Procesados los nuevos responsables de la venta del cupon de Prodiecu

El Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha procesado, con una fianza de 64.000 millones de pesetas, a los responsables de dos sociedades instrumentales -Salte, SA, y Upami, SA- a través de las cuales se continúa dirigiendo la firma Prodiecu y gestionando la venta de cupones de los minusválidos, a pesar de que su expedición está prohibida por orden judicial. Éste es el tercer auto de procesamiento que se dicta contra directivos de la empresa Prodiecu.Los nuevos procesamientos, dictados por el juez César Planas, afectan a Joaquín Mora Estrada, José Antonio Romero Bustamante y Mijuel Francisco Oriola Cuenca, a quienes se imputan unos supuestos delitos de contrabando [algunos delitos de juego se inscriben en esa figura delictiva] y desobediciencia grave. Joaquín Mora es economista e interventor mercantil y se le responsabilizó, desde que se inició la investigación judicial en 1986, de toda la organización contable y económica de Prodiecu. José Antonio Romero es, segim el juez, el responsable de la contratación del personal de Prodiecu, mientras que al tercero de los procesados, Miguel Francisco Oriola, se le achaca la gestión de la comercialización del cupón.

El juzgado ha decretado también un nuevo procesamiento, esta vez por un supuesto delito de desobediencia grave, contra uno de los fundadores de Prodiecu, su presidente, Andrés Rodrí" g, uez Rodríguez, que anteriormente había sido procesado por un delito de contrabando. Actualmente se encuentra en libertad provisional al haber pagado una fianza de tres millones de pesetas. El juez asegura que Andrés Rodríguez no ha hecho caso de las órdenes judiciales y ha continuado gestionando la venta del cupón supuestamente ilícito. El juzgado ha fijado para los cuatro procesados y para sus empres,as una fianza total de 64.000 millones de pesetas.

En opinión del juez instructor, los responsables de Prodiecu crearon las dos firmas instruirientales en el mes de septiembre de 1986, cuando se inició la investígación judicial, con la intención de continuar gestionando las actividades del grupo.