Miedo al fuego

La mayoría de los 117 municipios madrileños considerados de alto riesgo en época estival carece de planes básicos de prevención contra los incendios forestales. La Comunidad teme que las condiciones climatológicas propicien este año un verano caliente como el de 1985, en el que ardieron más de 7.000 hectáreas de monte. El Gobierno regional gastará 450 millones en la prevención de incendios forestales, fundamentalmente para pagar la contratación de 700 personas que durante el verano se agruparán en cuadrillas forestales y reforzarán el personal de los parques de bomberos.

De acuerdo con el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Madrid (Infoma), que se aplicó por primera vez el año pasado, los Ayuntamientos están obligados a redactar y actualizar periódicamente planes de prevención de incendios forestales. Entre otros requisitos, los Ayuntamientos deberán elaborar mapas de peligro en los que han de figurar las masas forestales, los núcleos de población, los puntos de agua y los accesos a las pistas forestales en los municipios.El director de Protección Ciudadana, Enrique Echegoyen, ha reconocido que sólo algunos Ayuntamientos de tamaño grande y mediano disponen de planes que desarrollan algunas de las medidas elaboradas por el Gobierno regional. La mayoría de los 117 municipios considerados de alto riesgo en temporada estival carece de planes locales de prevención.

Fuentes de la Comunidad señalan que la elaboración de estos planes está también pendiente de la aprobación de la norma básica de Protección Civil, que tendrá que delimitar las competencias y responsabilidades de Ayuntamientos, empresas y otros organismos en este tipo de siniestros.

La labor preventiva de los Ayuntamientos se limita en la mayoría de los casos a difundir la circular sobre incendios forestales y a publicar un bando anunciando las prohibiciones. En caso de incendio, los alcaldes son los responsables de la movilización de las cuadrillas de retén y pueden incluso requerir la ayuda de personal civil para cooperar en la extinción.

La Comunidad intenta paliar la escasez de recursos de los municipios más pequeños, y dispone desde hace tiempo de un amplio estudio sobre los riesgos forestales en la región. El Gobierno regional reforzará este año la plantilla contra incendios con más de 700 personas, integradas en cuadrillas forestales y como personal de refuerzo de los 16 parques de bomberos instalados en las zonas de alto riesgo de la región. El presupuesto global de estos refuerzos ronda los 450 millones de pesetas. El Plan de Lucha contra Incendios Forestales establece también una larga lista de prohibiciones en época de peligro y prevé la actuación en cadena de bomberos, Ayuntamientos, Comunidad, Delegación del Gobierno y Fuerzas Armadas.

El consejero de Agricultura y Cooperación, Virgilio Cano, ha expresado su temor por que este año se alcancen cotas similares a la del verano de 1985, cuando los incendios llegaron a unas cotas que no se recordaban desde 1968: más de 7.000 hectáreas de monte y 5.000 hectáreas de pastos quemadas.

Las lluvias de esta primavera han propiciado un crecimiento exagerado de maleza, que una vez desecada se convierte en una balsa de aceite en la propagación del fuego. A las causas naturales se une inevitablemente la imprudencia humana, causante de más del 90% de los incendios.

Fuertes sanciones

Encender un fuego en zona forestal o abandonar una hoguera sin que esté totalmente extinguida puede dar lugar a sanciones de hasta medio millón de pesetas (o 30 días de arresto sustitutorio) en época de alto riesgo. El Gobierno regional ha aprobado recientemente una circular por la que establece una larga lista de prohibiciones entre el 15 de julio y el 16 de octubre en 117 municipios.Hasta bien entrado el otoño no se podrá, salvo en casos autorizados, encender fuego en el campo ni acampar fuera de las zonas señalizadas, ni arrojar basuras, utilizar cartuchos con tacos de papel para la caza y otras actividades. La lista de prohiciones es bien larga; la de sanciones, también; entre 5.000 y 500.000 pesetas, aunque la mayoría de las multas no rebasan por lo general las 5.000 pesetas.

Las prohibiciones coexisten con las obligaciones, la más importante de las cuales es ayudar en la extinción. Una persona que se niegue a hacerlo puede ser multada con 5.000 pesetas.