'El Nani' acusa

ANTE LA Audiencia Provincial de Madrid se inicia mañana el juicio sobre la desaparión de un ciudadano mientras se encontraba en poder de la policía. El hecho sucedió en la noche del 12 al 13 de noviembre de 1983, en la antigua sede de la Brigada Judicial, en la Puerta del Sol de Madrid, adonde había sido conducido Santiago Corella, el Nani, delincuente habitual detenido en aquella ocasión por el atraco a una joyería en el que no participó. Nunca más se ha sabido de él. Sus captores no sólo han sido incapaces de ofrecer una versión lógica y mínimamente razonable de su suerte; las contradicciones, las medias verdades o mentiras sobre el suceso han contribuido a aumentar las sospechas de que nos hallarnos ante una siniestra, y a todas luces delictiva, actuación policial. Lo acontecido aparecía, además, como el primer indicio de la existencia de una mafia policial perfectamente organizada, que no sólo convivía con el crimen, sino que lo manipulaba para su provecho económico, y las connivencias y complicidades que el desarrollo de los hechos ha puesto de relieve hacen dudar de la sinceridad de quienes, en la cúpula policial y política, han lamentado lo sucedido como un mal sueño.El juicio que se inicia mañana no versa, pues, sobre la muerte de el Nani, de la que no hay pruebas, sino sobre la posibilidad de que un ciudadano pueda desaparecer después de ser deteniolo por la policía del Estado sin que ninguna institución u organismo oficial sea capaz de dar una explicación sobre su paradero. El hecho trasciende el marco judicial para entrar de lleno en el político. Aunque es poco probable que la vista del juicio, dados los antecedentes del caso, pueda aportar algo más de luz sobre la suerte corrida por el Nani, debería al menos poner al descubierto los métodos innobles utilizados por algunos policías. Si el juicio sirve para esto y para castigar a los culpables de tal ignominia, el proceso abierto hace ahora tres años habrá cumplido su objetivo. Y ello es más de resaltar cuanto que en los ámbitos político y administrativo ninguna conciencia se ha sentido perturbada, ningún sillón se ha tambaleado, ninguna responsabilidad ha sido exigida.

Más bien lo que revela el caso el Nani es una insensibilidad extrema y una alarmante pérdida de nervio moral de los socialistas instalados en el poder, además de un preocupante descontrol del Ejecutivo sobre sectores vitales del aparato del Estado. Ninguna investigación administrativa digna de ese nombre se ha producido en estos años para aclarar un hecho que arroja una luz sombría sobre las propias instituciones democráticas, salvo la irresponsable explicación de Barrionuevo de que alguien innominado le coló un gol al aplicar la legislación antiterrorista a el Nani. Pero la utilización abusiva de dicha legislación no se salda con una explicación, aunque fuera convincente, sino que conlleva una clara responsabilidad penal, según establece el artículo 55 de la Constitución. A ello se une el silencio cómplice de los partidos -unidos el PSOE y Alianza Popular, en este caso, por una misma concepción de la ley y el orden-. Salvo en el caso de los comunistas, han preferido no rebuscar en el cubo de la basura y ni siquiera interpelar al Gobierno sobre un asunto que entronca con otros de la misma impronta ejecutados por la citada mafia policial.

Sólo gracias a la actuación de los medios informativos y del poder judicial es hoy posible que hechos tan infames no hayan quedado totalmente oscurecidos e impunes. A pesar de las amenazas de querella contra los periódicos y periodistas que no renunciaban a su deber de informar y a las indagaciones sobre el juez instructor del caso, la investigación sobre lo sucedido no ha podido ser paralizada en esos ámbitos. El que sea incompleta y deje muchos puntos sin aclarar constituye, en todo caso, una denuncia contra los organismos del Estado que disponían de medios, aunque no de voluntad, para haberla llevado hasta el final. Lo conseguido demuestra lo esencial que es la libertad de prensa y la existencia de un poder judicial independiente para que el Estado de derecho sobreviva con dignidad y los ciudadanos sean capaces de defenderse de los abusos del poder político.