Todos los ex altos cargos tendrán que responder a un cuestionario sobre su patrimonio y actividades

ANABEL DÏEZ Todos los altos cargos de la Administración (presidentes de empresas públicas, diputados y senadores) que ocuparon estos puestos desde 1977 recibirán en los próximos días un cuestionario para que respondan sobre sus actividades económicas y patrimonio después de abandonar sus responsabilidades públicas, a petición de la recién creada comisión parlamentaria de investigación sobre tráfico de influencias. A la vista de las respuestas, la comisión llamará a comparecer a quien estime conveniente. El Gobierno y las Cortes aportarán la lista a la comisión, y probablemente afectará a más de un millar de personas.

La comisión parlamentaria se reunirá mañana para abordar el método de trabajo que seguirá en las próximas semanas, aunque ya se puede descartar que ésta termine su trabajo en la fecha acordada, a últimos del mes de junio, dado el alto número de personas a investigar. El primer paso dado por el presidente de la comisión, el socialista Justo Zambrana, hace 10 días ha sido el de pedir al presidente del Congreso, Félix Pons, que los servicios de la Cámara faciliten a la comisión la lista de todos los diputados y senadores desde 1977.Al Gobierno se le ha solicitado el listado de altos cargos de la Administración y de presidentes de empresas públicas, aunque todavía los miembros de esta comisión parlamentaria no han decidido si también afectará a los directores generales.

Todas estas personas, un número superior al millar, recibirán un cuestionario, actualmente en elaboración, en el que se les requerirá información sobre sus actividades profesionales antes y después de ser cargo público o parlamentario, con especificación de fechas de cada una de sus actividades y su patrimonio, según informaron a este periódico fuentes de la comisión.

Una vez que los cuestionarios sean cumplimentados, los parlamentarios miembros de esta comisión decidirán a quiénes se les debe requerir una más profunda información, para lo que se les llamará a que comparezcan. El complejo proceso y el alto número de personas afectadas hará que fracase la idea inicial de terminar los trabajos en el actual período de sesiones, que finaliza a últimos del mes de, junio. Las mismas fuentes informantes consideran que para ese mes se preparará un primer informe y se solicitará a la Cámara la concesión de unta prórroga para que la comisión continúe sus trabajos a la vuelta del verano.

Cotilleos y afrentas

Los diputados de la comisión, uno por cada grupo parlamentario, abordan este trabajo, al menos en estos comienzos, sin ánimo de politización, como expresaba un diputado de la oposición: "Hay que encontrar el equilibrio tanto para evitar que esto quede en nada como para evitar que se caiga en cotilleos o afrentas personales".

Este parlamentario cree que el método de trabajo debe ser inductivo, es decir, estudiar la experiencia habida, ver los supuestos en lo que "ya hay reprobación social, como son los casos de Rafael Escuredo, Julio Feo o José María Calviño". Los aliancistas públicamente sólo mencionan nombres de personas que han tenido que ver con el Gobierno socialista, aunque reconocen que el Partido Socialista Obrero Español podría sacar "una larga lista de personas de UCD", si bien no dicen sus nombres "para no darles pistas".

El portavoz del Grupo Popular, Juan Ramón Calero, autor de la iniciativa, afirma que hay que dar respuesta "al porqué algunos se hacen ricos en política", al tiempo que reconoce que actualmente no hay mecanismos de sanción.

Según Calero, de la comisión tienen que salir dos respuestas: "Controles políticos para que los casos que salgan no vuelvan a ocurrir y sanciones jurídicas". Calero, por último, se hace una pregunta con respuesta: "¿Se puede obtener dinero como consecuencia del poder?. No".

La participación del ex director general de RTVE, José María Calviño, en la creación del Canal 10 de televisión, que enÚte desde Londres, movió al Grupo Popular a presentar una proposición no de ley por la que se pedía la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre posible tráfico de influencias y el endurecimiento de la ley de incompatibilidades. El Grupo Socialista aceptó la propuesta, aunque con un texto nuevo.