Canal 10, el detonante de la investigación

EL PAÍS Alianza Popular presentó en el Congreso de los Diputados, en noviembre de 1987, una proposición no de ley para evitar el tráfico de influencias y la utilización de informaciones privilegiadas por parte de quienes habían desempeñado responsabilidades públicas.

Los aliancistas, que solicitaron entonces la creación de una comisión de investigación en el Congreso, propugnaban que se ampliara el régimen de incompatibilidades y que se prohibiera a quienes habían desempeñado cargos públicos el ejercicio del tráfico de influencias o su pertenencia a consejos de administración de empresas públicas o privadas, relacionadas económicamente con la Administración, durante los tres años siguientes al término de su mandato.

José María Calviño, ex director general de RTVE, constituye el éxito profesional más rápido tras el abandono de su cargo. A menos de un año del forzado abandono de su despacho de Prado del Rey, Calviño había promovido un canal de televisión, al margen de la legislación que pudiera adoptar el Parlamento sobre televisión privada, y había intervenido en sustanciosas operaciones ininobiliarias, representando a la multinacional Heron International.

A finales de enero de 1988 el presidente nacional de AP, Antonio Hernández Mancha, anunció que su grupo parlamentario preparaba un dictamen jurídico sobre la puesta en marcha del Canal 10 de televisión, al apreciar algunas presuntas irregularidades en el sistema aplicado para el enganche de los usuarios.

Tras muchas dudas sobre la actitud a adoptar, el Gobierno se mostró dispuesto a modificar la ley de incompatibilidades de altos cargos, así como a proponer al Parlamento un estudio sobre "la actuación de los políticos desde 1977". El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Martín Toval, aseguraba que su grupo iba a abordar la propuesta popular "de una manera positiva". Martín Toval, que se mostraba convencido de la honestidad, en general, de toda la clase política española, recalcaba la necesidad de extender cualquier estudio sobre estos temas a todo el período democrático y no sólo al período de gestión del partido socialista.

El pleno del Congreso de los Diputados dio el visto bueno, el pasado 15 de marzo, a la creación de la comisión de investigación propugnada por Alianza Popular, con una nueva redacción de los objetivos de la misma, introducida por el PSOE y apoyada por la mayoría de las fuerzas parlamentarias. El Grupo Popular renunció entonces a denunciar los casos concretos de personas que hubieran podido beneficiarse en sus actividades privadas por tener información privilegiada de la Administración.