Los silencios de la 'cumbre' de Toronto

Se esperaba mucho más de la cumbre de Toronto en tomo al problema de la deuda. El comunicado final no dice prácticamente nada nuevo, salvo que por vez primera habla, para los países más pobres que estén desarrollando programas de ajuste aprobados internacionalmente, de posibles quitas o condonaciones de deuda por parte de algunos países acreedores. También admite, respecto de los países de renta media más endeudados, que el "menú de opciones" actual ha "reducido" en algunos casos el stock de deuda y que este menú de opciones debe seguir flexibilizándose y ampliándose.Esto es realmente poco, ya .que las expectativas eran mucho mayores. Se esperaba que, respecto de los países más pobres, se aprobase la propuesta Mitterrand, mediante la cual se condonaba un tercio de su deuda, y no hay que olvidar que la propuesta Mitterrand era ya, además, mucho más tímida que la propuesta de Lawson de hace un año de condonar toda la deuda oficial a estos países, que tampoco logró consenso suficiente.

Se esperaba que el comunicado iba a incluir la tantas veces anunciada propuesta de Japón de duplicar su ayuda oficial al desarrollo en los próximos cinco años hasta 50.000 millones de dólares de préstamos y de subvencionar el pago de intereses de 17 países pobres de África y Asia en el mismo período, lo que representaría 1.000 millones de dólares de subvención.

Se esperaba, en fin, que se dijese más abiertamente que para los países de renta media y alto endeudamiento, especialmente los iberoamericanos, podrían comenzar a estudiarse las propuestas de reducción de deuda que existen en la actualidad, y a las que me referiré más adelante. Tan sólo se hace referencia, sin nombrarlo directamente, al reciente programa de reducción de deuda de México mediante el cual México ha recomprado 5.000 millones de dólares de su deuda pagando con bonos del Estado a 20 años con la garantía de bonos de cupón del Tesoro americano del mismo plazo y vencimiento.

Esta falta de decisión y de concreción en los temas de la deuda por parte de los siete grandes contrasta con la deteriorada situación económica de los países deudores, que el mismo comunicado reconoce que pueda poner en peligro la estabilidad política de estos países.

Los países deudores

Al día siguiente de la cumbre de Toronto, la OCDE ha publicado su informe anual sobre los flujos de ayuda al desarrollo en 1987, en el que muestra que dicha ayuda ha caído un 2% en términos reales, tras seis años continuados de crecimiento a una media anual del 3,5%. Sólo Japón y Francia han aumentado sustancialmente su ayuda al desarrollo. Alemania y Estados Unidos la han reducido.

Por otro lado, estima la OCDE que el total de flujos de capital de los países de la OCDE a los países en desarrollo ha caído un 10% en 1987 en términos reales (excluyendo Corea y Taiwan).

Efectivamente, en los últimos años, las cifras muestran que ha habido una transferencia neta de recursos de sentido inverso, es decir, que el flujo de capital de los deudores a los acreedores ha sido mucho mayor.

En porcentaje del PIB de los países deudores, dicha transferencia neta fue del 2,5% en 1983; 4,4%, en 1984; 4,2%, en, 1985, y ligeramente inferior, en 1986 y 1987.

Esta transferencia neta de recursos, definida como la reducción neta del volumen de deuda (o el aumento neto de amortizaciones) más los pagos por intereses y dividendos, ha aumentado sobre todo porque los 15 países deudores han recibido cada vez un menor volumen de nuevos créditos e inversiones.

La transferencia neta de recursos plantea los siguientes problemas:

- Un problema presupuestario, ya que hay que crear un superávit en moneda nacional para pagar el servicio de la deuda. Esto sólo es posible aumentando el ahorro interno y reduciendo el consumo e inversión y el crédito interno, o aumentando los impuestos, o aumentando la inflación, según como se financien los nuevos recursos.

- Un problema de disponibilidad de moneda extranjera, ya que esos superávit nacionales tienen que convertirse y pagarse en moneda extranjera. Esto significa que hay que tener un superávit en balanza de pagos para lo cual hay que intentar reducir importaciones, aumentar exportaciones de bienes y servicios y tratar de aumentar importaciones de capital (si los países acreedores lo permiten, lo que no es el caso en estos últimos años).

En definitiva, el problema principal reside en que la única manera que estos países tienen de pagar la deuda es reduciendo su crecimiento, ya que los recursos que utilizan para producir esos superávit doméstico y externo y transferirlos a los acreedores no pueden utilizarse para aumentar su consumo y su inversión.

En definitiva, desde un punto de vista económico, este nivel de transferencia de recursos no es viable a medio plazo, y desde el punto de vista político y social no es soportable a corto plazo.

En consecuencia, vemos que aunque han crecido algo más estos países entre 1984-1987 (2,8%) que entre 1980-1984 (0,3%), el hecho es que el crecimiento de su consumo e inversión per cápita sigue siendo cada año negativo (- 1,3 %.).

Otro tanto cabe decir de sus ratios de deuda más significativos. La relación deuda / PIB ha pasado del 42% en 1982 al 46% en 1987. La relación deuda / exportaciones ha pasado del 270% en 1982 al 330% en 1987 y la relación intereses / exportaciones ha pasado al 24%.

