Papel mojado

LA FALTA de medios o el burocratismo, unas veces, y la actitud escasamente colaboradora de los interesados, otras, están convirtiendo el régimen de incompatibilidades de los altos cargos en poco menos que papel mojado. Un informe de este periódico (EL PAIS, 16 de mayo de 1988) revela que de los 1.500 altos cargos incompatibles sólo una tercera parte están sometidos a control. Del resto, la Inspección General de Servicios, órgano encargado del seguimiento de las incompatibilidades con la ayuda del ordenador Rita, no sabe nada, y, por tanto, no existe la posibilidad de exigir responsabilidades a los infractores de la ley.La democracia española ha ido tejiendo en los últimos años, y pese a las fuertes resistencias de muchos de quienes ahora hacen bandera de la lucha contra el tráfico de influencias, un entramado legal de incompatibilidades de los altos cargos, los parlamentarios y el personal al servicio de las administraciones públicas. Uno de los objetivos es "la solidaridad y moralización de la vida pública". Es más que cuestionable la conveniencia de mezclar conceptos morales con el positivismo que debe presidir la norma jurídica. Pero establecido el objetivo, siempre resulta más ejemplar la conducta de quienes ejercen funciones políticas o representativas que la de los que forman tropa en las filas del funcionariado en general. Las incompatibilidades que afectan a estos últimos, fundamentalmente la que impide la percepción de dos sueldos del Estado o la que deriva de horarios coincidentes de actividades en sí mismas compatibles, se aplican a rajatabla, a pesar de los intereses corporativistas y de las situaciones creadas que los colectivos funcionariales más privilegiados han enarbolado contra la medida, lo que no ha supuesto en cualquier caso, un avance en el objetivo de aumentar los niveles de eficacia y productividad de esos mismos funcionarios, cuya probable mayor dedicación nominal a la Administración no parece haberse traducido, ajuzgar por los resultados, en un más adecuado nivel de competencia.

Sin embargo, existe en ese caso un sistema efectivo de incompatibilidades y se aplica. No puede decirse lo mismo cuando se trata de quienes se mueven en el área del poder político. Y así ha ocurrido que un ex ministro socialista, Joan Majó, ha podido mantener durante meses hasta tres sueldos incompatibles entre si, sin que el más rudimentario sistema de control hubiese apreciado tan flagrante irregularidad. Y dicha situación hubiera podido prolongarse hasta el infinito si el propio interesado no hubiese renunciado a su condición de diputado sólo después de ser advertido de que su situación iba a hacerse pública en un medio de información. Y lo peor de todo: nadie ha pedido después responsabilidades al interesado, vinculado ahora a empresas con las que estuvo en contacto durante su paso por el Gobierno. Por haber utilizado en benefició propio, una vez reintegrado a la actividad privada, los contactos que adquirió en su condición de alto funcionario, cumple condena de cárcel en Estados Unidos Mike Deaver, ex íntimo colaborador del presidente Reagan.

La comisión parlamentaria para la investigación del tráfico de influencias, sometida al fuego cruzado de la demagogia de unos y la prepotencia de otros, puede disolverse próximamente en medio del más espantoso de los ridículos. Si fuese capaz, al menos, de elaborar una legislación que regule la actuación profesional de los altos cargos en el período posterior a su paso por la Administración y la de quienes acuden a los despachos oficiales en defensa de determinados intereses, ese ridículo estaría compensado. Pero no está nada claro que una iniciativa así vaya a prosperar. A la hora de la verdad habrá que ver la reacción de quienes más vociferan ahora contra el tráfico de influencias y la de quienes se han acostumbrado en el último lustro a convivir con el poder.