La Generalitat aplicará su propio programa de viviendas, pero sigue intentando un acuerdo con el MOPU

La Generalitat de Cataluña está dispuesta a seguir negociando con el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismno (MOPU) el Plan de la Vivienda, a pesar del acuerdo alcanzado por el Gobierno catalán con 11 cajas de ahorro para poner en marcha un plan de financiación alternativo, que hace innecesario el convenio con el ministerio. El acuerdo que contempla la financiación de 50.000 millones para 11.000 nuevas viviendas protegidas y 6.000 rehabilitaciones, fue firmado ayer.

El conseller de Política y Territorial y Obras Públicas, Xavier Bigatà, destacó ayer la "voluntad política de la Generalitat de seguir negociando con el MOPU, conjuntamente con las demás comunidades afectadas", la reforma del Real Decreto 1.494/1987 sobre medidas de financiación y actuaciones protegibles en materia de vivienda, recurrido por la Generalitat ante el Tribunal Constitucional. El conseller aseguró que la fórmula de financiación alcanzada en Cataluña, que permitirá poner en marcha el Plan de la Vivienda a espaldas de la normativa dictada por el ministerio, tiene por objeto evitar la paralización del sector de la vivienda protegida en Cataluña, a la espera de alcanzar un acuerdo definitivo con el MOPU.Este acuerdo se buscará mediante negociaciones conjuntas con las restantes autonomías afectadas -Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, La Rioja y Valencia- y también mediante negociaciones bilaterales con Madrid. En este sentido, Bigatà destacó que la comisión de cooperación Gobierno-Generalitat -que negocia permanentemente los conflictos de competencias entre ambas administraciones- había incluido en su agenda las diferencias sobre el Plan de la Vivienda.

Joan Ràfols, director general de la Vivienda del Gobierno catalán, destacó que su departamento aplicaría en lo posible el mismo modelo propugnado en el Real Decreto en cuestión, corrigiendo los aspectos que considera inadecuados para el marco de este sector en Cataluña. Ràfols aseguró que, para Cataluña, a diferencia de otras comunidades, es más necesaria una política de subvención del suelo que de la vivienda, y abogó por una política específica para cada autonomía.

El plan firmado ayer contempla la financiación de 50.000 millones de pesetas facilitados por 11 cajas catalanas a un interés preferencial del 11,25% -el mismo que concede el Banco Hipotecario, y 2,75 puntos por debajo del crédito medio para la vivienda libre-. Este plan se destina a la construcción de 3.500 VPO que no pudieron finalizarse en el plan cuatrienal 1984-87 por falta de financiación, además de otras 7.000-8.000 nuevas viviendas y 6.000 actuaciones en rehabilitación.

La rehabilitación es uno de los aspectos que desea potenciar la Generalitat, que elevará del 20% hasta el 30% las subvenciones destinadas a rehabilitar viviendas en ciertas condiciones, hasta una cantidad máxima de 350.000 pesetas por actuación.

Las cajas aportan los 50.000 millones a tenor de su participación tradicional en el mercado de la vivienda protegida, con el siguiente reparto: Caixa de Barcelona (10.300 millones de pesetas), Catalufla (10.000), La Caixa (7.000), Penedés (5.000), Tarragona (4.000), Sabadell (4.000), Terrassa (4.000), Manresa (2.000), Girona (2.000), Manlleu (1.200) y Laietana (1.000 millones de pesetas).