La oposición anuncia que recurrirá al Tribunal Constitucional contra la ley de televisión privada

JUAN G. IBÁÑEZEl Congreso de los Diputados aprobó ayer de forma definitiva el proyecto de ley de televisión privada, tras un año de tramitación parlamentaria, con los únicos votos del Grupo Socialista. Para que empiecen a funcionar los tres canales autorizados es necesaria todavía la elaboración del Plan Técnico Nacional, cuya aprobación en Consejo de Ministros está prevista "hacia el verano", según manifestó a este diario el ministro de Cultura, Javier Solana. Todos los grupos parlamentarios, a excepción del CDS, anunciaron iniciativas para presentar recursos de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley, que de este modo se convierte en una de las propuestas legislativas del Gobierno que ha concitado más sospechas de vulnerar la Constitución.

El portavoz del Gobierno, Javier Solana, reiteró su creencia de que la televisión privada podrá funcionar de hecho, al menos en un 50% del territorio nacional, en el plazo de un año y medio a partir de la entrada en vigor de la ley, que se producirá a los 20 días de su próxima publicación en el Boletín Oficial del Estado. Solana comentó que "el que acudan o no a solicitar la concesión de canales los empresarios es cosa suya", si bien agregó que los datos de que dispone el Gobierno indican que hay empresas dispuestas a realizar las solicitudes.No obstante, para que puedan hacerlo las sociedades todavía tendrán que esperar a la aprobación del Plan Técnico Nacional, cuya elaboración está reservada al Ministerio de Transportes, y a la convocatoria de un concurso público, con los consiguientes plazos de presentación de solicitudes y de interposición de recursos. Solana matizó que, desde su punto de vista, es factible que los tres canales privados de televisión entren en funcionamiento antes de las próximas elecciones legislativas, previstas para la primavera de 1990, "siempre que por causas externas no se produzca un retraso".

Todos los portavoces de la oposición, excepto el del CDS, Federico Ysart, coincidieron en apreciar rasgos de inconstitucionalidad en el proyecto de ley aprobado ayer de forma definitiva tras las reformas técnicas realizadas en el Senado. Luis Ramallo anunció que Alianza Popular presentará un recurso de inconstitucionalidad e invitó a los demás grupos a que compartan las argumentaciones aliancistas para promover conjuntamente, esta iniciativa. Los grupos que reúnan más de 50 firmas de diputados para suscribir el recurso disponen de un plazo de tres meses para solicitar la sentencia del Tribunal Constitucional.

Recurso de amparo

El representante centrista adelantó que el CDS estudia la posibilidad de promover recurso de amparo ante el alto tribunal, lo que exige una previa aplicación de la ley que se considere que vulnera la Constitución.

En el debate celebrado en el pleno del Congreso, los portavoces de Alianza Popular (Luis Ramallo), del CDS (Federico Ysart), de la Minoría Catalana (Josep María López de Lerma), de la Democracia Cristiana (Juan José Pérez Dobón), del PNV (Emilio Olabarría), de Eusko Alkartasuna (Joseba Azcárraga) y del Partido Liberal (José Antonio Segurado) coincidieron en reprochar al Gobierno que, en vez de presentar el proyecto, de ley de televisión privada como desarrollo del artículo 20 de la Constitución, que consagra la libertad de expresión, lo haya vinculado al artículo 128, que permite reservar al sector público "recursos o servicios esenciales".

Una crítica íntimamente relacionada con la definición de la televisíón privada como servicio público -si bien en esta tesis el PSOE cuenta con el apoyo del CDS, PNV e Izquierda Unida- y con la limitación a tres del número de canales permitidos, ya que el Gobierno considera que existe una limitación del espacio para la difusión de las señales televisivas.

El representante socialista en el debate, Pedro Bofill, insistió en que esta limitación, así como otras de índole tecnológica, del mercado publicitario y de la viabilidad económica y financiera de las empresas concesionarias justifican plenamente la limitación del número de canales. A su juicio, el Gobierno ha hecho 'la televisión privada más abierta más avanzada del entorno europeo".

Por el contrario, el portavoz aliancista consideró una contradicción aludir a limitaciones técnicas cuando todavía no ha sido elaborado el Plan Técnico Nacional previsto en la propia ley, que, desde su punto de vista, "regula, en definitiva, una televisión intervenida, restrictiva, discriminatoria, obsoleta, incompleta y falta de garantías".

Ramón Espasa (Izquierda Unida) y López de Lerma (CiU) coincidieron con los portavoces del PNV y de EA en acusar al proyecto gubernamental de invadir competencias específicas de las comunidades autónomas. Izquierda Unida negociará con Convergència i Unió la presentación de un recurso de inconstitucionalidad promovido por el Parlamento catalán. EA anunció que propondrá una iniciativa semejante en el Parlamento vasco, mientras que el PNV, obligado por el pacto de gobierno a negociar una decisión de este tipo con el PSOE, adelantó que se sumará en el Congreso a cualquier recurso que recoja sus motivos para apelar, al Tribunal Constitucional.

La DC juzgó que el proyecto de ley aprobado ayer instaura "un oligopolio televisivo controlado y tutelado", y adelantó que estudiará la posibilidad de negociar con AP la presentación con junta de un recurso de inconstitucionalidad.

Coincidente con estas tesis, José Antonio Segurado (PL) calificó la ley de "mediocre artificio para hacer ver como liberalización televisiva lo que en realidad no es más que un conjunto de normas restrictivas".