Jueces para la Democracia acusará al poder público de no defender la Constitución

El III Congreso de Jueces para la Democracia, que reunirá del 3 al 5 de junio próximo en Santiago de Compostela a unos 150 jueces y magistrados -sobre un total de 241 asociados-, hará un pronunciamiento crítico sobre el Parlamento, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación con la defensa de la Constitución.

Un documento preparado por el magistrado Luciano Varela, del secretariado de Jueces para la Democracia, reprocha al Parlamento y al Gobierno que no defiendan los principios y garantías constitucionales, y denuncia la complicidad permanente" del órgano de gobierno del poder judicial, incapaz de "medirse con los otros poderes del Estado".En el informe -bien recibido por el sector más izquierdista de la asociación judicial progresista- se estima que en el plano legislativo "persisten criterios poco compatibles con las garantías constitucionales en la elaboración de los instrumentos jurídicos para la represión del terrorismo y en las opciones de política criminal vigentes en la legislación penal". Como ejemplos "especialmente preocupantes", se refiere a la reciente reforma de los delitos contra la salud pública o a la no descriminalización de determinados supuestos de aborto.

En cuanto al Ejecutivo, el documento señala que tanto la actuación como la inhibición del Gobierno "resulta motivo de profunda preocupación en lo que a la efectividad de los valores constitucionales se refiere". En concreto, el documento describe numerosas actuaciones del aparato policial y las operaciones "que le convierten en noticia periodística", "tan frecuentes como larnentables". Resalta, en cambio, la pasividad de ese mismo aparato policial para someter a los tribunales conductas como las que atentan a los derechos de los trabajadores o a intereses colectivos protegidos por el Código Penal.

En el informe de Varela, sobre el que existe división de criterios en el seno del secretariado, se denuncia al órgano de gobierno del poder judicial por lo que denomina su "asignatura pendiente": su capacidad para "medirse con los otros poderes del Estado". Como motivos de esta actitud sugiere la ausencia de un marco de competencias adecuado" y la "falta de voluntad política". En contraste con esta pasividad, destaca que el CGPJ es proclive a "desencadenar los mecanismos disciplinarios".

El jurado, urgente

La introducción "de manera urgente, aunque gradual", de la institución del Jurado es una de las propuestas elaboradas por los magistrados Juan Alberto Belloch y Juan Luis Ibarra, autores de la ponencia sobre Control democrático de los órganos judiciales y de los órganos gubernativos del poder judicial. Frente a las posiciones del Ministerio de Justicia y de los sectores jurídicos que consideran la institución del Jurado "perturbadora" en el. momento actual para el aparato de la justicia, los ponentes estiman que la instauración del Jurado "dinamizaría el proceso de reforma en profundidad de, nuestro sistema penal". Asimismo, denuncian a "quienes se escudan en el mal funcionamiento de la administración de justicia", dice, para retardar sin plazo el Jurado.

Otras fórmulas de control que se proponen son la descriminalización del delito de desacato -que facilitará la crítica en profundidad de los órganos judiciales y de su contribución a la "realización de los valores constitucionales"-, la creación de un defensor público -para desempeñar un papel análogo al de acusador públIco que asume el fiscal-, la eliminación de los obstáculos al ejercicio de la acción popular, así como la ampliación de las funciones del Defensor del Pueblo sobre la justicia y su legitimación para interponer recursos en las causas judiciales sobre defensa de derechos fundamentales.

Como medios de control democrático el informe propone, "siquiera sea a largo plazo, un modelo de designación electiva de todos los jueces", comenzando por la elección por los ciudadanos de los jueces de paz.