El valor de un juez

LA DECISIÓN del juez Garzón de decretar la prisión incondicional sin fianza de los policías José Amedo y Michel Domínguez entra dentro de las facultades propias de un juez, pero en este caso concreto constituye un acto de arrojo de un magistrado empeñado, a pesar de los muchos obstáculos y la falta de colaboración desde el poder político, en sacar a la luz la existencia de sombrías conexiones en el aparato de seguridad del Estado con los crímenes perpetrados por los GAL en el sur de Francia. La decisión del juez supone, además, un paso fundamental para esclarecer el origen español de los GAL, cuyos principales organizadores son los policías Amedo y Domínguez, de acuerdo con el auto por el que se decreta la prisión provisional de ambos en espera de la decisión sobre su procesamiento que debe tomar la Audiencia Nacional cuando el juez Garzón eleve allí sus actuaciones.Son conocidas las campañas de descrédito que se han lanzado contra los jueces siempre que se han aventurado en la investigación de presuntas actividades delictivas cometidas por miembros de los cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones. No sería extraño que de nuevo arreciase una campaña parecida y se intentase también ahora, como ha ocurrido en otras ocasiones, alegar pretendidas razones de seguridad y defensa del Estado para obstaculizar una investigación judicial. Las respuestas dadas desde la cúspide de Interior a las cuestiones planteadas por el juez Garzón van en este sentido, como si se quisiera dar a entender que la seguridad y defensa del Estado llevan implícita, hipotéticamente al menos, la posibilidad del crimen de Estado.

Los indicios -y no meras sospechas- que han llevado al juez Garzón a decretar la prisión de los policías son de peso. La reputación del Estado en nada disminuye porque unos policías hayan sido enviados a la cárcel. Les asisten, como a cualquier otro ciudadano, los derechos legales de defensa para demostrar su inocencia y para destruir las imputaciones que se les hacen. Sí sufre, sin embargo, el crédito del Estado cuando existen fundadas sospechas de que una actuación delictiva no ha podido ser investigada y permanece impune. Y hasta ahora no sólo alimenta estas sospechas la actuación institucional de Interior en este asunto; también la de los dos funcionarios directamente implicados, quienes, acogiéndose al derecho constitucional de no declarar contra sí mismos, se han negado a contestar a las preguntas del juez. Esta actitud, perfectamente comprensible y que la ley ampara, dificulta objetivamente la investigación judicial pero, al mismo tiempo, viene a significar un reconocimiento implícito de culpabilidad.

En todo caso, el juez Garzón no sólo cuenta con sus propias investigaciones en el sumario que instruye sobre las supuestas conexiones de policías españoles con los GAL. Dispone también de abundantes informaciones que le han remitido los jueces portugueses y franceses. Sin duda han sido las evidencias contenidas en estos informes, además de la gravedad del delito, lo que ha pesado fundamentalmente en su decisión de decretar la prisión incondicional de los policías encausados y proponer su procesamiento a la Audiencia Nacional. En este caso la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo ha funcionado mucho mejor a nivel judicial que al de los Gobiernos.

El nuevo Ejecutivo está llamado a recuperar, en la intención de su presidente, una imagen pública que se había deteriorado. El juez Garzón está cumpliendo con su dificil tarea. Pero la acción de la judicatura no basta si, desde el Gobierno, no existe la voluntad política de acabar con una forma de entender la seguridad y el orden público que amenaza al propio Estado de derecho.