La 'guerra de la cocaína' en Bolivia

La inminente ilegalización del 90% de los cultivos de hoja de coca en Bolivia ha sido el detonante para el estallido de un agudo conflicto social, la llamada guerra de la cocaína. Cinco campesinos productores de coca murieron el lunes en un enfrentamiento con fuerzas policiales durante la toma y la retoma del campamento de las Unidades Móviles de Patrullaje Rural. (Umopar) en Villa Tunari, uno de los pequeños poblados situados a la vera de la carretera que cruza de suroeste a noreste toda La región boliviana del Chapare.

A raíz de estos enfrentamientos, la Central Obrera Boliviana convocó movilizaciones de protesta en todo el país y las federaciones de productores de hoja de coca de los Yungas de la Paz anunciaron su propósito de "tomar la sede del Gobierno" si persiste la represión contra los productores de cocaína de Cochabamba. La oposición parlamentaria decidió, por su parte, pedir al Gobierno la expulsión de los agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA, Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos), a quienes se acusa de haber provocado los "sangrientos hechos".Cerca de 5.000 productores de coca iniciaron la madrugada del lunes una marcha hacia la ciudad de Cochabamba para participar en las movilizaciones de protesta programadas con anterioridad. A medio camino les llegó la información de que en algunas zonas del Chapare agentes de la DEA habían alentado presuntamente el uso de herbicidas para destruir los cultivos de la milenaria hoja de coca. Ello les indujo a volver sobre sus pasos y buscar al comandante de las Umopar, el coronel de policía José Luis Miranda.

Exigencias campesinas

La toma por parte de los campesinos del campamento de las Umopar se produjo alrededor de las nueve de la mañana del lunes, y durante la misma murió el campesino Eusebio Tórrez Condori, por un disparo aparentemente fortuito. Según las versiones periodísticas desde Villa Tunari, el coronel Miranda inició un diálogo para convencer a los campesinos de que dejasen pacíficamente el campamento. Éstos exigieron para ello la suspensión del uso de herbicidas en sus plantaciones de coca y la retirada de los agentes de la DEA, acusados de atropellos contra los campesinos en la lucha contra los traficantes de cocaína.Cuando el coronel Miranda se comprometía a "no usar nuestras armas en contra de los colonos" ante dirigentes campesinos, refuerzos policiales llegaban desde el Chimoré para proceder a la retoma del campamento, que estuvo casi dos horas en manos de los campesinos.

Dos periodistas, testigos presenciales de los hechos, informaron que al frente de esos refuerzos llegaron agentes de la DEA "fuertemente armados, lanzaron gases y entraron disparando en el campamento". Como consecuencia de esos disparos murieron otras dos personas.

Según el Gobierno murieron cuatro personas, dos de ellas ahogadas al caerse, cuando huían, del puente sobre el caudaloso río San Mateo. Sin embargo, testigos de los sucesos afirman que cuatro campesinos fueron arrojados desde el puente.

La movilización campesina se debe a la decisión del Ejecutivo y el Legislativo de violar acuerdos previos con los productores de coca que establecen un compromiso para dar un tratamiento especial a la producción de la hoja de coca, muy diferente al régimen represivo que pretende implantar el proyecto de ley que actualmente considera el Congreso.

Los parlamentarios han aprobado en bloque el proyecto de ley, que, en la práctica, limita a 12.000 las hectáreas destinadas al cultivo de la hoja de coca en todo el país. Actualmente, en el Chapare existen 120.000 hectáreas de plantaciones de coca, según informes de organismos no gubernamentales. A esta cifra hay que unir unas 25.000 hectáreas en los Yungas de la Paz, con una producción total superior alas 12.000 toneladas de hoja de coca anuales, buena parte de las cuales se destinan a uso tradicional, es decir, al acullico (masticación de la hojas que ancestralmente realizan los indígenas del altiplano), a prácticas medicinales y religiosas.

La destrucción obligada de las plantaciones de coca, cocales,dejará sin medios de subsistencia a más de 100.000 familias campesinas. "Ésta es una guerra", declaró a este periódico el diputado de Patria Socialista Roger Cortez, al expresar su preocupación de que los enfrentamientos "entre tropas policiales y paramilitares nacionales o extranjeras y campesinos bolivianos que defienden su producción cocalera como única fuente de recursos" se repitan en el futuro.

El Gobierno del presidente Víctor Paz Estenssoro atribuyó el enfrentamiento a "maniobras de los, traficantes de drogas", que incitan la acción de los campesinos.

Tanto la Central Obrera Boliviana como las federaciones de productores de cocaína del Chapare y de los Yungas (alrededor de 150), la Confederación de Colonizadores y otras instituciones campesinas convocaron a una movilización general. "No tenemos otra alternativa, iremos a la lucha frontal porque no nos queda otro recurso", dijo hoy Rolando Blanco, de la Confederación de Colonizadores.

Portavoces de la Embajada estadounidense en La Paz se han limitado a declarar que no tiene ningún comentario, que hacer sobre la violencia en el Chapare y que "la Embajada no tiene: planes de salida para los funcionarios de la DEA".