Las inmoralidades de la religión

La depuración de dos teólogos en Granada y la destitución de dos directores de revistas eclesiales dan pie al autor para reflexionar sobre la actitud de abierta reticencia que la Iglesia católica adopta frente a los que se oponen a lo que resulta la línea oficial de su doctrina.

La Prensa diaria nos ha ido dando noticia de la depuración de dos teólogos en Granada y de la destitución de Benjamín Forcano de su puesto en la revista Misión Abierta. La noticia parecería mínima: un asunto interno que atañe a jesuitas y claretianos. La noticia coincidía, precisamente, con la lectura del libro más reciente del filósofo inglés A. Kenny, quien dedica los dos últimos capítulos a las relaciones entre la moral, la religión y la Iglesia. La coincidencia, naturalmente, se daba en mí. La destitución citada o el impuesto religioso están ahí sin Kenny o sin mí.Es una tentación comentar lo que dicho filósofo escribe sobre el llamado aborto o interrupción voluntaria del embarazo. La habilidad que muestra A. Kenny al aprovechar la distinción filosófica entre un individuo y la especificación de propiedades individuales es de la mayor utilidad a la hora de encontrar argumentos a favor de la interrupción del embarazo, al menos en un momento dado. Incluso podría animar a muchos teólogos a revisar su doctrina contra el aborto, en función de otra que les debía de ser muy conocida: sólo hay individuos humanos distintos cuando hay materias realmente distintas.

No voy a seguir con la despenalización del embarazo por largo que sea el brazo de la Iglesia en este asunto. Ni diré palabra alguna sobre la extraña financiación a esa misma Iglesia por medio del impuesto religioso.

Mi objetivo se reduce a las remociones, destituciones; es decir, a las depuraciones antes mentadas.

Kenny señala cómo en los años más recientes, y contra la corriente de la tradición liberal en la que veníamos moviéndonos, la intromisión de la Iglesia o de los eclesiásticos en los asuntos de gobierno ha sido creciente. No se trata sólo de los conocidos casos de Polonia o Nicaragua, sino también, por ejemplo, el de los obispos de EE UU contra la utilización de las armas nucleares, o el del cardenal Sin en apoyo de Cory Aquino. Uno puede ver con mejores ojos a unos o a otros, pero el problema no es de simpatías, sino el viejo tema de la autoridad que pueda tener el eclesiástico para meterse, en cuanto tal, en la esfera civil.

Se me puede responder que dicho problema está resuelto desde hace tiempo, al menos en lo que hace a la relación entre la Iglesia como institución y el Estado. Pero de ese problema no voy a decir nada. Me interesa otro más complicado y, desde luego, actual: el de la intervención de la propia Iglesia en sus asuntos y la responsabilidad moral y política de los que estamos fuera.

Problema moral

Lo que ha sucedido con los teólogos y con Forcano -que también es teólogo- ¿es algo, que sólo importa a los que practican las creencias en cuestión, o se da en este conflicto un problema moral al que ha de responder cualquiera, independientemente de su adscripción religiosa?

Parecería, de entrada, que nada hay que decir desde fuera de la institución. Ésta tiene sus reglas y las aplica a los miembros de tal comunidad, puesto que dichos miembros las aceptan voluntariamente. Todo se resolvería, por tanto, intramuros. Una mirada más atenta nos indica que la situación no es tan simple. Porque ocurre que los individuos que han sufrido y sufren la sanción son personas que desarrollan una actividad al compás de otros movimientos sociales que van mucho más allá de la Iglesia. Así, si un clérigo decide defender solidariamente a un país determinado (piénsese en Nicaragua) o defender una política interior y exterior determinada (piénsese en la entrada o no de España en la OTAN), su actividad desborda la institución para entroncarse en la sociedad en que vive, al margen de lo que la Iglesia, en cuanto tal, opine en tales materias. En este caso parece, en consecuencia, que a una solidaridad hay que responder con otra. Y parece, por tanto, que el asunto es político y, más concretamente, moral. Es político porque la sanción ataca, indirectamente, las opciones políticas compartidas. Y es moral porque requiere la solidaridad ideológica y humana de los que piensen como los que han sido sancionados.

Todavía más, el asunto es específicamente moral porque la actuación eclesial exige que se tome postura respecto a los principios morales de la institución. Así, e independientemente de las interpretaciones que se puedan dar con mayor o menor corrección de la Biblia, se puede -se debe- criticar el hecho de que un niño muera porque sus padres, basándose en alguna de esas interpretaciones, no permiten que se le haga una necesaria transfusión de sangre. Igualmente, y al margen de las normas de obediencia que pueda tener la Iglesia o una determinada orden dentro de ella, se puede -se debe- criticar que se deponga de un cargo a quien libremente se expresa o actúa justamente en el mundo, profano, de todos los días. Porque, nobleza obliga, si se los depura es precisamente porque piensan como muchos de nosotros. Para ser más exactos: porque ellos y nosotros, en muchas cosas, pensamos igual.

Juicio moral

Si antes nos referimos a la creciente influencia de los eclesiásticos en política -muchas veces saludable, aunque casi siempre confusa-, habría ahora que decir que ha llegado el momento de invertir la situación, al menos en lo que atañe al juicio moral.

Más acá de Dios y más allá del César y, desde luego, por encima o por debajo de la teología, que no así de la moral, algunos creemos que los disidentes aludidos tienen razón. Por lo menos creemos que los que les condenan no tienen razón. El primer paso para estar con ellos es decirlo públicamente.