El juez estima que parte de los fondos reservados de Interior fueron desviados para los GAL

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la conexión de policías e instituciones españolas con los GAL dictó ayer un nuevo oficio al ministro del Interior, José Barrionuevo, donde estima que parte de los fondos reservados ha sido utilizada para financiar actividades delictivas del mencionado grupo terrorista, según fuentes próximas al caso. El juez Garzón expone al ministro su obligatoriedad de colaborar con la Administración de justicia y precisa que se han solicitado datos muy concretos con el fin no de investigar cualquier actividad de ese ministerio, sino actividades presuntamente ilegales y de máxima gravedad.

El magistrado Baltasar Garzón ha remitido a Barrionuevo la ampliación de su oficio de 28 de junio ante la negativa del director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, y del jefe superior de Bilbao, Miguel Planchuelo, que con "carácter de presuntos responsables en los hechos que se investigan en este sumario han comparecido en este juzgado a declarar no amparándose en sus derechos constitucionales sino en las órdenes o instrucciones recibidas por V.E en relación con la no contestación sobre los gastos reservados de ese ministerio en el apartado de la Dirección General del Estado y específicamente sobre datos muy concretos que antes ya se habían pedido al director general y a V.E.".El juez puntualiza al ministro varias cuestiones "ante la grave dad de estos hechos". Baltasar Garzón expresa "la trascendencia que los datos solicitados tienen para agotar la investigación de los hechos presuntamente criminales por los que se instruye esta causa".

El juez precisa que "de tales datos pueden extraerse los elementos necesarios para determinar si parte de los gastos reservados, cuya naturaleza legal nadie absolutamente nadie ha puesto en duda, han sido utilizados para la financiación de las actividades delictivas que se investigan en esta causa".

Desviación de fondos

Garzón estima que "se trata de una investigación criminal en la que, al menos en principio, existen motivos para estimar por este instructor que aquella desviación -de fondos reservados- se ha podido producir en algún escalón jerárquico de dicho ministerio...".

El juez le explica al ministro que en sus anterior oficio le ha solicitado "datos muy concretos" y no genéricos como, por ejemplo, la cantidad exacta de dichos fondos entregada a Amedo en su viaje a Lisboa de enero de 1986, donde, según consta a la justicia francesa, contrató a mercenarios portugueses que realizaron dos atentados en el sur de Francia.

El magistrado añade que "la solicitud de datos más genéricos va exclusivamente dirigida a determinar eventuales disposiciones de fondos reservados, no para cualquier actividad del ministerio, que nada interesa a este sumario, sino en relación a los hechos que en el mismo se investigan y por ende dejan de ser generales, o en cualquier caso se precisan para, tras una operación matemática o deductiva, llegar a una u otra conclusión en orden a la averiguación de la eventual comisión de hechos delictivos".

Asimismo puntualiza que "para saber si han existido esas disposiciones presuntamente ¡legales es preciso saber quienes fueron los encargados de la distribución y mecanismos y cuentas a través de las que se canalizaban, porque le insisto se están investigando hechos muy graves".

El magistrado añade que "en modo alguno se entiende aplicable el artículo 417,2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras cosas por no tratarse de testigos y porque no se está discutiendo la legalidad presupuestaria de los gastos reservados, sino la eventual o posible utilización de una parte de ellos para actividades que en principio han de estimarse ¡lícitas".

Posible delito del ministro

Finalmente el juez reitera al ministro "la obligatoriedad de la colaboración con la Administración de Justicia" y le insta a que "se pronuncie si va a responder a los datos y peticiones que se le han solicitado y si ratifica la orden de impedir que cualquiera de sus subordinados haga declaración alguna sobre este tema en el sumario en cuestión".

Por su parte, el responsable de la acusación popular Fernando Salas dijo ayer sobre el nuevo oficio que "el juez sale al paso de las manifestaciones de Barrionuevo que hacía referencia a las generalidades de la petición y a la puesta en peligro de la seguridad del Estado dado que explica y pormenoriza su solicitud".

El abogado Fernando Salas califica asimismo de "independiente, valiente e imparcial" la actitud del magistrado frente a la postura del ministro del Interior. Según Salas, Barrionuevo "no tiene más remedio que contestar si no quiere incurrir en un delito de falta de cooperación con la justicia".