Los vecinos de Maials reclaman la expulsión de los padres del presunto homicida de un niño

La población leridana de Maials vivió ayer una jornada de movilización popular y de indignación al difundirse el rumor de que el joven de 17 años Francesc Xavier J. M., presunto autor de la muerte de Ramón Josep Florensa, de ocho, iba a ser puesto en libertad por falta de pruebas. Más de 500 vecinos -de un total de 1.260- rodearon la casa de los padres del inculpado exigiendo justicia y su expulsión del pueblo. El gobernador civil de Lérida, Josep Ignasi Urenda tuvo que trasladarse a media mañana a Maials para tranquilizar a los vecinos.

La acción de los vecinos se inició pasada la una de la madrugada de ayer. Un grupo salió a la calle con sus vehículos y, haciendo sonar sus bocinas, invitó al resto de la población a sumarse a la protesta, mientras otros grupos realizaban pintadas en las calles y en las paredes de las casas alusivas a la autoría del crimen. Entre esas frases podía leerse: Criminal, menos lengua; Maials quiere justicia y Sisco asesino.Según Francisco Vilasetrú, alcalde de Maials, a los vecinos no les ha gustado que el presunto homicida haya confesado que es inocente e implique en el crimen a unos supuestos encapuchados. Tampoco les ha gustado el comportamiento de los padres en los últimos días. "Para declarar la inocencia de su hijo han implicado a otros vecinos y eso ha acabado con la paciencia de muchos", señaló Vilasetrú.

En Maials están convencidos de que Francesc Xavier es el autor material de la muerte del niño, a pesar de haber rectificado sus primeras versiones según las cuales se responsabilizaba del crimen. Durante las últimas semanas, los vecinos de Maials han vivido en medio de un clima de tensión debido a la poca luz que han arrojado las investigaciones.

El Ayuntamiento de Maials dictó un bando, a las nueve de la mañana de ayer, convocando a todos los vecinos para que salieran a la calle a recibir al gobernador civil y exponerle directamente todas sus quejas, ya que los intentos realizados por el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Lérida, Francisco Val Antolín, para calmar los ánimos no sirvieron para nada.

El gobernador se dirigió a la población de Maials, que se había concentrado en el Casal del pueblo, explicándoles el proceso legal seguido por la policía en la investigación de este caso. Urenda señaló que había accedido a desplazarse hasta Maials para contribuir con su presencia a calmar los ánimos, aun reconociendo que la gente estaba en su derecho de pedir justicia. En medio de un clima de crispación por el escaso convencimiento de las razones expuestas por Urenda, la madre de la víctima, Ana María Mateu, preguntó al gobernador por qué ahora no hay pruebas suficientes para procesar al detenido y por qué la versión facilitada por el fiscal encargado del caso se contradice con el informe de la autopsia, que indica que existieron abusos deshonestos. El fiscal mantiene que no los hubo.

La madre preguntó también por qué el forense ordenó que fuera quemada la ropa del niño cuando ahora se dice que la misma podría aportar alguna prueba válida para la investigación. El gobernador no supo qué responder a estas cuestiones y se limitó a decir: "Estimada señora, eso lo dirá el juez". Ana María Mateu exigió a Urenda la garantía de que el presunto homicida será condenado y no volverá al pueblo sin que haya cumplido la pena que le corresponda. "Yo necesito un culpable y usted tiene la obligación de buscarlo. Si no hay pruebas, búsquenlas", añadió.

Fuenteovejuna

Urenda intentó tranquilizar a los vecinos con una información de última hora según la cual el fiscal no ve ninguna razón para que sea revocado el auto de prisión. "Cuando hemos entregado un detenido al juez", dijo, "es porque se encontraron pruebas suficientes de su culpabilidad". Pero los vecinos no se dieron por satisfechos con las explicaciones de Urenda, abuchearon sus intervenciones y proferieron graves acusaciones contra el fiscal, el juez y el forense que intervienen en el caso. Ante los insistentes gritos de reprobación, Urenda optó por invitar a los vecinos a ejercitar la acción popular con el fin de poder acceder a las diligencias del sumario. Otro vecino, que consideró como evasivas las respuestas del gobernador, se levantó de su asiento para decir en voz alta: "Aquí no hay justicia".El alcalde de Maials intervino para informar al gobernador de los acuerdos tomados por los vecinos en una asamblea celebrada con anterioridad. Haciendo una parodia de la obra teatral Fuenteovejuna, el alcalde preguntó a los vecinos: "¿Qué quiere el pueblo de Maials?". Todos los presentes respondieron a una sola voz: "Justicia". A continuación insistió: "Y en segundo lugar, ¿qué le pedís al gobernador?". La sala, con mayor fuerza que antes, atronó una unánime respuesta: "Que se expulse a los padres del asesino". Urenda contestó: "Ninguna autoridad, si no es el juez, puede expulsar a nadie de un pueblo. Si lo hiciera sería un delincuente. Lo único que puedo hacer yo son gestiones personales para conseguir que se vayan por su propia voluntad".