La mayoría del Poder Judicial propone plantear a González sus reivindicaciones

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá en su sesión plenaria del próximo miércoles el modo de plantear al Ejecutivo las reivindicaciones judiciales asumidas por el Consejo el pasado viernes. La actual mayoría propondrá que el CGPJ se dirija al presidente del Gobierno, Felipe González, dando así respuesta al reproche realizado por el jefe del Ejecutivo durante el debate sobre el estado de la nación respecto a la pasividad del órgano de gobierno de los jueces. Asimismo, en los próximos días el vocal Pablo Castellano contestará a lo que considera "injustas descalificaciones" de la minoría llamada ledesmista.

Según fuentes oficiosas del Consejo, el debate del próximo día 4 de mayo se espera tenso, como continuación de la dura discusión que se produjo en el pleno del pasado viernes, con el resultado de un acuerdo aprobado por mayoría de 14 votos frente a seis consejeros, que suscribieron un documento de discrepancia (veáse EL PAÍS del 30 de abril último). Por su parte, Pablo Castellano, uno de los vocales de la mayoría, se reservó expresamente su derecho a hacer llegar a los medios de comunicación social una declaración para contestar a "las injustas descalificaciones para todos el que mantenga la tesis contraria" a la de los seis consejeros de la minoría seguidores de la política judicial del ministro de Justicia, Fernando Ledesma.La propuesta de que el CGPJ presente directamente al presidente del Gobierno las reivindicaciones judiciales será justificada por sus proponentes por el alto nivel que corresponde a las relaciones del órgano de gobierno del poder judicial con la máxima representación del poder ejecutivo. Asimismo, entienden que mediante este procedimiento se soslayará el problema suscitado por los representantes de las asociaciones judiciales sobre el derecho de las mismas a negociar directamente con el Ministerio de Justicia, derecho no reconocido por este departamento.

Un argumento de fondo que avala la propuesta es la conveniencia, manifestada por varios consejeros, de dar una respuesta adecuada a las palabras pronunciadas por Felipe González en el Parlamento el pasado 25 de febrero, durante el debate sobre estado de la nación. González acusó entonces al CGPJ de no haber puesto en marcha un programa para el desarrollo de sus competencias. La mayoría del Consejo, con su presidente Antonio Hernández Gil a la cabeza, desea comprobar si el jefe del Ejecutivo admite que tales competencias se desarrollen "con los jueces" y no "contra los jueces" como parece desear la minoría denominada ledesmista.

Los seis consejeros minoritarios reprocharon a la mayoría la institucionalización de un "sistema de gobierno compartido o co-gobierno del Consejo y las asociaciones". Por el contrario, la mayoría estima conveniente para acometer la reforma de la justicia contar con quienes constitucionalmente son los titulares del poder judicial, a través de los colectivos asociativos que representan a jueces y magistrados.

Participación asociativa

De ahí que en la sesión plenaria que celebrará el Consejo el próximo miércoles, se creará una comisión, "formada por representantes del CGPJ y de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados", para la coordinación de la elaboración del módulo sobre el volumen de trabajo exigible a cada órgano judicial. El Consejo invitará también al Ministerio de Justicia, "como responsable de la dotación de medios de toda clase a juzgados y tribunales", para que participe en estas tareas.Igualmente, para la elaboración de un plan de urgencia que normalice la "preocupante situación de numerosos órganos jurisdiccionales", la mayoría del Consejo "estima esencial la participación de los presidentes de las audiencias y de los propios jueces y magistrados".

Entre otras, las medidas propuestas consisten en la entrada en funcionamiento de "nuevos juzgados que existen en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero que están sin inaugurar", en palabras de un consejero; cobertura prioritaria de los juzgados con mayor carga de trabajo; concesión de comisiones de servicio para reforzar determinados juzgados; aumento del personal colaborador y ampliación de los servicios comunes. En el seguimiento del plan de urgencia participarán los representantes de las asociaciones judiciales.