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El PSOE inicia en secreto la negociación sobre las autonomías para evitar el desgaste del Gobierno

Anabel Díez

El PSOE ha mantenido en secreto una reunión con representantes de AP, que continuará esta semana con el CDS y posteriormente con los partidos regionalistas, con el fin de intentar un acuerdo global o pacto de Estado en torno a las comunidades autónomas que se rigen por el artículo 143 de la Constitución y demandan mayores cotas de autogobierno. Los socialistas llevarán el peso de la negociación, y sólo cuando estén limadas todas las asperezas intervendrá el Gobierno. De esta manera, el PSOE quiere tomar la iniciativa en los conflictos y evitar "el desgaste" del Gobierno.

El secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas, en nombre de la comisión ejecutiva federal, ha mantenido un primer encuentro con una delegación de AP presidida por Alberto Ruiz Gallardón, vicepresidente del partido conservador y continuará esta semana con otra del CDS, encabezada por el secretario general, José Ramón Caso, con el objetivo de convencerles para que atemperen las ansías autonomistas de las comunidades donde gobiernan o tienen una representación decisiva. Los socialistas quieren impedir a toda costa que el proceso de ampliación de competencias se realice comunidad por comunidad, por lo que propondrán un pacto global o lo que llaman un pacto de Estado de las Autonomías.Tras las conversaciones con los partidos de implantación nacional, Benegas tiene previsto establecer negociaciones con los partidos regionalistas, y especialmente con el presidente del Ejecutivo aragonés y presidente del Partido Aragonés Regionalista (PAR), Hipólito Gómez de las Roces. Según este esquema, y una vez que exista un compromiso "de Estado" por parte de todos los partidos, entraría en la negociación el Gobierno. Aunque en la reunión celebrada los pasados días con AP estuvo presente el ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, se puso de manifiesto que era una reunión "entre partidos", según las fuentes informantes.

Este modo de negociación -primero el PSOE y una vez allanado el camino el Gobierno- quiere ser una práctica habitual según la estrategia diseñada por la comisión ejecutiva federal del PSOE a fin de evitar al Ejecutivo el lógico desgaste que produce todo proceso negociador. Los miembros de la ejecutiva federal Francisco Fernández Marugán y José Luis Corcuera han inaugurado ésta práctica al negociar la solución para los conflictos de los astilleros del norte de España, de cuyo resultado han quedado satisfechos en lo que respecta a Astano aunque persisten las dudas sobre los de Euskalduna, cuyos trabajadores celebran mañana un referéndum. La propia Constitución es el instrumento al que apelan los Gobiernos autónomos, principalmente los no gobernados por socialistas, para pedir un incremento de competencias.

El artículo 148.2 de la Constitución es el precepto que sirve de argumento: "Transcurridos cinco años y mediante la reforma de sus estatutos, las comunidades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149."

Ese artículo recoge todas las materias sobre las que el Estado tiene competencias exclusivas. Son 10 comunidades autónomas las que pueden aspirar a un mayor techo competencia¡.

El conflicto entre el Gobierno central y las comunidades autónomas de vía lenta surge en tomo a cómo puede producirse la ampliación de competencias: sí a iniciativa de los interesados o por delegación, gubernamental, en virtud del artículo 150.2 de la Constitución. El PSOE tratará que todos se aferren a ese artículo.

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Sólo entre presidentes

La iniciativa de la comisión ejecutiva federal del PSOE de comenzar las negociaciones con los partidos de implantación nacional y después con los regionalistas puede venir a desbloquear el parón producido por el hecho de que hasta ahora los presidentes de Gobiernos autónomos sólo querían tener como interlocutor al presidente del Gobierno, Felipe González, y no al ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia. Ahora, González sólo intervendrá al final del proceso, si es que llega a buen fin.Aunque a los Gobiernos autónomos -especialmente a los de Castilla y León, Cantabria y Aragón- la actitud del Gobierno central pueda parecerles timorata, lo cierto es que su actitud ha variado notablemente en los últimos meses, ya que en un principio esta era de absoluta cerrazón al negarse a cualquier posibilidad de ampliación. El cambio de política se decidió entre el presidente del Gobierno, Felipe González, y el ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, el pasado mes de diciembre por la fuerza de los hechos, esto es, ante la pérdida de la mayoría socialista en diversas comunidades, lo que les colocaba en la disyuntiva de negarse a todo o negociar.

La negociación, en cualquier caso, no se saldrá del marco del artículo 150.2 de la Constitución: "El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado".

El secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas, en unas conversaciones iniciales con los representantes de AP, ha dejado claro que la iniciativa para las eventuales reformas siempre será del Gobierno central, a través de ley orgánica, y no de los Gobiernos autónomos, aunque siempre de acuerdo con los afectados.

Los socialistas quieren tener lo antes posible un cuadro exacto de los deseos de los Gobiernos autónomos en cuanto a las parcelas que quisieran gestionar, sobre todo si están dispuestos a aceptar las transferencias de Educación y Sanidad.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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