Inquietud judicial por la respuesta que dé el Gobierno a las reivindicaciones

Las diferencias existentes entre el Gobierno y las reivindicaciones de jueces y magistrados asumidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) preocupan a la mayoría del Consejo, que se plantea la actitud a adoptar en el caso de que el Ejecutivo no acepte puntos concretos, como el incremento de los sueldos de los jueces por encima de un 3º%.

Para fecha todavía no fijada está prevista una entrevista del presidente del Consejo, Antonio Hernández Gil, con el presidente del Gobierno, Felipe González, y mañana mismo, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, se reunirá con los miembros del Poder Judicial.

Aunque la entrevista, a instancias de Ledesma, tiene como objeto oficial explicar la futura ley de Demarcación y Planta, en fuentes del Consejo no se descarta que se aborden algunas diferencias de criterio, como la posición del Ministerio de Justicia, contraria a un incremento de las remuneraciones en 1988.

Según informó a EL PAÍS un vocal de la mayoría, entre los consejeros se ha planteado la posibilidad de dimitir si el Ejecutivo se niega a atender peticiones estimadas razonables. El mismo vocal señaló que el CGPJ recordó hace meses al Gobierno que los jueces son los únicos funcionarios que no perciben cuatro mensualidades cuando se jubilan y no ha habido respuesta.

Pacto de Estado

Mientras tanto, se generaliza la denuncia del mal funcionamiento de la justicia. El presidente de la Audiencia Territorial de Madrid, Clemente Auger, y el presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol, coincidieron el lunes último en el Club Siglo XXI en la necesidad de un pacto de Estado sobre la materia y el subsecretario de Justicia, Liborio Hierro, dijo compartir la preocupación de ambos. Sin embargo, Pedrol dijo que el presupuesto para la justicia no alcanza el 1% del total, "inferior al de la Renfe", mientras en el resto de Europa suele ser del 2% o 3%.

Auger recordó que en cuestión de retribuciones "lo barato es caro" y propugnó, junto a los medios materiales, una reforma procesal en profundidad que acabe con el sumario y las pruebas por escrito y haga realidad los principios constitucionales de oralidad e inmediación.