El jefe de la policía siguió la orden del Gobierno y no informó al juez

El director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, y el jefe Superior de Bilbao, Miguel Planchuelo, siguieron ayer las órdenes del Gobierno y se negaron a informar al juez Baltasar Garzón sobre los gastos reservados del Ministerio del Interior. El presidente Felipe González ordenó al ministro José Barrionuevo que no contestara sobre este asunto al juez y que ordenara a sus subordinados que tampoco lo hicieran. El Consejo del Poder Judicial pidió ayer nuevos datos a Garzón antes de tomar medidas en defensa de su independencia.

El juez, antes de tomar declaraciones a los jefes policiales, les advirtió que comparecían como presuntos inculpados en las investigaciones abiertas sobre la conexión de policías e instituciones españolas en los atentados de los GAL. La decisión de no informar sobre los gastos reservados fue tomada por el presidente del Gobierno, Felipe González, quien ordenó al ministro que respondiera de esa forma al juez Garzón, según pudo saber EL PAÍS en altas fuentes judiciales.Baltasar Garzón remitió ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una copia del escrito que había recibido del ministro del Interior, en el que éste le notificaba su decisión de no informar sobre los gastos reservados y de la orden que había cursado en el mismo sentido, "en nombre del Gobierno", a funcionarios a su mando. Garzón invocó ante el CGPJ el artículo 14 de la ley orgánica del Poder Judicial, que establece que "los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo del Poder Judicial".

El pleno del CGPJ, después de más de cinco horas de duros debates y tras coincidir todos sus miembros en la gravedad de los hechos, acordó por 11 votos que, antes de pronunciarse sobre las medidas a adoptar en protección de su independencia, el juez Garzón debe remitir los datos siguientes sobre la materia. Otros ocho vocales dan especial relevancia a la respuesta que dé Barrionuevo al último requerimiento del juez. Mientras tanto, tres vocales estiman que los datos existentes son suficientes para ponerlos en conocimiento del fiscal general del Estado, entre cuyas funciones está la de perseguir el delito y defender la independencia judicial.

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