El Gobierno cambiará tres leyes para cumplir las conclusiones de la comisión de tráfico de influencias

La comisión de incompatibilidades y tráfico de influencias terminó ayer sus trabajos con la elabo ración de un informe que será de batido en el Pleno del Congreso de la próxima semana y al que se presentarán votos particulares, aunque el informe fue aprobado por unanimidad. El documento tiene 19 conclusiones que obliga rán al Gobierno a que modifique la ley general electoral, la de in compatibilidades de altos cargos y el código mercantil. La comi sión aconseja que se introduzca en el derecho español una figura delictiva relativa al uso de información privilegiada.Por otra parte, el representante del CDS en la comisión, Alejandro Rebollo, ha elaborado un informe interno para su partido en el que critica duramente a Alianza Popular al considerar que este partido pretendía autoexcluirse de la investigación y perjudicar al CDS.

Las 11 primeras propuestas del dictamen de la comisión, al que ha tenido acceso este periódico, se centran sobre todo en el establecimiento y carácter de los distintos registros de intereses con el apunte de que las mesas del Congreso y del Senado deben aprobar dos modelos de cuestionarios: uno para las declaraciones de actividades y otro para las de bienes patrimoniales, cuyo contenido garantice la más completa referencia a unas y a otras.

Asimismo, debe mantenerse la obligación de actualizar las declaraciones cuando se modifiquen las circunstancias económicas de los declarantes.

Los diputados y senadores que tengan interés personal o profesional en un asunto que sea objeto de trámite parlamentario deberán manifestarlo en el registro o antes de su intervención en comisión o pleno, señala la propuesta quinta en lo que pretende ser una aproximación al funcionamiento de los lobbies -grupos de presión-.

"La obligación de abstención o inhibición contenida en la ley de incompatibilidades de altos cargos debe extenderse durante los dos años siguientes al cese, a la gestión de asuntos que hayan resuelto cuando eran titulares de un alto cargo", señala otra propuesta, esta vez dirigida a los ex altos cargos. El Gobierno será el encargado de controlar las actividades de estas personas para quienes seguirá abierto el registro de intereses durante los dos años posteriores a su cese.

La comisión estima conveniente "el estudio de la normativa vigente en materia de contratos del Estado y su aplicación al conjunto de las administraciones públicas". El Gobierno tiene obligación de remitir al Congreso los proyectos normativos precisos para dar cumplimiento a lo encargado por la comisión antes del 31 de diciembre.