Especialistas en el régimen autonómico recomiendan un pacto con el Estado

La ampliación de competencias de las autonomías menos desarrolladas necesita un pacto previo entre el Estado y las comunidades autónomas, según las conclusiones de un grupo de expertos autonómicos reunidos en Madrid. Las conclusiones, conocidas ahora, se basan en las ponencias presentadas y los debates realizados en la Escuela Libre de Derecho y Economía, entre los días 6 y 14 de este mes. A las reuniones asistieron Santiago Muñoz Machado, Eduardo García de Enterría, José Antonio Biescas, Lorenzo Olarte, Tomás Ramón Fernández y otros expertos en la materia.Los especialistas recomiendan un acuerdo entre el Estado y las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía de¡ artículo 143 de la Constitución, antes de cualquier procedimiento de ampliación de competencias. Existen dos vías fundamentales para ello: la de transferencias del artículo 150.2 de la Constitución -propuesta por el Gobierno- y la reforma de los actuales estatutos de autonomía, sostenida por algunos gobiernos autónomos. Las ampliaciones deben tener reflejo final en el texto de los estatutos, según los expertos.

Otra de las conclusiones se refiere al acuerdo para la financiación de las autonomías, que fue adoptado en noviembre de 1986. Los especialistas advierten que ese modelo no está ajustado a los requerimientos de una ampliación de competencias, por lo que el acuerdo de ampliación exigiría también una reforma del sistema de financiación establecido en dicho acuerdo.

Las autonomías deben corresponsabilizarse en los ingresos y en los gastos, participando más activamente en la obtención directa, mediante tributos o recargos propios, de los ingresos que precisan para atender a sus propias políticas. Según esas mismas conclusiones, "deberían territorializarse nuevos impuestos y aproximarse a las técnicas del federalismo fiscal".

Problemas presupuestarios

Por su parte, el Centro Democrático y Social (CDS) ha difundido las conclusiones de otro grupo de expertos, reunido por este partido, que denuncian importantes retrasos en el envío a las Cámaras regionales de los proyectos de presupuestos en casi todas las comunidades. En 1988, seis comunidades autónomas (Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra y La Rioja) han iniciado el año con el recurso a la prórroga de los presupuestos anteriores.

El CDS opina que este marcado retraso en la presentación de proyectos presupuestarios obedece a una "calculada estrategia" del grupo en el poder -en casi todos los casos el PSOE-, que de este modo "propicia la rápida aprobación del texto, con poco margen para el debate, presionando el órgano parlamentario por una opinión pública que desea ver aprobada cuanto antes la ley". El CDS es partidario de la creación de oficinas de control presupuestario, dependientes de los correspondientes Parlamentos.