El fin de un capítulo

EL LARGO proceso de redefinición estratégica de España, iniciado en 1982 con nuestro ingreso en la OTAN y el entonces nuevo convenio defensivo con EE UU, entra en su fase final. Su alumbramiento no ha sido fácil. Sobre él han influido negativamente las incertidumbres provocadas por el cambio radical que el partido socialista adoptó en su política de defensa al llegar al Gobierno, pero también las reticencias opuestas por nuestros aliados y la rigidez de EE UU a la hora de comprender razones políticas que no sean las suyas propias.A partir de entonces, el Gobierno fue definiendo más claramente su posición, basada en el rechazo a un régimen de doble dependencia: estar integrado en la OTAN y, simultáneamente, ligado a su miembro más fuerte por un convenio particular. Por eso se adoptó la política de negociar separadamente su solución. El problema era difícil porque, mientras tanto, España intentaba ingresar en la Comunidad Europea, lo que aprovechaban los miembros europeos de la OTAN para recordar que era irreal pretender acceder a los beneficios económicos de un club sin comprometerse al mismo tiempo a su defensa. Por su parte, EE UU se negaba a aligerar su presencia en España mientras no se definiera nuestra participación en la OTAN.

El acuerdo de 1982 con Estados Unidos expiraba en octubre de 1987. La lenta marcha hacia su renovación empezó en 1983 con un addéndum al convenio, impuesto por el entonces ministro Morán, por el que se desligaban las vicisitudes de España como miembro de la OTAN de su condición de aliado particular de EE UU. Le siguieron el decálogo defensivo de Felipe González y un último condicionante: el compromiso de reducción de la presencia estadounidense contenido en la pregunta del referéndum de 1986 sobre la Alianza Atlántica. Las negociaciones que han tenido lugar durante todo este tiempo entre Washington y Madrid fueron, en ocasiones, de extraordinaria dureza, y se ejercieron sobre nuestro Gobierno las más variadas presiones.

La declaración del pasado 15 de enero definiendo el marco del nuevo convenio hispano-norteamericano de defensa contiene tres conclusiones importantes: se reduce efectivamente la presencia estadounidense en España al retirarse el Ala Táctica 401 (los famosos 72 aviones F-16); la presencia norteamericana no es una cuestión separada, sino subordinada al marco general de la OTAN; finalmente, y esto es lo que tiene mayor alcance para el futuro de las relaciones entre EE UU y España, se altera por completo la naturaleza de la relación convencional entre los dos países.

Hasta ahora el convenio definía una situación cuasi colonial que atañía no sólo a cuestiones militares, sino que englobaba asistencias cultural, científica y tecnológica no militares y una ridícula ayuda financiera. El nuevo convenio será solamente defensivo. No tendrá contrapartidas económicas. Los aspectos culturales, científicos y tecnológicos de las relaciones hispanonorteamericanas deberán ser, en su caso, objeto de otros acuerdos. El 15 de enero pasado concluyó, en la práctica, la negociación política, y con ella el viejo antagonismo que enturbiaba las relaciones entre España y EE UU. Las negociaciones que ahora se celebran en Njadrid y en Washington son puramente técnicas.

La conclusión de este capítulo de la saga estratégica española es saludable. Ahora queda el difícil remanente de la integración de España en el campo de sus aliados, incluido el eventual ingreso en la Unión Europea Occidental. Tal ingreso pondría en tela de juicio la prometida desnuclearización de España y sería una muestra más de la extraordinaria habilidad del Gobierno para complicarse la vida con problemas que se crea él mismo.