Sobre el proceso de privatizaciones
El proceso de privatizaciones constituye un fenómeno de carácter internacional. Los autores analizan las causas de que países con Gobiernos liberales, como el Reino Unido y Portugal (en espera de la previa reforma constitucional), y también países con partidos socialistas en el Gobierno, como Francia o España, están enviando a la esfera privada empresas de carácter público.
Desde la óptica neoliberal el proceso de privatizaciones se interpreta como el final de la "concepción romántica del Estado": una prueba de que la sociedad no de sea continuar concediendo el premio al segundo concursante tras haber escuchado únicamente al primero. En otras palabras, todo lo que el mercado hace mal no tiene que ser incorporado necesariamente al sector publico, porque éste puede hacerlo incluso peor. El fenómeno de las privatizaciones se enmarca, pues, entre el énfasis progresivo sobre los parámetros de eficiencia y una menor atención hacia los as pectos de distribución que caracterizan la política económica desde la crisis de los setenta. En el caso de la economía española el exponente más claro del proceso de privatización parcial de empresas públicas, con independencia de la operación de doble sentido de Rumasa, ha sido la venta en bolsa de paquetes accionariales de empresas del holding INI.En octubre de 1986 se ofreció en bolsa el 38% del capital de GESA; en marzo de 1988, el 39% de Ence, y en mayo el 20% de Endesa, todas ellas empresas del INI. Las próximas que pueden seguir el mismo camino son Repsol, que colocará entre un 20%. y un 30% de su capital, e Iberia, que podría colocar en tomo al 45%. Y quizá más tarde Trasmediterránea, Aldeasa y Mercosa, estas últimas del grupo del Patrimonio del Estado. La experiencia vivida permite algunas reflexiones.
En primer término, el proceso de privatización de empresas públicas puede maquillar la verdadera necesidad de endeudamiento del sector público ampliado durante un determinado período.
En este sentido cabe plantear si en una situación de privatizaciones o de venta de activos públicos el déficit y la deuda neta pública constituyen los mejores indicadores de la evolución de la política fiscal-
El indicador del déficit público habitualmente utilizado como objetivo de política económica se corresponde al de necesidad de financiación. Quizá en estos momentos, en la medida en que el proceso de privatización constituye una fuente de ingresos extraordinarios de las empresas públicas que no puede mantenerse indefinidamente en el tiempo, sería de interés contar con un indicador de déficit público ex ingresos por venta de activos.
Endeudamiento público
Hasta el momento los ingresos públicos procedentes de la venta de participaciones en el capital social de las empresas públicas señaladas han supuesto aproximadamente 100.000 millones de pesetas. En concreto, durante 1988 los ingresos por esta vía ascienden a 92.000 millones, de los que el 81% corresponde a Endesa y el resto a Ence. ¿Qué efecto no tendrán estos ingresos extraordinarios sobre la cuenta de resultados del INI en 1988? ¿E indirectamente sobre el monto de subvenciones que el INI habrá de recibir por la vía de las transferencias presupuestarias en 1989?
Desde la perspectiva de la variable del stock endeudamiento público, también el proceso de privatización aconseja corregir algunos indicadores.
Cuando el sector público ampliado se enfrenta a un proceso de venta de activos empresariales, ni el concepto de deuda pública bruta, que sólo considera pasivos financieros, ni el de deuda neta, que considera activos y pasivos pero únicamente de carácter financiero, parecen indicadores demasiado correctos de la evolución de la situación deudora del sector público. En este caso el concepto de patrimonio neto del sector público, que considera tanto activos y pasivos financieros como reales, parece más oportuno.
El producto de estas operaciones de venta de empresas disminuye la deuda neta del Estado, pero no se produce una mejora equivalente en su situación patrimonial.
En resumen, aun siendo conscientes de los obstáculos prácticamente insalvables inherentes al cálculo de esta magnitud, derivados de las dificultades de valoración de activos y pasivos públicos -por ejemplo recursos naturales, capital fijo o compromisos financieros por pensiones. futuras-, el intento de aproximación al concepto de patrimonio público neto sería recomendable.
En segundo lugar, la experiencia confirma que los períodos de arrobamiento colectivo por las virtudes del mercado suelen coincidir con ciclos económicos expansivos, y éstos con los procesos de privatización; y que en las situaciones de crisis se tiende a recurrir de nuevo al sector público, de acuerdo con la imperante ideología del pragmatismo ideológico. La nacionalización de uno de los grandes bancos americanos, el Continental Illinois, resulta un ejemplo clarificador.
Por ello cabe plantearse cuál va a ser el alcance del proceso privatizador en España. En otras palabras: ¿van a conceder al Gobierno los ciclos económico y bursátil el período de gracia que le permita concluir el proceso de privatización que proyecta?
La coyuntura bursátil en el momento de privatización de una compañía condiciona de forma importante el éxito de la operación (recuérdese la amarga experiencia que para el Gobierno británico constituyó la salida a bolsa de la British Petroleum). La elección de un período u otro viene determinada, sin embargo, por el calendario previsto a medio plazo para todo el proceso de privatización, y, consecuentemente, no constituye una decisión sin restricciones para los gestores de este proceso.
Movimientos bursátiles
En cuanto a los movimientos bursátiles a corto plazo, el tiempo necesario de montaje y publicidad de las operaciones de salida a bolsa dificulta asimismo la elección de un período óptimo. Sin embargo, parece claro que las plusvalías obtenidas por los tenedores de acciones de operaciones anteriores constituyen posiblemente el factor psicológico que más afecta a la demanda y al precio de las acciones de futuras empresas que privatizar.
Todo ello no es óbice para que los gestores de las privatizaciones cuiden otros aspectos del proceso que no escapan a su control. Por ejemplo, la elección de los mecanismos adecuados de fijación de precios y del grupo idóneo de aseguradores y colocadores, así como de las garantías de transparencia del proceso. Pues aunque en nuestro país la campaña sobre el capitalismo popular no ha hecho furor como en Francia o en el Reino Unido, cualquier intento tardío de reanimarla quedaría cuestionado por la evidencia de unas colocaciones que no hubieran sido lo bastante amplias; es decir, por la presencia de paquetes accionariales en las instituciones que aseguraron el papel de otros inversores institucionales.
Asimismo parece recomendable atender a factores como los períodos de liquidación fiscal -de importante impacto psicológico sobre los ahorradores- y al análisis de la liquidez del sistema y de la oferta de papel existente en el mercado. Así, durante el período de oferta pública del paquete de acciones de Endesa, la demanda de fondos -sin considerar títulos públicos ni pagairés de empresa- se situaba en torno a los 200.000 millones entre emisiones de renta fija y ampliaciones de capital con aportaciones de fondos. De este importe, la oferta de 55.000 millones por parte de la empresa del INI en el mercado interior suponía más de una cuarta parte.
La competencia entre el papel público y privado en el mercado primario pudiera dar lugar a un efecto crowding out de nuevo cuño de la economía privada. No en vano el Gobierno francés encabezado por Chirac ha sido acusado desde diversos ámbitos de haber provocado con su proceso de privatizaciones la expulsión de las empresas privadas del mercado bursátil. ¿Podría también producirse un conflicto entre las emisiones de deuda del Tesoro y las apariciones en bolsa de empresas públicas? En la actualidad, habida cuenta de la enorme liquidez del sistema, no parece probable. El ciclo bursátil y, cómo no, el ciclo económico dirán la última palabra.
y Juan Ignacio Crespo trabajan en Gesmadrid, del grupo Caja de Madrid.
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