Dos instituciones de las que hoy carecemos.

P. El Ministerio de Justicia es clave para la reinserción de los terroristas. ¿Qué medidas de gracia considera usted políticamente convenientes y jurídicamente permisibles?

R. Como magistrado que soy, cualquier problema de reinserción de los terroristas o de un delincuente común me es ajeno, porque lo que tengo que hacer es aplicar la ley conforme a los valores de la Constitución.

Violencia en Euskadi

Sentado eso, le puedo a dar mi opinión como individuo. La política se caracteriza por un marco de referencia democrático, pero por unos superiores criterios de actuación discrecional respecto a las actuaciones jurisdiccionales. Por tanto, los políticos optan por lo que consideran más fructífero para la sociedad. Unas medidas de gracia que terminaran con la violencia en Euskadi, si es que con ello podía contribuirse, que yo no lo sé, o unas medidas de gracia que terminen con la tradición golpista del Ejército español, bienvenidas sean. Unas medidas de gracia para intentar resolver el grave problema de las cárceles de una forma análoga a como Franco resolvía los problemas del derecho penal, por vía de indultos generales con motivo del día de la Inmaculada Concepción, me parecerían una huida del problema.

P. Pero ¿le parece aceptable, en concreto, el indulto de los delitos de sangre?

R. Lo de los delitos de sangre es evidente que sólo puede referirse a delitos gravísimos, conductas estúpidas, que han hecho los doctrinarlos de ETA. Creo que la mayoría de los delitos por los que los presos de ETA están internados son delitos de sangre. Yo tengo horror ante los delitos, de sangre, pero cuando se trata el problema de ETA siempre se está tratando de delitos de sangre.

Veo muy difícil distinguir la reprobabilidad moral de la conducta entre el que dispara a una muchacha y el que le espera en el coche, el que da noticia de dónde iba a ir esa muchacha y el que dispara. Por tanto, es un problema que el Gobierno tiene que tratar con enorme delicadeza, y comprendo sus matices, pero lo que no podemos negar es que el problema de ETA es un problema único y que es muy dificil de fragmentar. Por tanto, su tratamiento debe partir de una perspectiva global, en función de los problemas de Euskadi y de la posibilidad de que el País Vasco entre definitivamente en el orden constitucional y se salga del circuito de la violencia.