La posición española en la cooperación CE-EFTA

Los seis países que hoy forman parte de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) -Suecia, Suiza, Austria, Noruega, Finlandia e- Islandia- mantienen con la Comunidad Europea (CE), desde el 1 de enero de 1973, unos acuerdos de libre cambio que han dado lugar a la mayor zona de libre cambio para productos industriales del mundo. España, después del período transitorio -es decir, el 1 de enero de 1993-, estará integrada totalmente en la misma, y los productos industriales de los países comunitarios y los de la EFTA serán importados en España con arancel cero, y recíprocamente, las exportaciones industriales españolas a estos mercados.En abril de 1984, por primera vez, se reunieron los ministros de la CE y de la EFTA, y confirmaron en la denominada declaración de Luxemburgo la voluntad de extender la cooperación más allá de los acuerdos de libre cambio, con el objetivo ambicioso de crear un espacio económico europeo que incluyera a los países de la CE y de la EFTA. Desde entonces se han producido ciertos avances, tales como la adopción del documento aduanero único (DAU), la del régimen de tránsito común, el acuerdo multilateral carretera-ferrocarril en el transporte de mercancías y algunas mejoras en las reglas de origen, pero posiblemente el de mayor contenido económico ha sido el de la extensión de los acuerdos de libre cambio entre la CE y la EFTA a la Comunidad ampliada, como consecuencia de la adhesión de España y Portugal.

A raíz de la aprobación por el Consejo de Ministros de la CE, en 1986, del programa del Libro Blanco de la comisión sobre la realización del mercado interior surgió entre los países de la EFTA la preocupación de que este proceso pudiera dar lugar a nuevas barreras en las fronteras comunitarias y, sobre todo, mostraron su interés en no quedar desconectados del mismo.

Por parte comunitaria no sólo se ha señalado que el mercado único no iba a significar un aumento de las barreras frente a terceros, sino que el consejo del 15 de septiembre de 1986 reafirmó su determinación en continuar sus esfuerzos para consolidar la cooperación con la EFTA, al mismo tiempo que la Comunidad progresa hacia la consecución del mercado interior, e "invitaba a los Estados de la EFTA a tomar medidas convergentes con la finalidad de crear un espacio económico europeo dinámico".

Por parte de los miembros de la EFTA se daba la bienvenida a esta iniciativa comunitaria y se destacaba la necesidad de un paralelismo entre esta y otras políticas comunitarias, por un lado, y la evolución de la cooperación CE-EFTA, por otro.

Se identificaron nuevos campos en que la cooperación era posible entre la comisión y los países de la EFTA: controles fronterizos, servicios, ayudas de Estado, propiedad intelectual e industrial, movimientos de capital, imposición indirecta, responsabilidad de producto y educación. Además de estas áreas, se estaba ya trabajando en otras, como las barreras técnicas al comercio, reglas de origen, restricciones cuantitativas a la exportación, la transparencia en los sistemas de compensaciones de precios para los productos agrícolas transformados, compras públicas y medio ambiente.

Nuevas relaciones

En mayo de 1987, en la reunión entre la comisión y los ministros de la EFTA, el comisario De Clerq, en su discurso, estableció los tres principios en que deben basarse las relaciones CEEFTA:

1. La integración comunitaria tiene prioridad.

2. La autonomía de las decisiones comunitarias debe ser preservada.

3. Equilibrio entre beneficios y obligaciones. En relación a este tercer principio, De Clerq mencionó por primera vez ante sus interlocutores de la EFTA el nexo existente en la CE entre mercado interior y cohesión.

Asimismo existen las diferencias propias entre los avances intercomunitarios para lograr el mercado interior, en los que el Acta única ha establecido el voto mayoritario para la mayor parte de los asuntos, por una parte, y el espacio económico europeo, por otra, con la estructura institucional de la EFTA.

No obstante, es evidente que existen posibilidades para una amplia cooperación.

Por parte española se ha manifestado claramente que se comparte el objetivo de la creación del espacio económico europeo, y ello tanto por razones económicas como políticas.

Pero en lo referente a la posible extensión del mercado interior a los países de la EFTA se ha destacado que España, en el seno de la Comunidad, ha puesto el énfasis en que el desarrollo de las políticas comunes y de mercado interior tenga en cuenta el objetivo de la cohesión económica y social, y en particular la reducción de las diferencias entre las diversas regiones y del retraso de las menos favorecidas; luego no habría sido consecuente si hubiera apoyado la extensión del mercado único a los países de la EFTA sin que éstos participen en el esfuerzo de solidaridad mencionado.

