El intento español de vetar la entrada de armas nucleares obstruye la negociación del nuevo convenio con EE UU

La pretensión española de introducir en el nuevo convenio hispano-norteamericano una cláusula prohibiendo la entrada de armas nucleares en territorio nacional se ha convertido en el principal punto de fricción en las negociaciones entre los dos países para llegar a un nuevo texto de amistad y cooperación bilateral.ambas partes admiten ya abiertamenye que se sobrepasará "con creces " la fecha tope del 14 de mayo,cuando el nuevo convenio, que sustituye el actualmente vigente,de 1982, tendría legalmente que entrar en vigor.

El propio ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, tuvo que tomar personalmente las riendas el pasado viernes,, cuando, pese a su enfermedad y a la operación quirúrgica que deberá sufrir la semana entrante, se reunió a solas con el ministro de Defensa, Narcís Serra, y con el ex secretario general de Exteriores, Máximo Cajal. Hasta ahora, Cajal ha llevado el peso de las negociaciones del nuevo convenio pero, según admiten las propias fuentes del palacio de Santa Cruz, hasta el pasado lunes no se entró de lleno en una verdadera negociación.Tanto Exteriores como Defensa rechazan tajantemente las afirmaciones de que divergencias entre los dos departamentos sean la causa que está retrasando las negociaciones con Estados Unidos para un nuevo convenio. Tras el acuerdo alcanzado el pasado 15 de enero para la retirada de una sustancial parte de las tropas estadounidenses estacionadas en nuestro país, esta negociación del nuevo texto de amistad y cooperación se preveía sencilla y sin complicaciones. Tanto la parte española como la norteamericana, encabezada por el embajador Reginald Bartholomew, aseguraron que la firma del nuevo convenio no sobrepasaría la fecha del 14 de mayo, cuando vence formalmente el convenio aún en vigor, que data de 1982.

Pero ahora ambas partes tratan de minimizar las consecuencias de que la negociación pudiese sobrepasar esta fecha del 14 de mayo, que, según dijo ayer el director de la Oficina de Información Diplomática, "no es mágica". En cualquier caso, explicaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, el convenio actual seguiría en vigor durante un año después del 14 de mayo, que es el tiempo que tiene Washington para desmantelar todas sus bases en España si, entre tanto, no se firma el nuevo acuerdo.

Al tiempo que rechazan posibles diferencias entre Exteriores y Defensa -aunque admitan que "lógicamente no existe siempre identidad de puntos de vista"-, algunos negociadores españoles sugieren que a Estados Unidos le conviene retrasar la conclusión de un nuevo convenio: el texto del acuerdo sobre reducción de tropas del pasado 15 de enero prevé que los 72 aviones F-16 estacionados en Torrejón abandonarán España en un plazo de tres años "a partir de la entrada en vigor del nuevo convenio".

'Problemas menores'

España permitirá, como ha hecho hasta ahora, el tránsito de buques con armamento nuclear por Rota; pero quisiera introducir en el nuevo convenio de defensa bilateral una prohibición de introducir armas nucleares en nuestro país, lo que parece provocar reticencias en la parte americana. Junto a ello, existen otros "problemas que, pese a su escasa entidad, eternizan la negociación: tarifas de paso de buques, tributación y cargas financieras, participación de autoridades locales en caso de accidente de un avión norteamericano en territorio español, etcétera. La idea básica de la parte española, consistente en imponer su propia legislación en lo referente a contratos y regímenes laborales, tampoco entusiasma a los negociadores norteamericanos, lo mismo que la pretensión de introducir una cláusula de reciprocidad.

Contra lo que se pensó inicialmente, cuando se hablaba de cuatro convenios de naturaleza diferente, en la actualidad se baraja la idea de Regar tan sólo a dos convenios, uno de carácter defensivo y otro de cooperación civil. Por lo demás, el acuerdo de 15 de enero sobre reducción de tropas preveía que el nuevo convenio tendrá una duración de ocho años, prorrogables por un año.