Militares de la República piden al fiscal que se acabe con su discriminación

Luis Roldán, abogado de la Asociación de Aviadores de la República (ADAR), ha enviado un largo escrito a la Fiscalía General del Estado para pedir que el Ministerio de Economía, y concretamente la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, cumplan las sentencias de diversos tribunales de justicia en las que se reconocen derechos a recibir pensión a diversos colectivos de militares republicanos. En el escrito, se solicita que estos colectivos no sigan siendo "objeto de discriminación" por parte del Gobierno.El documento, enviado al fiscal general del Estado, Javier Moscoso, el pasado 16 de mayo, destaca sobre todo el hecho de que ya hace nueve meses que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia favorable a los militares de la República y, aún no se ha dictado norma alguna para cumplir esa sentencia, de fecha 7 de julio de 1987. Concretamente, el Constitucional declaró inconstitucionales dos artículos de la Ley de 1984 sobre derechos de los militares republicanos.

Pensiones

El primero de esos artículos señalaba que no podían considerarse militares profesionales quienes se hubieran incorporado como tales a los ejércitos con posterioridad al 18 de julio de 1936, día en que comenzó la guerra civil española. Al no considerar profesionales a esos militares, las pensiones que les reconocía la ley de 1984 eran mucho más bajas.A pesar de que el Tribunal Constitucional emitió la citada sentencia en julio del año pasado, la Administración española aún no ha tomado medida concreta alguna para que los militares afectados reciban las pensiones que les corresponden. Esta actitud se produce cuando la edad media de los beneficiados es superior a los 70 años y, por tanto, varios de ellos fallecen anualmente.

Pero no sólo es la sentencia del Constitucional, en opinión de Roldán, la única que incumple la Administración española, ya que, como expone en su escrito al fiscal general, tampoco otras decisiones judiciales están siendo respetadas por el Ministerio de Economía.

Para el abogado de ADAR, la Dirección General de Costes de Personal y la Subdirección de Pensiones Públicas -integrada en la anterior- están adoptando una serie de decisiones "que ya resulta forzoso considerar como claramente tendentes a obstaculizar, o cuando menos a dilatar", el cumplimiento de decisiones judiciales.

Así, Roldán afirma en el documento que la Subdireción de Pensiones se declara incompetente a la hora de aceptar y conocer las solicitudes enviadas por los militares que ingresaron en los ejércitos con posterioridad al 18 de julio.

Esta situación de los militares republicanos ante la Administración está originando numerosas protestas contra el Ministerio de Economía, donde suelen limitarse a aconsejar la presentación de recursos.