Ahora bien, es conveniente evitar que se identifique cohesión solamente con una contribución financiera que los países más competitivos, y que serían inicialmente los más beneficiados de la consecución del espacio económico europeo, tendrían que hacer a los menos competitivos. Efectivamente, los fondos con finalidad estructural tendrían su papel, que sería similar al que cumplen a nivel comunitario, pero deben ser tenidas en cuenta otras posibilidades de cooperación.

Los acuerdos de libre cambio afectan fundamentalmente a productos industriales, y el 26% de la exportación española a estos países son productos agrícolas. Por parte de los países de la EFTA, el 93% de sus exportaciones a España son productos industriales, y, por tanto, se beneficiarán del arancel cero a partir de 1993.

Por esta razón, se ha defendido la eliminación de las trabas que, incluso después del período transitorio, seguirán teniendo las exportaciones agrícolas españolas a los países de la EFTA, como otra forma de reforzar la cohesión.

Dado que nuestros barcos de pesca no pueden faenar en las aguas jurisdiccionales de los países con costa de la EFTA (excepción hecha del caladero de Svalbard y de una pequeñísima cuota en Noruega), se ha propugnado la mejora del acceso a los recursos pesqueros de estos países como otro factor de equilibrio.

Mayor cohesión

Finalmente, y de acuerdo con el artículo 130 B del Acta única, se ha defendido que en la extensión de cada política común o de mercado interior se tenga en cuenta el criterio de la cohesión económica y social. Es decir, que en cada una de estas políticas se aplique un trato más favorable a los países más desfavorecidos. Por ejemplo, en la cuestión de las ayudas de Estado y las políticas de defensa de la competencia, debe tenerse en cuenta al examinar las ayudas a las empresas y a la inversión, y admitirse la posibilidad de que la ayuda sea proporcional a la desventaja de localización que padecen las regiones desfavorecidas. Otro ejemplo serían los programas de investigación y desarrollo, donde los criterios de selección de proyectos deben tener en cuenta la posible contribución de los mismos al equilibrio regional.

A propuesta del ministro alemán y presidente del consejo de la CE, Bangemann, se reunieron en Bruselas los ministros de los doce, la comisión y los ministros de los países de la EFTA para reafirmar la voluntad política de desarrollar la cooperación desde la perspectiva del mercado interior. Este impulso político se concretó en una declaración conjunta que reitera el objetivo de la mencionada declaración de Luxemburgo sobre la creación de un espacio económico europeo y recoge, a nivel de principio, la tesis española, estableciendo en su primer punto como objetivo la reducción de las disparidades económicas y sociales entre las diferentes regiones, y posteriormente destacando la prioridad que la CE confiere a la cohesión en la consecución del mercado interior. Hay una tercera referencia a otros campos de cooperación, en los que hay la determinación de avanzar y en los que se tendrá totalmente en cuenta la implantación del Acta única. Es la primera vez que en una declaración conjunta CE-EFTA se introducen este objetivo y estas consideraciones, que, por otra parte, no son más que una extensión de la filosofía existente a nivel comunitario.

En el mismo contexto de nuestra posición se inscribe también la declaración del consejo de la CE invitando a la comisión, en la perspectiva de un refuerzo de la cooperación con la EFTA, a examinar en las demás áreas mencionadas en la declaración de Luxemburgo, comprendidas la agricultura y la pesca, las posibilidades de profundizar en la cooperación más allá de los trabajos en curso, teniendo en cuenta, entre otros, el principio de la cohesión y de informarle antes del 1 de octubre de 1988.

En otro orden de cosas, en el documento se subraya que los intercambios de información deben ser intensificados, respetándose los respectivos procedimientos internos, y se apunta la posibilidad de concluir acuerdos basados en las legislaciones de la Comunidad y de la EFTA.

Se urge para que en la próxima reunión de junio entre la comisión y los países de la EFTA haya propuestas sobre siete áreas de trabajo concretas: eliminación de obstáculos técnicos al comercio, reglas de origen, protección intelectual e industrial, ayudas de Estado, compras públicas, liberalización de las restricciones a la exportación y una mayor transparencia en los sistemas de compensaciones de precios para los productos agrícolas transformados.