Rechazada la comparecencia de 8 ex altos cargos en el Congreso

, El Grupo Socialista no prorrogará el plazo de funcionamiento previsto por el Pleno del Congreso para la comisión investigadora sobre incompatibilidades y tráfico de influencias, cuyo mandato expira el próximo día 30 de junio, por lo que, previsiblemente quedarán estancadas las iniciativas para investigar de forma exhaustiva presuntas irregularidades. La comisión rechazó ayer la pretensión de Alianza Popular de que comparezcan ante ella ocho ex altos cargos vinculados a la Administración socialista, iniciativa a la que sólo se adhirió el Partido Liberal.

El PSOE se opuso expresamente a la pretensión aliancista y el CDS, PNV, Minoría Catalana, Democracia Cristiana, Izquierda Unida y Grupo Mixto se abstuvieron por juzgar que la documentación aportada ayer por AP carecía de argumentos para iniciar un expediente.Varios integrantes de la comisión coincidieron en interpretar que el PSOE rehúye abrir un proceso investigador que suponga una inculpación generalizada, o débilmente fundada, de cientos de cargos públicos y en que Alianza Popular ha utilizado la comisión como campo de batalla para desgastar al PSOE e indirectamente a su principal rival en la oposición, el CDS.

Juan Ramón Calero (AP) protagonizó el pasado martes un enfrentamiento en la comisión investigadora con el representante centrista, Alejandro Rebollo, al ironizar sobre la presunta ambigüedad e indefinición permanente del CDS, y ayer en una conferencia de prensa afirmó que este partido "ha dado argumentos coincidentes con el PSOE" para oponerse a las comparecencias solicitadas por AP.

Rebollo, por su parte, declaró que la comisión investigadora "no puede ser un pretexto para el navajeo político" y atribuyó su abstención al deseo de no prestarse a "la guerra y al juego permanente entre PSOE y AP".

Ante las críticas del PSOE y del resto de la oposición, excepto el PL, Calero alegó que se opone a que "para emprender una iniciativa parlamentaria hagan falta más elementos de juicio que para dictar una sentencia judicial".

Honorabilidad

Si bien Juan Ramón Calero recordó que en 1983 Justo Zambrana, diputado socialista y ahora presidente de la comisión de investigación, aseguraba que muchas personas se habían enriquecido personalmente como consecuencia de su paso por la política en años anteriores, Zambrana advirtió que si en la transición no se llevó a cabo un proceso de inculpación de los responsables políticos anteriores a la democracia sería chocante hacerlo con quienes, a su juicio, han tenido una honorabilidad en su comportamiento de difícil parangón.

El representante socialista no desaprovechó la ocasión para recordar que AP se opuso a la actual ley de incompatibilidades y que recurrió contra ella ante el Tribunal Constitucional.

Como presidente de la comisión, Zambrana reconoció como una deficiencia que debe ser subsanada la inexistencia de un registro de bienes de los altos cargos de la Administración, hecho que fue revelado ayer a la comisión por el secretario de Estado para la función pública, Teófilo Serrano.

El portavoz de IU, Manuel García Fonseca, anunció que propondrá que sea la comisión investigadora, y no un grupo parlamentario específico, la que asuma la iniciativa de indagar los asuntos y "escándalos económicos-financieros" que ofrecen sospechas de tráfico de influencias. Una metodología a la que también recurrirá AP tras la infructuosa tentativa de que sean investigadas personas concretas.