La estrategia de la deuda desde la crisis de 1982 ha estado basada en el objetivo de proteger el valor de los activos detentados por los bancos acreedores, basándose en el supuesto de que los países deudores tenían fundamentalmente un problema de liquidez y que si se extendían en el tiempo sus obligaciones de pago del servicio de la deuda se podrían atender.

En la primera fase, entre 1982 y 1985, la estrategia consistió en alcanzar acuerdos sobre reescalonamiento de las deudas para reducir el problema de cash flow anual y acompañar dichos reescalonamientos de programas de ajuste aprobados por el Fondo Monetario Internacional.

La segunda fase se inicia con el Plan Baker de f1nales de 1985, que se basa en dos plataformas: en primer lugar, en cambiar la política de ajuste, y en lugar de utilizar políticas de contracción de demanda para crear superávit y transferirlo, hacer políticas de ajuste estructural orientadas al crecimiento y a la expansión de la oferta; en segundo lugar, en apoyar dichas políticas con nuevo dinero. El Banco Mundial y los bancos regionales aportarían 9.000 millones de dólares más en los próximos tres años, y los bancos comerciales deben aportar otros 20.000 millones nuevos en dicho período, lo que supone un aumento anual del 2,5% de su riesgo.

El plan ha fracasado porque los bancos han aportado cantidades mucho más pequeñas, y a pesar de que algunos países mejoraron su estructura de producción y diversificaron sus exportaciones, el mercado ha seguido dudando cada vez más de que puedan llegar a pagar. De ahí que el precio en el mercado secundario de su deuda haya caído en un 50% entre noviembre de 1985 y noviembre de 1987. Argentina ha pasado de 70 a 34 centavos por dólar, Brasil de 80 a 38, México de 80 a 47, Perú de 35 a 5 y Ecuador de 65 a 30.

Ha habido algo llamado Plan Baker 2, que se ha atribuido a la nueva posición del Tesoro americano, basado en que existe un menú de opciones que han venido desarrollando los mercados financieros y que son suficientes para ir tirando (muddling through) en un enfoque caso por caso.

La postura española

Ante esta situación, los países deudores no ven más que dos opciones: o una reducción de valor del stock de deuda de acuerdo con los precios reales de la. deuda en el mercado secundario, o una moratoria unilateral (en los países que' se encuentran peor), o bien el enfoque minimax (en los países que se encuentran relativamente mejor), es decir, el mínimo de pago que permita el máximo de crecimiento en el país, y no el enfoque maximin, es decir, el máximo de pago que permita un mínimo crecimiento, que era el enfoque inicial.

España es el único país de la OCDE que tanto en la reunión de abril del comité interino del Fondo Monetario Internacional como en el Consejo de Ministros de, la OCDE en mayo se ha declarado oficialmente partidaria de una reducción del stock de deuda de los países en desarrollo.

La posición española es, en síntesis, la siguiente:

1. La solución del problema de la deuda exige la colaboración y cooperación de todas las partes involucradas: deudores, acreedores públicos y privados y organismos multilaterales.

- Los países deudores deben de proseguir sus esfuerzos de ajuste macroeconómico por el lado de la demanda y de reformas estructurales por el lado de la oferta para conseguir una tasa de crecimiento económico más sostenido y sobre unas bases más sólidas y saneadas.

- Los países acreedores deben contribuir a la solución del problema de varias maneras. Por un lado, cooperando en el seno del GATT para reducir el proteccionismo actual, especialmente en la agricultura y en algunos productos industriales básicos y de consumo. Por otro lado, coordinando sus políticas macroeconómicas para conseguir un crecimiento más rápido y con mayor estabilidad en los tipos de cambio e interés. En tercer lugar, apoyando fórmulas multilaterales de alivio de la deuda, y para ello, colaborando con los organismos internacionales y canalizando nuevos fondos oficiales. En cuarto lugar, facilitando las relaciones entre la banca acreedora y los deudores mediante la creación de un marco fiscal, contable y de supervisión bancaria más favorable para el tratamiento de las provisiones y pérdidas. Por último, apoyando una mayor flexibilidad en las renegociaciones de la deuda oficial en el Club de París.

- La banca acreedora debe participar más activamente en el menú de opciones actual y en los futuros desarrollos en pro de una solución multilateral de la deuda y canalizar nuevos fondos privados hacia dichos países.

- Los organismos internacionales deben apoyar técnica y financieramente los programas de ajuste orientados al crecimiento de los deudores, ampliando los flujos de fondos a estos países, sobre todo buscando fórmulas multilaterales de alivio de la deuda que puedan solucionar el problema con el mínimo coste y las máximas garantías.

2. La colaboración entre todas las partes debe de tender a:

- Reducir el stock de deuda de los países en desarrollo sobre la base de, por un lado, los descuentos que ofrece el mercado secundario de deuda, y por otro, de los porcentajes de provisión de fallidos que han establecido los bancos centrales para la banca acreedora. Ello exige a su vez repartir lo más equitativamente posible los beneficios de la reducción entre los países deudores y las cargas derivadas de la reducción entre los países acreedores.

Esto a su vez exige mantener el principio del caso por caso para tener en cuenta las características específicas, estructurales, económicas y políticas de cada deudor. Y por último, promover la participación de las distintas partes involucradas en los esquemas de reducción de deuda, pero dentro de la más estricta voluntariedad en las decisiones de cada uno.