Panamá tiene una solución regional

La crisis de Panamá, desatada por la presión de Washington, puede encontrar una solución latinoamericana que mantendría el equilibrio, la democracia y la posibilidad de avanzar hacia el desarrollo en Centroamérica.La decisión del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) de reunirse en congreso extraordinario hoy "para promover una respuesta regional solidaria ante las agresiones económicas de que es víctima Panamá por los Estados Unidos", es el último y más importante paso para buscar esa solución.

El SELA es un organismo integrado por 26 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Cuba y Chile. Para lograr la convocatoria extraordinaria del Consejo Extraordinario, Panamá debió recibir al menos el apoyo de 14 de los miembros, según sus estatutos.

El uso de la convocatoria a una respuesta solidaria de los latinoamericanos ante un acción económica contra alguno de sus países se fundamenta en la doctrina de la seguridad económica regional surgida en el SELA a raiz de la guerra de las Malvinas.

Si esa solución latinoamericana se mostrase imposible, la intervención norteamericana habría logrado algunos objetivos adicionales al principal de mantener el control del canal, ya que lograría destruir al Grupo de Contadora y asestar un serio golpe al de los ocho, precursores éstos de la unidad política regional.

Es cuando menos curioso que la frustrada destitución del general Manuel Antonio Noriega por el ex presidente Eric Delvalle haya frustrado, o al menos demorado, una solución democrática y latinoamericana para Panamá, a la que se había llegado justo dos días antes.

Esa solución, que hubiera permitido una mayor democratización del país sin renunciar a sus derechos de soberanía sobre el canalJue negociada por un equipo de hombres buenos con Noriega, Delvalle y representantes de la oposición.

Plan secreto

El equipo integrado por los ex presidentes Carlos Andrés Pérez, de Venezuela; Alfonso López Michelsen, de Colombia, y Daniel Oduber, de Costa Rica, se reunió en Panamá con todos los actores implicados la semana anterior a la fracasada destitución de Noriega por Delvalle.

Los tres ex mandatarios plasmaron en un documento secreto el acuerdo que debería comenzar a regir el 7 de marzo. Según declaró Pérez en Kuala Lumpur, donde estaba participando en una reunión de la Comisión Sur, la crisis precipitada con la destitución de Noriega "fue desafortunada e itinecesaria", porque el plan preveía que Delvalle sería presidente de un Gobierno interino, cosa que éste sabía.

El acuerdo incluyó el compromiso de celebrar elecciones libres en 1989 y de garantizar la pureza del sufragio con una reforma de la ley Electoral y con la designación de un tribunal de elecciones de la mayor autoridad moral; ambas medidas, consensuadas entre el Gobierno y la oposición.

Las elecciones se realizarían antes del retiro del actual comando de la Guardia Nacional y se designaría un nuevo comando después, sujeto a la autoridad civil, previa modificación de la ley que regula las relaciones entre el Gobierno y las fuerzas armadas.

El documento establecía además la necesidad de distender las relaciones con Estados Unidos "a través del acatamiento mutuo al principio de no intervención y de respetar el compromiso de devolución del canal en 1999". Pérez habló por teléforio con Noriega al día siguiente de la frustrada decisión de Delvalle y recibió del general el compromiso de mantener la vigencia del acuerdo.

Si existía una gestión de ese rango, cabe preguntarse: ¿por qué Delvalle precipitó la crisis, decidida en el despacho del embajador norteamericano en Panianá y con su apoyo explícito?

Es difícil de creer la argumentación de que a la Casa BIanca le entró una sorpresiva preocupación por la calidad moral de Noriega, a quien hasta un año antes le agradecían por escrito sus servicios en la lucha contra el narcotráfico. Tanto que el cabecilla de la opositora Cruzada Civilista, Gabriel Lewis, desde su cuartel general en Washington, acusa a Noriega de haber estado pagado por la CIA y por la agencia contra la droga de Estados Unidos.

