Lecciones bien aprendidas

Recientemente, en las páginas de este periódico, Enrique Gil Calvo, profesor de la universidad Complutense, examinaba a los maestros y profesores de enseñanza media, en relación con el conflicto que nos enfrenta a las autoridades educativas desde finales del pasado mes de febrero, y nos suspendía colectivamente.Su paso al vuelo sobre el conflicto sindical de la enseñanza le sirve de pretexto para justificar las siguientes tesis: el asamblearismo, la participación democrática de los trabajadores en las decisiones que las afectan, es, cuando menos, una irracionalidad. La conflictividad laboral, la utilización de la huelga en el sector público, es un abuso, una coacción a todos los ciudadanos, y se presenta en mayor medida que en el sector privado, porque los empleados públicos o los trabajadores de las empresas públicas "no arriesgan nada haciendo huelga"; ésta "no tiene costes" para ellos. Por último, en la actual situación social española, pedir aumentos salariales "no es progresista, sino insolidario". Progresistas son los Gobiernos que, como el nuestro, se oponen al "fundamentalismo asalariado".

En el artículo, que transpira anti sindicalismo y pura justificación de comportamientos gubernamentales, destaca un furibundo y poco fundado ataque a la democracia sindical.

Antes de centrarme en esta cuestión, quisiera hacer una breve referencia a las otras líneas argumentales. Hablar de coacción y chantaje a la sociedad por el ejercicio de la huelga en los servicios públicos lleva implícita una propuesta de prohibición o, cuando menos, de limitación de este derecho para sus trabajadores. Decir que la huelga no tiene costes para sus trabajadores que no arriesgan nada con ella, es algo más que un sarcasmo. ¡Claro que tiene costes!, económicos y psicológicos. El que no se nos eche por ejercitarla no es ningún privilegio. Si ocurre en el sector privado, señor Gil, es vulnerando la Constitución.

En realidad, lo ilegítimo es reivindicar mejoras salariales. Para él, no sólo no es progresista, sino insolidario, dado que hay tres millones de parados. Lo progresista es "repercutir todo el crecirniento de la masa salarial en incrementar el máximo posible el número de empleos".

Ni Boyer

Cuando parece que ha caído algo en desuso la teoría de culpabilizar a los asalariados que reivindican aumentos salariales del paro existente, el señor Gil Calvo la resucita enérgicamente. ¡Crecimiento salarial cero para los que no tienen empleo! Ni Boyer en 1984 se atrevió a tanto. Hay que recordarle que la caída de la capacidad adquisitiva de los salarios en dicho año produjo una contracción de la demanda interna culpable de la mayor pérdida de empleo conocida en el bienio 1984-1985. Hay algunos que opinamos que la misma política económica que ha generado la mayor tasa de paro de la CE y la OCDE, los mayores índices de empleo precario y una tremenda desigualdad social es la que ha jugado a fondo por la pérdida o congelación de la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

En la parte del artículo dedicado a desacreditar asambleas o referendos, su autor bebe en las fuentes de la filosoria política partidaria de una democracia no participativa: los ciudadanos, los trabajadores, deben limitarse a votar cada cuatro años a sus representantes políticos y sindicales.

Esta filosoria es la que, a mi juicio, está erosionando grave mente el sistema democrático español, fomentando paralelamente el incremento del autoritaris mo político y el abstencionismo y el desinterés popular por la política. Lamentablemente, el PSOE gobernante la ha fomentado hasta límites francamente preocupantes.

Las consideraciones, tan tópicas como verdaderas, acerca de la debilidad de la sociedad civil española, del escaso tejido social existente en nuestro país, son un ejercicio de hipocresía si quienes las realizan son tan firmes adversarios de las formas de democracia directa, esenciales en una democracia avanzada. Cuarenta años de franquismo no se superan impidiendo o desacreditando la participación activa de todos los ciudadanos en las esferas política, social, sindical, etcétera. Y participar es, en muchas ocasiones, votar, decidir.

En su radical defensa de una democracia no participativa en el terreno laboral, nuestro profesor de conflicto social llega a decir, a propósito del referéndum sobre el preacuerdo: "Es irracional someter a las bases los acuerdos tomados por los delegados: implica una contradicción entre la lógica de la representación y la lógica de la decisión, que son distintas y siempre deben estar separadas. Las bases sólo deben votar representantes, nunca votar decisiones". Tendría que saber el señor Gil Calvo que tal irracionalidad es la que habitualmente se practica en los países democráticos desarrollados, con sindicatos mucho más implantados que en el Estado español, en conflictos similares -por intensidad y duración- al que han vivido los profesores de la enseñanza pública en nuestro país. Por referirme a casos recientes de duras huelgas de profesores europeos, los escoceses (1986) e italianos (1988) terminaron sus conflictos -positivamente para ellos, por cierto- votando los acuerdos suscritos por los sindicatos.

Enfrentar la lógica de la representación con la lógica de la decisión hasta el extremo que lo hace Gil Calvo, es vaciar de contenido la democracia en el campo sindical. Quienes participan, siempre con gran esfuerzo, en una larga huelga tienen todo el derecho del mundo a decidir con sus votos sobre la aceptación o no de las ofertas patronales. La práctica colectiva y solidaria de la lucha sindical no puede hurtar a sus protagonistas la capacidad de decisión en este momento clave. Lo contrario es apostar por un sindicalismo burocratizado, que puede convencer a algunos, desde luego no a los trabajadores.

Sin precedentes

El denostado asamblearismo de la huelga de los profesores no sólo ha sido un ejemplo de democracia laboral, sino una condición indispensable para organizar una movilización sin precedentes en un sector en el que todavía la mayoría de sus trabajadores no está sindicada, existen 22.000 centros de trabajo y las elecciones sindicales otorgaron el carácter de representativos a seis sindicatos. La huelga se mantuvo durante muchas semanas en una cota próxima al 95%, gracias a una amplia red de asambleas de centro, zona, comarca o provincia que fraguó una sólida unidad sindical por la base. Esta componente asamblearia ftincionó, armónicamente como complemento de la acción de los sindicatos hasta la firma del preacuerdo. Los problemas surgieron, y era lógico, a partir de ese momento, pero no impidie-. ron una retirada ordenada de la huelga una vez recompuesta la unidad sindical, lo que favorece la continuidad de la movilización en el próximo curso.

Existe un sustrato común en las luchas mantenidas por los profesores europeos -escoceses, ingleses y galeses, italianos, griegos y españoles-, que fuera de nuestro país han tenido, o tienen, como mínimo un año de duración.

La sociedad, los Gobiernos, como consecuencia de los cambios científicos, tecnológicos y culturales, plantean nuevas exigencias al sistema educativo que se traducen inmediatamente en un incremento de la carga de trabajo de los docentes. Estas demandas chocan con las malas condiciones salariales y de trabajo que en muchos países sufren los profesores. Conscientes de la escasa valoración social de nuestro trabajo, hemos decidido actuar. ¿Fundamentalismo?, ¿corporativismo?

Sería muy interesante que en una asignatura de Conflicto Social se investigara sobre estas cuestiones. Mucho más que utilizar la huelga de la enseñanza como pretexto para recitar de memoria unas lecciones muy bien aprendidas.