Agrio enfrentamiento entre AP y el PSOE en el debate sobre el tráfico de influencias

La comisión de tráfico de influencias se extinguió ayer al aprobar el Pleno del Congreso las 19 conclusiones emanadas de ella, con el apoyo del PSOE, CDS, Democracia Cristiana, PNV y el voto de Gabriel Camuñas, del Grupo Mixto. Votaron en contra Alianza Popular, el Partido Liberal e Izquierda Unida, y se abstuvo Minoría Catalana. El debate, que tomó tintes de extrema dureza entre AP y el PSOE, se convirtió en una discusión de política general sobre los modos de actuar del Gobierno y los reproches hacia los conservadores.

Para los aliancistas, la existencia del tráfico de influencias es una idea que está en la sociedad a pesar de que el PSOE "no ha querido tirar de la manta", mientras que para los socialistas AP ha querido utilizar esta comisión para crear "una ceremonia inquisitorial contra la democracia".De la intervención del portavoz del Grupo Popular, Juan Ramón Calero, se desprendía que el PSOE ha querido ocultar cualquier investigación sobre casos de corrupción, lo que resultó paradójico para el portavoz del Izquierda Unida, Nicolás Sartorius. Éste increpó al PSOE por haberse negado a investigar, no los ocho casos de ex altos cargos del PSOE que proponía AP, sino los "grandes escándalos financieros". "Nosotros, que siempre hemos sido unos pelados, no tenemos por qué temer que se tire ni de la manta ni del mantón", dijo Sartorius. Según él, esta comisión -que le negó la investigación de la situación de¡ juego en España y de la venta de unos terrenos en Doñana- ha sido un fraude a la opinión pública.

El portavoz del Grupo Socialista, Eduardo Martín Toval, preparó su discurso con numerosas citas de lo que fueron las tesis del Grupo Popular cuando en las Cámaras se debatieron las leyes de incompatibilidades de altos cargos y de parlamentarios. "Ustedes", dijo, "han estado en contra del bloque normativo que regula en España el comportamiento de los políticos, en una posición muy coherente de derechas", dijo Martín Toval. Martín Toval mostró después actas como la que recogía la intervención de Calero hace tres meses cuando se aprobó la puesta en marcha de la comisión de tráfico de influencias. Calero decía entonces que su grupo, contrariamente a lo que hizo después, no iba a pedir la investigación de casos concretos ni de nombres ni apellidos, "porque el Parlamento no es el juzgado de guardia", sino que ellos abogaban por la regulación legislativa.

Calero comenzó su intervención, en un tono solemne, afirmando que en ese acto se estaba oficiando el funeral por la muerte de la comisión que ha tenido tres meses de vida. Calero encuentra consuelo en saber que esta muerte es sólo formal, ya que "la sensación de que hay tráfico de influencias en la política española está viva en la sociedad".

El Grupo Popular intentó sin éxito -tampoco ningún otro grupo logró que prosperaran votos particulares al margen de los establecidos por la comisiónque los trabajos continuaran hasta el próximo 31 de diciembre y que fuera la comisión y no el Gobierno la que hiciera las reformas legislativas oportunas.

Minoría Catalana optó por la abstención en la votación final, al no aceptarse en el Pleno sugerencias de adición, aunque su portavoz, Josep López de Lerma, ha sido copartícipe muy activo, junto con los anteriormente citados, de las conclusiones finales. Las voces más conciliadoras fueron las de Joseba Zubía, del PNV; Gabriel Camuñas, del Grupo Mixto; Alejandro Rebollo, del CDS, y Modesto Fraile, de Democracia Cristiana.

Las críticas no fueron óbice para que el socialista Justo Zambrana, presidente de la comisión, proclamara su certeza de que nunca en la historia de España se había vivido una etapa política tan honesta como la que comenzó en 1977. Esto fue en lo único que coincidió el comunista Nicolás Sartorius, expresado con la frase de "a los de antes hay que echarlos de comer aparte".

Las propuestas aprobadas por el Pleno obligarán ahora a emprender reformas legislativas y reglamentarias que han de ser remitidas para debate antes del 31 de diciembre. Según algunas de esas normas, los parlamentarios tendrán que dar cuenta de sus actividades en un registro público de intereses; cuando cualquiera de ellos defienda una iniciativa en la que tenga intereses personales o profesionales, deberán hacerlo patente con carácter previo; y las incompatibilidades para los altos cargos de la Administración se extenderán durante los dos años siguientes al cese.