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En un reciente artículo publicado en estas páginas, el hispanista norteamericano Philip W. Silver planteaba "una modesta proposición para la paz" en Euskadi. En su opinión, un "partido que promoviese un programa parecido en las próximas elecciones autonómicas barrería en la comunidad autónoma vasca". Se trata de una predicción bastante arriesgada. Lo que Silver propone es lo mismo que viene planteando desde hace años Herri Batasuna, partido que en las sucesivas elecciones autonómicas celebradas en el País Vasco ha obtenido, respectivamente, el 16,5%, el 14,6% y el 17,4% de los votos válidos, es decir, entre el 9,9% y el 11,9% del censo. Eso no es barrer.La "modesta proposición" de Silver consiste en lo siguiente: "Negociar conjuntamente el cese de la violencia de ETA, la retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Euskadi y mecanismos para abordar una futura unificación de la comunidad autónoma vasca y Navarra y un referéndum sobre la auto determinación ahora". Es decir, lo mismo que propone Herri Batasuna (HB): el cese de la violencia de ETA a cambio de la aceptación de su programa político, la altemativa KAS.

El propio Silver es consciente de que la dificultad de su planteamiento reside en la problemática legitimidad de ETA para negociar asuntos que afecten al conjunto de los ciudadanos. Pero disuelve toda posible duda mediante dos argumentos. Primero: que "ETA significa, luego representa, en el sentido de simboliza, mucho". Y ello porque "ETA asumió actuar de parte de una etnia que se sentía y se siente amenazada por un lento genocidio". Segundo: que "los cuatro puntos arriba mencionados se desean mayoritariamente en la comunidad autónoma vasca".

Genocidio significa, según el diccionario, el "exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de religión o de política". Pues bien, ni siquiera forzando la definición al límite puede hablarse de la existencia actual de un genocidio en Euskadi. Nadie se dedica a exterminar a los vascos o a perseguir el euskera o cualesquiera otros signos de identidad étnica. Naturalmente, en la sociedad vasca, como en cualquier otra, existe toda suerte de problemas y contradicciones, incluyendo los derivados de la existencia de aspiraciones no satisfechas (de diversa índole) de sectores de la población. Pero de ello no puede razonablemente deducirse la existencia de un genocidio; ni siquiera puede hablarse de persistencia de la opresión nacional. Aquellos factores que determinaban su existencia durante la dictadura franquista (negativa al autogobierno, persecución del euskera, prohibición de los símbolos, etcétera) han desaparecido.

Es cierto que ello se ha producido de manera diferente a como fue previsto por las fuerzas opositoras al franquismo (restitución del estatuto de autonomía de 1936 o ejercicio del derecho a la autodeterminación, fundamentalmente). Pero tal. constatación no contradice el hecho de que hoy no existe opresión nacional en Euskadi. La autodeterminación es una forma, entre otras, de acabar con la opresión nacional Las fuerzas representativas de la población (tanto vasca como española) optaron por una vía diferente, no menos democrática. Con el resultado de suprimir los factores que determinaban esa forma específica de opresión. Afirmar que tal opresión se mantiene porque no se aplicó el remedio de la autodeterminación sería como deducir que un individuo sano está enfermo porque no se le han administrado antibióticos.

La eventual legitimidad de ETA para negociar asuntos que afecten al conjunto de la población no podrá, por tanto, deducirse de su significación simbólica, en cuanto defensor de una etnia en peligro de extinción.

Segundo argumento: pero lo que defienden ETA y HB (la alternativa KAS) es deseado mayoritariamente en Euskadi. Ello resulta indemostrable. Pero incluso si se admitiera, como hipótesis, que así es, quedaría por probar que compartir unos fines implica aceptar los métodos con que se persiguen. De momento, lo que sabemos con certeza es que aproximadamente el 85% de los votantes vascos viene dando reiteradamente su apoyo a opciones diferentes a la representada por los defensores de, la alternativa KAS. Luego o no es cierto que sus objetivos sean mayoritariamente compartidos, o la gente rechaza tales objetivos si van acompañados por los métodos que HB considera válidos y ETA practica. Pero como de lo que se trataba era precisamente de plantear si los deseos de la mayoría de los vascos avalan la pretensión de legitimidad de ETA para negociar en su nombre, la respuesta es que no: los vascos no avalan tal pretensión, pues de hacerlo hubieran votado mayoritariamente a Herri Batasuna.

Fallando las premisas teóricas en que apoya Silver su proposición, la instrumentalización práctica que de la misma plantea resulta igualmente fallida. Lo que propone es que se negocien unas contrapartidas políticas al armisticio pactado entre ETA y el Gobierno central. En el planteamiento subyace una lógica según la cual existen unas causas que justifican el recurso a la violencia, lo que explicaría la necesidad de compensar la renuncia a las armas con concesiones relativas a esas causas. Pues bien, si pretendemos mantenemos en un terreno que sea a la vez racional y éticamente admisible, es preciso afirmar rotundamente que no existe ninguna causa capaz de justificar el asesinato de inocentes: ni de los clientes de Hipercor, ni de los niños de Zaragoza, ni de los policías abatidos la semana pasada en Vitoria. Cualquier otro planteamiento, por más que se revista de neutralidad intelectual o de apelaciones genéricas a la paz, refleja la más absoluta miseria moral. Sencillamente, ninguna causa o motivo político justifica el dolor que siembra ETA. Luego en manera alguna podrá considerarse legítima la exigencia de contrapartidas políticas -es decir, que afecten a los ciudadanos- al armisticio. Aceptar esa lógica equivaldría a dar por buena la encarnada por Tejero en 1981: que para cesar la violencia que ejercía sobre los representantes de los ciudadanos debían producirse determinados hechos políticos que sin tal violencia no se hubieran planteado.

