Los jueces acusados de corrupción se consideran "cabezas de turco"
El magistrado de Barcelona Joaquín García Lavernia, acusado de corrupción junto con el también juez Carlos Lorenzo-Penalva de Vega y otros seis procesados, afirmó ayer que han sido utilizados como "cabezas de turco". Lavernia aseguró que las acusaciones mantenidas contra él y su compañero son fruto de unas "maquinaciones inconfesables". El juicio concluyó ayer, aunque la sentencia no se conocerá, previsiblemente, hasta dentro de 15 días.
Joaquín García Lavernia, para el que el fiscal pide siete años de prisión por cohecho y prevaricación, aprovechó ayer el turno de alegaciones finales para denunciar que su caso ha sido utilizado como advertencia a toda la magistratura, y agregó que ya el ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos Sáinz de Robles, había amenazado con investigarles "hasta las suelas de los zapatos". Añadió que tanto él como su compañero Lorenzo-Penalva han sido los "pioneros", junto con Ricardo Varón Cobos y Jaime Rodríguez Hermida en ser objeto de procesos judiciales.En un momento de su intervención Lavernia dijo: "Aquí hay una pregunta latente, ¿por qué se ha incoado el proceso?". El magistrado contestó a su propia pregunta afirmando que el origen del caso fue provocado por "un grupo de personas que no sé quiénes son". Lavernia insistió en que uno de los funcionarios de policía de Barcelona que realizó la investigación le comentó "usted no tiene nada que ver, es víctima de una macabra operación".
El juez no quiso entrar a defenderse por la vía de los hechos de las imputaciones del fiscal y matizó que las acusaciones se sostenían sobre "sospechas" y no por indicios. Sin embargo, el magistrado no utilizó argumentos más sólidos para explicar las pruebas existentes contra él y puestas de manifiesto por el fiscal, como los informes contables que revelan que recibió más de siete millones de pesetas entre 1981 y 1982 por designar a determinados interventores y comisarios en suspensiones de pagos y quiebras seguidas en su juzgado.
Este magistrado amenazó el pasado lunes a una periodista con una agresión física, en presencia de testigos, pese a lo cual ayer se quejó ante el tribunal de las presuntas ofensas a su honor vertidas en diversas informaciones periodísticas.
Derechos de ciudadanos
El magistrado Carlos Lorenzo-Penalva de Vega, para el que el fiscal solicitó la imposición de 13 años de prisión por los delitos de cohecho, prevaricación y falsedad en documento, también aprovechó la última oportunidad para intentar convencer a la sala sobre su inocencia. El fiscal considera que el magistrado obtuvo cerca de 18 millones de pesetas por nombrar a determinados profesionales del derecho en procedimientos de suspensiones de pagos y quiebras seguidos en su juzgado.Para el magistrado, la instrucción del sumario no ha contado con las oportunas garantías procesales. Así, dijo que la investigación policial se realizó sin la presencia de sus defensores. Lorenzo-Penalva subrayó que no se habían respetado sus "derechos como ciudadano".
Los defensores de cuatro de los procesados solicitaron al tribunal la absolución de sus clientes por considerar que no es delito que hayan sido nombrados en repetidas ocasiones por los magistrados García Lavernia y Lorenzo-Penalva como interventores y depositarios en procedimientos de sus juzgados.
Para los abogados de la defensa, los profesionales eran nombrados por su preparación en la materia y no por otras razones, como es el caso de la acusada Gloria Viñals que, de acuerdo con la opinión del fiscal, era de signada como interventora por el juez Lorenzo-Penalva debido a la relación personal existente entre ambos.
El fiscal, que solicitó siete años de prisión por cohecho para el resto de los procesados, sostiene que los ingresos de los interventores procedían del acuerdo al que llegaron con los magistrados para repartirse los beneficios de los procedimientos.
El letrado Juan Antonio Roqueta, defensor de Fernando Sánchez Sánchez, uno de los interventores designado por el juez García Lavernia, señaló en su informe la extrañeza que le provocó el proceso contra los magistrados. Comentó que un día, cuando se instruía el sumario, recibió en su despacho a Sánchez y que éste le pidió que se encargara de su defensa en el caso. El abogado le contestó: "Tranquilo, en España no se han procesado nunca a magistrados".