Sin entrar a evaluar los cargos contra Noriega, es también difícil de creer que sea peor que Pinochet, Stroessner o Ferdinand Marcos, sobre todo si se toma en cuenta que en Panamá no hay desaparecidos ni escuadrones de la muerte. ¿Cómo se puede argumentar que se le quiere echar por dictador, cuando al mismo tiempo se toleran, amparan y fomentan dictaduras?

Esa argumentación no puede ser aceptada por nadie que razone con criterio independiente. La explicación está en el valor geoestratégico de Panamá y en su carácter de eslabón más débil de los grupos de Contadora y de los ocho. El pecado de Noriega ha sido su posición favorable a que se cumplan los tratados Torrijos-Carter (que establecen la plena devolución del canal para 1999) y su negativa a que Panamá sea utilizada como base para una invasión contra Nicaragua.

Conciencia nacional

Panamá, un país creado al amparo de la fuerza económica y militar de Estados Unidos a principios de este siglo, vivió casi como una factoría hasta que se fue gestando una conciencia nacional, que tuvo su máxima expresión en el movimiento encabezado por el general Omar Torrijos y que culminó con la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1979.

Evitar esa restitución y, sobre todo, mantener sus bases militares en la zona del canal son objetivos de los sectores más conservadores de Estados Unidos que se niegan a admitir la marcha hacia un mundo pluralista y multipolar.

La crisis interna de Panamá, en la que nadie niega la abierta intromisión de una gran potencia, Estados Unidos, afecta también a dos iniciativas políticas trascendentes para América Latina, que se personifican en dos grupos: el de Contadora y el de los ocho.

Como señalaron los cancilleres europeos en la reunión de Hamburgo (San José IV), Contadora fue un instrumento decisivo y autónomo para caminar hacia la paz en Centroamérica. Cuando esa gestión estaba por comenzar a cristalizar en Guatemala, en agosto de 1987, Ronald Reagan envió un plan de paz propio que estuvo a punto de hundir el de Óscar Arias.

Esa vez predominaron los intereses centroamericanos y nacieron los acuerdos Esquipulas 2. La desestabilización de Panamá es otro recurso que, de prosperar, significaría un duro golpe a esa dinámica de paz, al dejar cojo al Grupo de Contadora. Algo similar ocurriría con el Grupo de los Ocho, que se convirtió temporalmente en grupo de los siete, a la espera de que se clarifique el panorama en Panamá.

Autodeterminación

En ese país vital para las comunicaciones mundiales no se vive un simple enfrentanúento entre civiles y militares o demócratas y dictadores. Por encima de esas divisiones, lo que se está dirimiendo es el derecho de un país, o de una región como América Latina, de determinar sus propios destinos y de fijar sus propias normas.

Es cuando menos sonrejante que Estados Unidos se limite a simples reproches ante las matanzas diarias de palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza y que, en cambio, vuelque todo su poder económico, comunicacional, diplomático y financiero contra un pequeño país como Panamá, sin descartar la posibilidad de una intervención militar directa.

El plan Pérez, por su sensatez y por los apoyos que había recibido, era factible y quizá aún pueda renacer. El presidente del cogobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Rómulo Escobar Bethancur, pidió el 15 de agosto al Grupo de los Ocho que ejerza sus buenos oficios para que se busque una solución con los principios del plan Pérez. Ese plan puede todavía ser eficaz para buscar una solución pacífica, negociada y latinoamericana a la crisis.

Para ello es necesario que cese el intervencionismo y que Europa aporte esfuerzos en la línea de la posición del Gobierno español (sin matizaciones raras, como la de hablar del asilo de Noriega sin que éste lo haya solicitado), y que se deje a los panameños resolver ellos núsinos sus problemas. Si todo eso ocurriera, quizá se pueda evitar que este conflicto también se inscriba en la dinámica Este-Oeste. Y, sobre todo, se evitaría un foco de tensión mundial y se contribuiría a que los esfuerzos de paz en Centroamérica, condensados en los acuerdos Esquipulas 2, no sufran un bajo golpe mortal.

Tito Drago es periodista, director de oficina en España de la agencia IPS.