La fórmula concreta propuesta por Silver es que el Gobierno vasco negocie con ETA y sendos representantes del Gobierno central y del de Navarra, así como "naturalmente de los diputados de Herri Batasuna de la comunidad autónoma vasca y Navarra", un compromiso sobre: a) la inmediata retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado; b) un mecanismo para poner a voto la autodeterminación; y c) un mecanismo para poner a voto la eventual integración (o federación) de Navarra en la comunidad autónoma vasca. El protagonismo otorgado al Gobierno vasco lo deduce Silver de que "el Gobierno central se ha comprometido en el pacto antiterrorista a aceptar lo que decida el Gobierno vasco". Ello no es así. El compromiso no hace referencia al Gobierno vasco, sino al conjunto de las fuerzas políticas vascas, es decir, al Parlamento autónomo. Ese despiste parece presidir la selección de interlocutores propuesta, que resulta más bien arbitraria (¿por qué habrían de estar representados los diputados navarros de HB y no, por ejemplo, los de UPN o Eusko Alkartasuna, que no participan en el Gobierno foral?)

Respecto al contenido de la negociación: puesto que de lo que se trata es de ofrecer contrapartidas a ETA por dejar de matar, lo importante es que el acuerdo satisfaga las exigencias de ETA, siendo a esos efectos secundario quiénes lo ratifiquen con su firma. Entonces, de lo que se trata es de que los partidos mayoritarios (los representados en los Gobiernos de Euskadi, Navarra y España) se plieguen a las exigencias de una minoría por el hecho de que lo que reclama lo hace violentamente. Ello no es democrático.

La retirada de las fuerzas de seguridad del Estado de Euskadi es un objetivo deseable, pero imposible mientras ETA siga matando y aterrorizando a la población (en Barcelona, Madrid, Zaragoza o Rentería). Porque, como advierte acertadamente Philip Silver, "todo Gobierno tiene la obligación de atender todos los deseos consensuados de sus ciudadanos". Por ejemplo, el de no ser víctimas de un coche bomba, un secuestro o una extorsión económica.

La modificación de la posición actual de Navarra en relación a Euskadi es una posibilidad contemplada en la Constitución. Silver propone un método diferente al establecido en dicha norma. Tal vez hubiera sido conveniente que los constituyentes lo hubieran tenido en cuenta, pero no parece razonable (y sobre todo no es democrático) pretender que en una reunión como la propuesta por el hispanista norteamericano se decida modificar una norma que cuenta con la legitimidad del apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Es posible que actuaciones de ese tipo sean consideradas normales en países cuyo Gobierno pueda ser nombrado o destituido por el embajador de una potencia vecina, pero no resulta admisible en un Estado democrático.

En cuanto a la autodeterminación, si es cierto, como recuerda Silver, que figuró en el pasado (y singularmente durante los últimos años de la dictadura) en los programas de los partidos de izquierda, en modo alguno podría considerarse que la renuncia posterior a ese principio por parte de esos partidos, y su exclusión del consenso constitucional, constituya una mancha que anule la legitimidad de tal consenso y de su plasmación legal. La legitimidad de un acuerdo basado en la aceptación por los firmantes de las condiciones planteadas por ETA para dejar de matar y la legitimidad de las instituciones del Estado democrático, por imperfectas que puedan ser, son términos tan asimétricos que no admiten comparación racional. Al establecer no ya su equivalencia, sino la prevalencia de la primera sobre la segunda, lo que se está proponiendo es un camino de paz cuyo precio sea la renuncia a la legitimidad democrática.

Pero además no sería un camino de paz. Un suicidio del régimen democrático de esa magnitud debilitaría en tan gran medida a las instituciones que los violentos estarían en condiciones de proseguir su escalada con el argumento, por ejemplo, de que la autodeterminación no ha sido realmente ejercitada porque han existido presiones o injerencias exteriores. De hecho, esa argumentación acaba de ser adelantada, en las páginas de Egin, por un entusiasta defensor de fórmulas similares a las de Silver: "Para que la autodeterminación sea de verdad no es suficiente que la Constitución recoja ese derecho. Deben existir más garantías: que desaparezcan de Euskadi las fuerzas de ocupación o todo tipo de poder que coarte la libre opinión del pueblo vasco, y que desaparezca de Euskadi todo tipo de hipotecas económicas y sociales que puedan chantajear a la opinión pública". En una palabra: que la autodeterminación sólo será aceptable si está garantizado que sus resultados serán satisfactorios para los que la exigen reventando policías, paseantes o hijos de guardias civiles.