El cautiverio de Revilla
A LOS 133 días del secuestro por ETA del industrial Emiliano Revilla hay algo que sobresale por encima de las peripecias, a veces hasta ridículas, a las que ha dado lugar una situación del todo insoportable: la necesidad prioritaria, por parte de las autoridades, de hacer todo lo que sea humanamente posible para liberar al rehén y de evitar cualquier otra acción, por motivada que parezca, que pueda prolongar el cautiverio del secuestrado o poner en peligro su vida.Los objetivos asignados por ETA al secuestro, ya sea recaudar fondos para seguir secuestrando y matando o bien situarse en posición de fuerza en la negociación con el Gobierno, no están esta vez tan fácilmente al alcance de la organización terrorista como en otras ocasiones. Hay que felicitarse por ello. La firmeza del Gobierno, la colaboración de Francia, la mayor eficiencia de la policía española y el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas estatales y vascas opuestas a la violencia han contribuido a que eso sea posible. En esta tesitura, ETA se enfrenta a un difícil dilema, pero si opta por dejar libre a Revilla sin más condiciones todavía quedará abierta la puerta a un diálogo al que ninguna fuerza política representativa española se había opuesto antes de que el grupo terrorista rompiera unilateralmente la baraja.
Pero al margen de lo que ETA haga o deje de hacer según la tenebrosa lógica que le es propia, el Gobierno tiene sus propias responsabilidades. En una escala de prioridades, el primer puesto lo ocupa siempre la liberación con vida del industrial secuestrado, la detención de sus captores y su puesta a disposición de lajusticia. También, desde luego, impedir que se produzca el pago exigido y evitar que con el dinero así obtenido ETA pueda seguir comprando armas, alquilando pisos y garajes y adquiriendo vehículos y explosivos con los que organizar otros secuestros y realizar nuevos atentados. ¿Qué hacer entonces cuando, como ocurre en este caso, el cumplimiento de todas ellas puede resultar contradictorio? Y si la consecución de todas resulta imposible, ¿cuál de ellas debería ser moral y políticamente la más atendible?
Hasta ahora, la acción del Gobierno ha sido efectiva en la interceptación del rescate, pero absolutamente nula en lo que se refiere a la liberación del secuestrado. Las fuerzas del orden han sido incapaces hasta ahora de localizarle, pero la propia acción policial impide cualquier arreglo al margen de la ley. La responsabilidad del mal que pueda sucederle al secuestrado recae enteramente, desde luego, sobre la organización que recurre a los métodos del secuestro y de -la extorsión para conseguir sus objetivos. Pero el Gobierno está obligado a no hacer nada que pueda contribuir a poner en un peligro aún mayor la vida del secuestrado. Ninguna razón, ni moral ni política, justificaría el sacrificio de la vida de Revilla en aras de un hipotético pulso entre la razón de Estado y los objetivos criminales de ETA.
Es preciso rechazar la idea de que los ciudadanos son instrumentos al servicio del Estado. Los Gobiernos democráticos que se enfrentan a la amenaza del terrorismo ni han tenido siempre ni tienen por qué tener una actitud inflexible en lo que se refiere al pago del rescate en casos de secuestro. Muchos responsables políticos han pasado de la intransigente oposición verbal a la tolerancia práctica, cuando no han sido ellos mismos los que, por razones electorales, políticas o humanitarias, han pagado el rescate exigido con dinero del contribuyente. Baste recordar el caso de los rehenes franceses y norteamericanos liberados en Líbano. Madrid no es Beirut, pero es preciso anotar la impotencia del Gobierno ante el caso Revilla, que no queda excusada en absoluto por la habilidad demostrada hasta ahora para interceptar los rescates.
