El Tribunal Supremo inicia mañana el juicio contra dos magistrados acusados de cohecho y prevaricación
Carlos Lorenzo-Peñalva de Vega y Joaquín García Lavernia, magistrados de los juzgados de primera instancia números 6 y 2 de Barcelona, se sentarán mañana en el banquillo de los acusados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para ser juzgados por los delitos de prevaricación y cohecho. El fiscal mantiene que ambos magistrados obtuvieron alrededor de 26 millones de pesetas de beneficios por un pacto al que llegaron con dos despachos de abogados de Barcelona. Éste es el segundo juicio que celebra el Tribunal Supremo contra magistrados después del proceso contra Ricardo Varón Cobos y Jaime Rodríguez Hermida por un delito de prevaricación al dejar en libertad al mafioso Antonio Bardellino.
El fiscal mantiene, en el escrito de calificaciones provisionales, que los dos magistrados y seis profesionales del Derecho llegaron a un acuerdo por el que los jueces designaban como depositarios e interventores en los procedimientos de suspensiones de pago y quiebras, instados en sus juzgados, a profesionales de dos despachos de abogados de Barcelona: el dirigido por el letrado Luis Lorenzo-Penalva, hermano de uno de los magistrados, y el del fallecido Antonio Capmany.Los jueces cobraban comisiones a cambio de estas designaciones, de acuerdo con la acusación. Fruto del pacto, el magistrado Lorenzo-Penalva obtuvo más de 18 millones de pesetas entre 1980 y 1983. Los ingresos por el mismo mecanismo del magistrado García Lavernia, entre 1981 y 1982, ascendieron a más de siete millones de pesetas, siempre de acuerdo con la investigación judicial realizada.
El letrado Luis Lorenzo-Penalva también está procesado en la causa por cohecho, así como los interventores y depositarios Juan de la Cruz Magri, María Gloria Vidal, Joaquín Carlos Vidal Rius, Pedro Norberto Trullás Cabana y Fernando Sánchez Sánchez.
Los nombres del letrado Lorenzo-Peñalva y de los otros cinco profesionales se repiten en 15 procedimientos de suspensiones de pago y quiebras instados entre los años 1979 y 1981 en el Juzgado de Primera Instancia número 2, cuyo titular era el magistrado García Lavernia. Los mismos nombres, a excepción del abogado Lorenzo-Penalva, aparecen en 11 pleitos entre 1980 y 1981 como interventores o comisarios en el juzgado del magistrado Lorenzo-Penalva.
En la investigación judicial constan informes de la policía y de la Guardia Civil que detallan las supuestas entregas de diferentes cantidades como comisión a los magistrados, la mayoría de las cuales se hacía mediante talones bancarios. Sin embargo, los magistrados siempre han negado durante la instrucción del sumario haber cobrado dinero por la designación de determinados interventores. En el caso del magistrado Lorenzo-Penalva, las entregas de dinero por parte de su hermano corresponden, según la versión mantenida por el juez procesado, a la liquidación de la herencia de su padre.
Penas de prisión
En el escrito de calificaciones provisionales del fiscal solicita la imposición de siete años de prisión para el juez García Lavernia y de 13 para el magistrado Lorenzo-Penalva, seis de ellos por presunta falsedad en documento. Para los dos magistrados también requiere al tribunal la inhabilitación por 20 años para el ejercicio de la carrera judicial.El fiscal pide siete años de prisión para cada uno de los restantes procesados con excepción del letrado Lorenzo-Penalva y de María Gloria Vidal, para quienes solicita tres años más de cárcel por falsedad. Esta acusación se fundamenta en la supuesta falsificación de documentos con los que se pretendía justificar las entregas de dinero por motivos ajenos a los juzgados. El fiscal ha requerido la comparecencia de 47 testigos a la vista, así como dos informes periciales: contable y caligráfico. El origen de la investigación se desencadenó por una supuesta denuncia anónima producida en julio de 1982. Cuatro meses más tarde, un mando de la Guardia Civil entregó una documentación a la Audiencia de Barcelona en la que se hacía referencia a las supuestas irregularidades de los juzgados de los magistrados ahora procesados.
La documentación no provocó la apertura de una investigación inmediata, sino que ésta se demoró hasta 1983 por causas no esclarecidas. El 19 de mayo de ese año el Consejo General del Poder Judicial abrió un expediente contra los magistrados y dos días más tarde la Fiscalía, General del Estado interpuso una querella criminal contra los jueces.
En julio de 1984, la Sala Segunda del Tribunal Supremo procesé a los magistrados por los presuntos delitos de cohecho y prevaricación y al letrado Lorenzo-Penalva por cohecho. Un año más tarde, el Supremo amplió el procesamiento a los otros cinco profesionales del Derecho. El defensor de los magistrados es Joan Piqué Vidal, abogado que también llevó la defensa del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en el caso Banca Catalana.
Tribunal y fiscal
El tribunal que juzgará a los dos jueces estará integrado por cinco magistrados de la Sala Segunda del Supremo: Enrique Ruiz Vadillo, Gregorio García Ancos, Eduardo Moner Muñoz, Marino Barbero Santos y José Luis Manzanares.Ruiz Vadillo, de 61 años, presidente de la Sala Segunda y ponente de la causa, redactará la sentencia. Ruiz Vadillo es fiscal de carrera, letrado del Estado en excedencia y lleva sólo ocho años en la judicatura, en la que también ha sido presidente de la Sala Sexta de lo Social del Tribunal Supremo. Ruiz Vadillo ha duplicado las ponencias de cada magistrado en las salas que ha dirigido, por lo que está considerado como un trabajador incansable.
El fiscal de la causa será Cándido Conde Pumpido, teniente fiscal del Supremo, que ya intervino en el proceso contra los magistrados Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cobos. Conde Pumpido ha actuado también como fiscal en la vista de los recursos de casación contra la sentencia sobre el intento de golpe de Estado del 23-F.
