¿El Gobierno, contra la ley?

EL MINISTRO del Interior, José Barrionuevo, desafió ayer al juez que investiga las supuestas conexiones de policías con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y dio orden a los funcionarios citados por la autoridad judicial de que se abstengan de realizar declaración alguna en relación a los gastos reservados utilizados por el ministerio. Pero en realidad cabe deducir del texto del escrito de Barrionuevo y de la importancia del caso que no se trata de una decisión del ministro, sino de un acuerdo del Gobierno y, desde luego, de una orden de su presidente. Estamos, pues, ante un nuevo acto de desobediencia del poder ejecutivo al judicial, cosa a la que ya nos tienen acostumbrados los socialistas, poco versados en la tradición democrática de sus congéneres europeos, y muy agarraditos a su mayoría parlamentaria, absoluta pero perecedera. Por lo demás, la negativa a dar información sugiere, desgraciadamente, una especie de confesión de culpabilidad gubernamental en el caso Amedo.El subcomisario José Amedo Fouce ha sido inculpado por la justicia francesa por un presunto delito de "asociación de malhechores y complicidad en tentativa de asesinato". No se trata de un asunto menor, ni está basado en declaraciones poco fiables de personas interesadas en desviar su responsabilidad hacia otro lado. Además de esas declaraciones hay indicios serios, ampliamente conocidos por la opinión pública, de implicaciones directas de miembros de los cuerpos de seguridad en la organización y financiación de un grupo responsable de 23 asesinatos.

La policía está para prevenir los delitos e investigarlos una vez producidos. Pero aquí nos encontramos ante un caso inverso: un policía acusado de ser él el delincuente, y unos superiores suyos que se niegan a colaborar en la investigación de las responsabilidades. Que el origen y distribución de los fondos de Interior incluidos en la rúbrica de gastos reservados es relevante en la investigación judicial en curso es una evidencia: de lo que se trata es justamente de conocer si los indicios sobre una presunta utilización ilegítima de esos fondos -por ejemplo, para pagar a los mercenarios, muchos de ellos ya detenidos y condenados, tanto en Francia como en -España, autores de esos 23 asesinatos- tiene o no fundamento.

Si se admite la existencia de fondos reservados es porque, por su propia naturaleza, no se considera conveniente su publicidad. Por ejemplo, los destinados por las policías de todo el mundo a pagar informadores secretos. Ahora bien, si el Ministerio del Interior estimaba que se ponía en peligro la seguridad de determinadas personas podía haber interpuesto recurso, invocando ese u otro fundamento. Lo que en modo alguno resulta admisible es que, en una repetición del conflicto planteado con motivo de la orden de comparecencia de 90 guardias por una juez de Bilbao, un miembro del Gobierno se erija en intérprete de la ley para desobedecer la orden de un juez.

Jurídicamente, el ministro puede incurrir en el delito previsto por el artículo 371 del Código Penal, que define la desobediencia a la autoridad judicial en términos inequívocos. La intervención del fiscal general del Estado (así como la del Consejo General del Poder Judicial, encargado de velar por la independencia de los jueces frente a toda tentativa de intromisión por parte de otros poderes) resulta inexcusable. Políticamente, el atisbo de argumentación apuntado por Barrionuevo constituye la negación de los principios del Estado democrático y de derecho: lo que el ministro está transmitiendo a la opinión pública con su desplante es que los fondos reservados lo son en la medida en que, llegado el caso, pueden ser empleados para fines delictivos. Y no es así. La reserva de los fondos significa que no hay por qué dar cuenta de ellos en detalle al Parlamento ni al Tribunal de Cuentas, pero no que con ellos se puedan cometer estafas, asesinatos o cualquier otro tipo de crímenes. La actitud del Gobierno pretende hacer ver que el principio de legalidad, establecido en la Constitución, rige para todos los ciudadanos, excepto para la policía, a la que paradójicamente estaría permitido vulnerar la ley en nombre de la ley. Como el señor presidente del Gobierno es abogado y fue en su día un luchador por la democracia, no se le escapará la importancia de estas cosas.