Trabajo de Tarragona confirma irregularidades en la obtención de subvenciones por parte del responsable de La Crida en Reus

Jordi Figuerola Solaz, de 29 años, responsable de La Crida a la Solidaritat en Reus (Tarragona), contrató a tres jóvenes en julio de 1987 para conseguir una subvención del Departamento de Trabajo de la Generalitat, seis meses después de haber abandonado la asociación cultural El Llamp (entidad en cuyo nombre solicitó las ayudas), según un informe realizado por la inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Tarragona. La policía sospecha que las subvenciones fueron a parar a manos de la organización independentista. Con posterioridad a estos hechos, la sección de Reus de la Crida se disolvió.El caso de El Llamp fue el detonante de la investigación que desveló otra irregularidad similar en la Asociación Catalana de Vexilología, con sede en Barcelona.

En las conclusiones del informe de Trabajo se recomienda a la Generalitat que envíe el caso al ministerio fiscal "a fin de que puedan determinarse las responsabilidades correspondientes, si es que existen". El informe refleja los sistemas irregulares utilizados por Jordi Figuerola para acceder a las subvenciones. El caso de El Llamp pone de relieve graves deficiencias en el control de la Generalitat sobre el destino del dinero que el Departamento de Trabajo dedica a las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el empleo juvenil. Entre 1986 y 1987, El Llamp recibió una ayuda oficial por valor de 4.200.000 pesetas.

Los siete actuales responsables de la Taula de Cultura Popular El Llamp han jurado por escrito que "la entidad que representamos no ha solicitado jamás ayudas económicas al Departamento de Trabajo de la Generalitat, acogiéndose a ningún decreto de ayuda," y que "en ningún momento de su existencia esta entidad ha contratado personal para realizar ningún tipo de trabajo a cuenta de la entidad."

Este juramento y los resultados de la inspección realizada por Trabajo en relación a las subvenciones otorgadas por la Generalitat a esta asociación han motivado una notificación al Instituto Nacional de Empleo (Inem) para que "incoe procedimiento de devolución de todas las prestaciones contra los tres trabajadores beneficiarios".

El 1 de julio de 1987, siempre según el informe de Trabajo, Jordi Figuerola contrató, utilizando el nombre de El Llamp, entidad de la que se había dado de baja como socio en enero de ese mismo año, a Carlos Beraldes Mora, Agustín Mérida Morales, Pilar Puértolas Ortíz y Silvia Coll Colomer.

Todas las altas y bajas fueron tramitadas por El Llamp a través de Jordi Figuerola, el líder de La Crida en Reus, quien estampó en todos los documentos el sello de la entidad a la que había dejado de pertenecer seis meses antes. El informe dice textualmente que ese sello "no es el que El Llamp usualmente utiliza" .

Los actuales representantes de El Llamp afirman, en una declaración incluida en el citado informe, desconocer por completo la existencia de esta documentación y "no tener noticia tampoco de quienes figuran como sus trabajadores". Los responsables de esta entidad aseguran además que "en esta asociación, dado su tamaño reducido y el tipo de actividades que desarrolla, no existe tarea para tal cantidad de personal laboral, ni posee la entidad recursos suficientes para financiar los costos de estos cuatro contratos".

La Inspección de Trabajo de Tarragona estima que "existen indicios suficientes para pensar que los contratados no prestaron servicio alguno para El Llamp Taula de Cultura Popular" y que las subvenciones y las prestaciones por desempleo recibidas "lo han sido a través de un procedimiento irregular

Las mencionadas irregularidades se descubrieron cuando los actuales responsables de El LLamp recibieron en su sede social 350.000 pesetas procedentes del Departamento de Trabajo de la Generalitat, en calidad de subvención por empleo juvenil. La entidad pidió a la Generalitat que aclarara el origen de la subvención pero no denunciaron a Jordi Figuerola.

Dos de los jóvenes contratados por Figuerola, Carlos Baraldes, de 19 años, y Agustín Mérida, de 24, tienen antecedentes penales.