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Editorial:

Cielos limpios

DE AQUI a finales de siglo los países de la CE se han comprometido a rebajar sustancialmente los índices de contaminación atmosférica mediante mejoras en los motores de los vehículos de menos de 1.400 centímetros cúbicos de cilindrada y con la erradicación de las lluvias ácidas provocadas por las centrales térmicas. El acuerdo comunitario representa un importante paso adelante en el camino emprendido hace años para acabar con los efectos nocivos que sobre el medio ambiente producen los complejos industriales. La política medioambiental de la CE tiene una sólida base jurídica en el Acta única y se ha concretado hasta ahora en numerosas directivas y en programas de acción obligatorios para los países miembros. El último de ellos, dentro del cual se inscribe el reciente acuerdo, exige un requisito novedoso, y sin duda chocante, para los modos hasta no hace mucho al uso en la actividad económica e industrial: la integración de los aspectos medioambientales en las políticas económicas, industriales, agrícolas y sociales desarrolladas tanto en la Comunidad como en sus países miembros.Ya nadie duda de que las medidas industriales de protección del medio ambiente son un factor nada desdeñable de crecimiento económico y de generación de empleo, pero sus costes a corto plazo son cuantiosos. No es de extrañar por ello que cada país comunitario ajuste al límite su contribución al esfuerzo común, según sea su implicación en el problema y su capacidad económica, técnica y social para resolverlo. En el acuerdo que acaban de adoptar en Bruselas los ministros de Medio Ambiente de los doce, España ha hecho ver justamente sus diferencias en relación con el objetivo igualatorio propuesto. Una de ellas es su escasa contribución a los flujos transfronterizos de contaminantes tanto por su periférica situación geográfica como por su meteorología. Por otra parte, el consumo eléctrico de España es un 30% inferior al consumo medio en Europa, por lo que la demanda en los próximos años seguirá siendo importante, lo que exigirá la creación de nuevas instalaciones. Finalmente, España no podía pasar por alto que la continuidad de las centrales térmicas de carbón es, hoy por hoy, insustituible para garantizar el empleo y unas condiciones mínimas de desarrollo econónÚco en determinadas zonas deprimidas del país.

Los socios europeos de España han tenido en cuenta estos elementos, y así nuestro país ha conseguído plazos más amplios y porcentajes menores en la reducción de los gases contaminantes. Las emisiones de dióxido de azufre de las 33 centrales térmicas en ftíncionamiento irán evolucionando de tal forma que, tomando como referencia las del año 1987, deberán reducirse en un 30% en 1993 y en un 51 % en el año 2002. En cuanto a las nuevas centrales energéticas, España se ha comprometido a desulfurar las emisiones de los carbones empleados en la combustión en un 60%, cuando el porcentaje global fijado ha sido el 90%, con el fin de que su contaminación sea cinco veces menor que la que producen las actuales. En total, el coste para España a lo largo de los próximos 15 años va a representar cerca de 300.000 millones de pesetas, es decir, un 40% del que contenía la propuesta inicial de la Comisión Europea.

La comprensión comunitaria hacia los problemas de España ha sido evidente, aunque bien es cierto que entra dentro de la paciente labor de encaje de bolillos en que se ha convertido cualquier tipo de negociación en la construcción europea. Porque, en realidad, lo importante no es el ritmo ni el tiempo -que cada país puede necesitar los suyos-, sino el firme compromiso de todos los socios en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Y en este sentido España puede encontrarse con resistencias interiores que hagan difícil la fiel observancia de los compromisos comunitarios. Ni los estamentos oficiales ni el pueblo español en su conjunto han desarrollado hasta fecha muy reciente una conciencia social a la altura del problema que representa la polución del aire que respiran, de los ríos, bosques, costas y mares litorales. Es de esperar que el desafio comunitario no sólo ayude a cambiar las leyes, sino, lo que es más arduo, las mentalidades.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de julio de 1988