La ley y la bomba

TODO FUE legal", es la contestación escueta del Ministerio del Interior sobre el asalto a mano armada que una familia y un local público de Leganés (Madrid) sufrieron en la madrugada de ayer por parte de los Grupos Especiales Operativos (GEO). Con lo que se sancionaba la legalidad de la impericia policial y política.Toda acción antiterrorista entraña el riesgo de consecuencias negativas para sus testigos inocentes. Pero de ahí a que cualquier desaguisado sea lo que Fraga llama "cargas de la ciudadanía" hay un trecho muy grande. El concepto de que en la lucha contra el terrorismo todo vale y de que resulta desafortunado pero inevitable que algún espectador acabe gravemente perjudicado es una falacia impuesta por lo que se considera expeditivo en el combate contra esta moderna plaga.

La ciudadanía no debe soportar más cargas que las que contempla la ley; las demás son ilegales, sea quien sea quien las aplique y sea cual sea su justificación. Y es preciso saber qué norma legal concreta amparó la barbarie de los GEO, es decir, qué les ha permitido a éstos conculcar la inviolabilidad de domicilio prevista en la Constitución. Sólo es posible, retorciendo el argumento, encontrar un apoyo lejano en el artículo decimosexto de la aberrante ley antiterrorista, que permite a los cuerpos y fuerzas de seguridad la permi detención de presuntos terroristas sin necesidad de previa autorización judicial -lo que evidentemente no es el caso-. Hay que preguntarse, ese artículo convierte automáticamente a los españoles en sospechosos a los ojos del Gobierno y extiende un cheque en blanco a las fuerzas del orden. En ese caso, la ineficacia probada de la ley antiterrorista -inconstitucional por tantas razones- para luchar contra el terrorismo sólo, será comparable a su utilidad patente para atemorizar a la población.

En materia antisecuestros, el Gobierno de Felipe González lo ha ensayado todo, desde la ocupación paramilitar de barrios enteros hasta el bombazo de los GEO en las puertas de la casa de Leganés. El Nani desapareció por mor de la lucha contra el terrorismo, y el policía Amedo se ve envuelto en graves acusaciones criminales por su presunta implicación en el asunto de los GAL (terrorismo antiterrorista, según el Gobierno socialista gusta de dictaminar). Muchas veces hemos tenido oportunidad de señalar que junto a los destrozos y daños causados directamente por la barbarie criminal de ETA deben contabilizarse también los daños morales en el cuerpo social, el descrédito de la democracia y sus métodos, la perversión de la autoridad o la'lenidad ante la conculcación de valores básicos del Estado de derecho. La tortura inadmisible y cruel a la que está siendo sometido el industrial Revilla por parte de los maflosos de ETA no puede ser pretexto ni razón para que el aparato del Estado pierda los nervios. La máxima de que contra el terrorismo vale todo es indigna de cualquier sensibilidad democrática, pero es además, y según puede comprobarse, estúpida.

Hace bien poco, Felipe González reconocía el desgaste de su ministro de Educación. ¿Para cuándo reconocer que es inhumano mantener en el puesto de Interior a hombre tan inepto y político tan mediocre como el que ocupa el cargo? ¿Cuántas torpezas, abusos, extralimitaciones, arrogancias, debe cometer este equipo de insensatos administradores del orden público para que los españoles recibamos finalmente la gracia de su destitución? .