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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Enseñanza: peor que empezar

EL 'NO' ampliamente mayoritario del profesorado estatal de las enseñanzas media y básica al acuerdo alcanzado entre los sindicatos -a excepción de Comisiones Obreras- y el Ministerio de Educación prorroga un conflicto que viene afectando gravemente al desarrollo del curso escolar y hace todavía más difícil la búsqueda de una solución razonable. Quienes lo han propiciado echan sobre sus espaldas la responsabilidad del deterioro educativo de seis millones de escolares, contribuyen así al desprestigio de la enseñanza pública y ponen a muchas familias en la tesitura de volver la cara hacia la enseñanza privada como tabla de salvación. La incapacidad de los sindicatos y del ministro y su equipo para gobernar la crisis es más que palpable.Han tenido que ser muy fuertes las razones que han llevado al profesorado a rechazar tan contundentemente un acuerdo que, aunque distante de su plataforma reivindicativa, abría el camino para su total homologación funcionaria¡ retributiva en el año 1990. El resultado del referéndum no, sólo retrotrae el conflicto a su punto de partida. La sensación de frustración de los sindicatos ahora desautorizados, el tiempo perdido en negociaciones inútiles, los días de huelga y las movilizaciones habidas para nada son datos que pueden repercutir en una radicalización que a nadie interesa. Que esto no suceda así es responsabilidad principal de Comisiones Obreras, el sindicato que se descolgó de la mesa negociadora y propugnó el no al preacuerdo, y que ahora debe descubrir las cartas que posee bajo la manga -si está por algo más que por la desobediencia civil y por la erosión política del Gobierno- para conseguir un pacto más sustancioso que el del resto de los sindicatos del sector. La actuación de estos últimos ha sido descalificada por el profesorado. La permanente apelación a las bases, poniendo en duda la legitimidad del mandato sindical, juega a veces estas malas pasadas, y, si se recurre a ese procedimiento, hay que aceptar las consecuencias. Por eso, afirmar, como han hecho esos sindicatos, que la decisión del profesorado constituye "un voto de castigo para el ministerio" es una interpretación parcial de lo sucedido. Ha sido, efectivamente, un castigo, pero no sólo para el Gobierno, sino también para unos sindicatos que con su actuación han puesto al descubierto una pavorosa falta de representatividad. Sería un gesto coherente con ella la dimisión de quienes en su nombre han negociado algo que ha resultado papel mojado. Pero parece mucho pedir a unos sindicatos que en materia de coherencia han dado pruebas tan flagrantes de falta de ella como el rehuir -y éste es el caso de los independientes CSIF y ANPE- la defensa pública del a algo pactado por ellos mismos en la mesa de negociaciones.

Pero si los líderes sindicales deben pagar sus culpas, no menos han de hacer los responsables políticos. La decisión del profesorado constituye una oposición frontal y generalizada a la política del ministerio y un desafío a la postura de éste, en el sentido de que lo conseguido en el acuerdo rechazado era lo máximo que se podía conceder. Habrá que ver cómo se desteje esa madeja sin perder la cara y, sobre todo, sin dar la sensación ante la opinión pública de que ceden más de lo tolerable. La única solución brillante es un relevo al frente del ministerio, sea porque el ministro dimite (aunque sería una novedad pasmosa en la obediente grey socialista) o porque le destituyen (lo que dañaría el concepto de autoridad ante las presiones de la opinión pública que el presidente tiene).

Pero el conflicto ha llegado a un punto tal que merece más atención de la que parece prestarle el jefe del Ejecutivo. Hace meses que Felipe González se enfrenta a una contestación política de perfiles definidos, instrumentada desde la calle y sectores de opinión, y que precisa soluciones inaplazables. La práctica de recocer a los ministros en su propia, salsa puede haberle dado en ocasiones fruto, pero la factura que hoy pagamos por ello los españoles es el desconcierto, cuando no el caos, en los servicios públicos. Lo de la enseñanza no es sino un aviso. Y la impavidez no resuelve nada.

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